La solicitud de Estados Unidos de abrir un proceso para extraditar al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por el presunto tráfico de toneladas de cocaína (así como la conspiración en favor de actividades ilícitas afines) es un movimiento de peso de la potencia norteamericana en sus relaciones con la región.
En los últimos años, Estados Unidos ha centrado su foco de acción en Centroamérica en la atención de los problemas migratorios y de seguridad: dos cuestiones que se relacionan de manera directa e indirecta, por el empeoramiento en las condiciones de vida locales.
EF conversó con la abogada y analista internacional Nuria Marín sobre el tema. Ella considera que el cambio de administración en Honduras, tras la salida de Hernández, abre un nuevo panorama para Estados Unidos.
La administración Biden podría encontrar un nuevo aliado en el istmo para actuar más directamente en los países del ‘Triángulo Norte’ (Honduras, Guatemala y El Salvador), en los cuales se concentra la mayoría de los esfuerzos que actualmente realiza.
Por otra parte, Marín ve en la solicitud de extradición un mensaje muy claro y una advertencia para el resto de actores en Centroamérica. Los mayoría de países del área están inmersos en una problemática estructural de corrupción, una enorme debilidad institucional y su consecuente impunidad y, ante esa realidad, Estados Unidos advierte sobre eventuales castigos por su propia cuenta.