El congelamiento de la actividad económica por las medidas para contener al nuevo coronavirus ya generó, al 23 de marzo, que 331 empresas solicitaran al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) la suspensión de los contratos de trabajo. Esto afecta a 9.728 trabajadores de forma directa.

Pronto se sumarán las empresas que decidan recortar la jornada de sus colaboradores, una nueva posibilidad creada aprobada por la Asamblea Legislativa en la coyuntura actual, y el número de trabajadores privados afectados crecerá.

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Para mitigar el golpe en los ingresos que sufrirán estos asalariados, los legisladores han presentado varios proyectos centrados en liberar la liquidez resguardada en dos instrumentos: el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC).

¿Retirar el FCL?

Hoy solo existen dos posibilidades para que una persona pueda retirar el dinero de su FCL. La primera, cuando cumple cinco años de trabajar para la misma empresa y la segunda, cuando termina su relación laboral. Es decir, si renuncia o es despedida.

Esto deja por fuera a los trabajadores afectados por la suspensión de contratos laborales o la reducción de jornadas laborales y de sus ingresos al 50% o 75%.

Los legisladores se manejaban cuatro textos distintos para poder habilitar el acceso al dinero. Sin embargo, trabajaron en un texto unificado acuerpado por, al menos, cuatro fracciones legislativas.

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“Hemos decidido renunciar un poco a planteamientos individuales y reunir esfuerzos”, explicó la liberacionista Franggi Nicolás, una de las diputadas que presentó un proyecto bajo esta línea.

El nuevo documento plantea la posibilidad de retirar el monto albergado en el FCL, en caso de suspensión temporal de la relación laboral o cuando se aplique una reducción en cualquier porcentaje de la jornada ordinaria que implique una disminución de su salario. La OPC tendrá 15 días hábiles para hacer el depósito.

Si este texto llega aprobarse se giraría la trabajador el saldo que tenga disponible una vez que la ley entre en vigencia y después de que la persona haga la solicitud de retiro ante su OPC. Es decir, el dinero no se depositaría de forma automática para todos los trabajadores que cumplan las condiciones, sino que deberán solicitarlo.

De acuerdo con la diputada del PLN Karine Niño, los diputados trabajaron este martes en horas de la noche para llegar a un texto definitivo. El objetivo es que sea presentado esta misma semana pero dependerá de los jefes de fracción. Después será labor del Ejecutivo la convocatoria, aunque según la diputada, el ambiente también es favorable.

En la reunión virtual participaron los diputados: Eduardo Cruickshank (PRN), Carlos Avendaño (PRN), Karine Niño (PLN), Franggi Nicolás (PLN), Luis Fernando Chacón (PLN), José María Villalta (FA), Ivonne Acuña (independiente), Erwen Masís (PUSC) y Víctor Morales (PAC).

Sin embargo, los montos del FCL están hechos para retirarse, en la mayoría de los casos, cada lustro y bajo ese escenario es que las distintas administraciones planean sus inversiones para que generen intereses. Esto podría condicionar la liquidez de las operadoras.

Para el economista Ronulfo Jiménez, es razonable que se le entregue a los trabajadores que tienen problemas financieros dinero de su FCL. Sin embargo, considera que el proyecto tiene un punto que podría generar una falla futura.

Gran parte de las inversiones de estos fondos están invertidos en títulos de deuda del Gobierno. La venta generalizada de los mismos por parte de las OPC podría generar que el valor de los mismos, se caiga.

“Si salen a venderlos todos de una vez para tener el dinero, el precio de los títulos se va a venir abajo, esto quiere decir que la pérdida de valor va a ser alta, lo que podría perjudicar al trabajador en lugar de ayudarlo”, explicó el economista.

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El documento plantea que si una de las OPC carece de capacidad de pago para las solicitudes que reciba, deberá demostrarlo ante la Superintendencia de Pensiones (Supen). Tras esta justificación, la operadora deberá entregar –en un máximo de cinco días hábiles– un certificado indicando el monto disponible a la fecha y lo correspondientes a intereses, además del compromiso de hacer el pago efectivo en el plazo de seis meses.

Mientras ese lapso pasa el texto establece que sean los bancos del Estado y el Banco Popular los que harán efectivos los pagos.

La OPC deberá saldar a los bancos el monto, los intereses y los gastos administrativos en que incurrieron en ese mismo período de seis meses. El texto deja abierta la posibilidad de que cualquier otra entidad financiera pueda pagar los certificados bajo esos mismos criterios.

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Para Jiménez, una forma más expedita de darle liquidez a las OPC sin pasar por el trámite descrito en el texto es que sea el Banco Central de Costa Rica (BCCR) quien compre en el mercado los bonos secundario para darles valor.

“No es habitual, pero en general los Bancos Centrales en el mundo están tomando medidas un poco ortodoxas”, detalló Jiménez.

Mirar al ROPC

En paralelo, el texto existente en la corriente legislativa sobre la posibilidad de tocar las pensiones complementarias, es el que había sido presentado por el diputado Luis Fernando Chacón del PLN en conjunto con Eduardo Cruickshank del PRN.

Este proyecto plantea la posibilidad de que el trabajador pueda acceder a la totalidad de los fondos del ROPC una vez que haya cumplido con todos los requisitos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) o del régimen al que haya pertenecido.

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Es decir, deja a consideración exclusiva del trabajador cómo retirará su pensión complementaria: si solicitará la totalidad de sus recursos en un solo tracto, en distintos montos o si los utilizará para comprar una renta vitalicia o acogerse a una renta permanente.

El COVID-19 también presionó para que este proyecto avance en una vía distinta.

El diputado Chacón presentó una moción de fondo a este proyecto para que se adicione la posibilidad de retirar los fondos del régimen ante la emergencia nacional.

Las condiciones son las mismas que plantea el texto sobre el FCL. El trabajador debe ser afectado por un despido, una suspensión de contrato de trabajo o una reducción temporal del 50% o más de su jornada ordinaria, como consecuencia de la emergencia sanitaria.

Este tipo de adelanto funcionaría de manera excepcional y se realizaría en tres tractos mensuales y sucesivos que no podrán superar el equivalente a la suma de los últimos tres salarios mensuales reportados ante la CCSS, previo a la afectación laboral.

En el caso de reducción de la jornada, el pago será el equivalente a lo rebajado y solo se otorgará mientras subsista la reducción de la jornada.

Para iniciar con los pagos, la moción propone un lapso de 30 días naturales posteriores a la solicitud.

De acuerdo con Jiménez, este tipo de acciones no corresponden con el objetivo bajo el que nació el ROPC.

“Es para pensiones y no hay que confundir los objetivos. La consecuencia es que se debilitan las pensiones y cuando las personas se lleguen a pensionar van a tener falta de recursos. El objetivo del ROPC es justamente apoyar el régimen público mientras el IVM pierde potencia”, detalló el economista.

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Nota actualizada tras la salida de los diputados de la reunión sobre FCL.