Las calificadoras de riesgo y los organismos internacionales tienen puesta la mirada en cada uno de los pasos que da el presidente Carlos Alvarado para abordar el déficit fiscal.
A tan solo 100 días del cambio de administración, las acciones ejecutadas por el Ministerio de Hacienda y el resto del equipo económico para recortar el gasto van en la dirección correcta.
En esto coinciden las agencias calificadoras Standard & Poor’s y Moody’s, y hasta el mismo Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Inclusive, el corto camino que ha transitado el actual Gobierno ha sido recibido con asentimiento por el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Sin embargo, no todo es positivo. Hoy más que en cualquier otro momento está claro que será únicamente el acuerdo fiscal (la reforma) lo que le permita a Costa Rica mejorar su imagen a nivel internacional y evadir una nueva degradación en la calificación de riesgo.
Por ahora, S&P le da una nota de BB-, Moody’s de Ba2 y Fitch BB, los tres con perspectiva negativa. Esto quiere decir que si las condiciones empeoran existe una amplia posibilidad de que la calificación se revise a la baja.
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Así las cosas, es nula la posibilidad de ver a estas agencias anunciar un cambio de la perspectiva a estable y un ascenso en la nota está todavía más lejano.
Las señales o medidas “sueltas” no taparán al agujero que acarrean las finanzas públicas desde hace años.
Tras una década de estar a la espera de que la promesa de una reforma fiscal se convierta en realidad, las negociaciones son vistas con cierto recelo.
El tiempo se agota y es más que posible que las calificadoras de riesgo realicen una nueva revisión en lo que queda del año.
La pregunta es ¿qué anunciarán? La respuesta, sin duda, dependerá de si hay o no acuerdo fiscal.
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La deuda continúa al alza y si esto persiste, las noticias que den las calificadoras en lo que resta del año serán todo menos alentadoras.
El país necesita bajar el déficit en al menos cuatro puntos del PIB y los órganos internacionales esperarán a conocer, en caso de que se apruebe la reforma, cuál será el alcance efectivo de la reforma.
En esta decisión, el mensaje de austeridad que pueda dejar el Presupuesto 2019 también jugará un papel importante.
Lo positivo y lo negativo de la gestión fiscal
Desde el primer día de gestión, el Presidente Carlos Alvarado entró de lleno a enfrentar el déficit fiscal de forma prioritaria y a negociar una solución al problema.
“Debemos resolver de una vez por todas los riesgos que conlleva el tener un alto déficit fiscal”, afirmó Alvarado en el discurso de juramentación que realizó el 2 de mayo.
Más allá del discurso, las acciones empezaron a hablar y por primera vez en mucho tiempo la reforma realmente entró en la agenda y discusión del Congreso.
“A diferencia del gobierno de Luis Guillermo Solís que “cumplió” enviando un proyecto de ley de ajuste fiscal a la Asamblea Legislativa y no lo impulsó ni puso el esfuerzo político necesario para sacarlo adelante, la Ministra de Hacienda y otros altos funcionarios han estado directamente en la negociación con todos los actores políticos, sociales y económicos desde el primer día”, afirmó el exvicepresidente de la República, Luis Liberman.
Hacienda anunció en mayo una serie de medidas que aplicaría en salarios, presupuestos y recortes para reducir el gasto público,y que le significarían un ahorro de ¢27.500 millones en el primer año.
Dentro de los cambios está el decreto de un monto fijo de incremento salarial para cada funcionario del Gobierno, la definición nominal de todos los pluses para que crezcan en línea con la inflación y la reducción, en el presupuesto, del pago de horas extra en un 50%.
Estas medidas, al ser de carácter administrativo, son insuficientes para solucionar el déficit pero dan el mensaje de austeridad que esperaba el mercado.
Sin embargo, no todo es perfecto y sí hay algunos mensajes que no le han gustado al mercado en estos primeros 100 días de gestión.
En julio se dio a conocer que el presupuesto de las universidades públicas crecería en ¢15.000 millones para el próximo año.
El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) pasó de ¢496.276 millones del presupuesto del 2018 a ¢511.154 millones para el 2019.
Esto se dio por un acuerdo, entre los jerarcas del Ministerio de Educación y de la Universidad Técnica Nacional, que permitió que al presupuesto del año pasado se sumara el 3% de inflación proyectada por el Banco Central.
“Los recursos que se dieron a las universidades no salieron del ahorro, saldrán de un incremento en la deuda y un ensanchamiento en el déficit respecto a lo que podríamos haber logrado”, afirmó Francisco de Paula, expresidente del Banco Central.
Los retos que persisten
En este punto de la historia, en el que la deuda pública alcanza casi el 50% del Producto Interno Bruto (PIB) y el déficit, por su parte, llegaría al 7,2% al término del año, no hay remiendo rápido e indoloro que valga.
Cuando la deuda como porción del PIB empiece a bajar, mejorará la percepción de riesgo que actualmente tiene Costa Rica a nivel internacional, mientras tanto queda esperar a que se decida sobre el futuro de las finanzas públicas en el Congreso.
Mientras se discuten una serie de impuestos en la bancada legislativa, los organismos internacionales hablan de que las acciones no se acabarán con la reforma.
En el ínterin, el Gobierno deberá ser más conservador con los gastos, porque no tiene mucho sentido aumentar salarios y transferencias con un déficit como el actual, afirmó José Rafael Brenes, gerente de la Bolsa Nacional de Valores (BNV).
La deuda pública crece y los egresos también lo hacen pero, las entradas de dinero más bien bajan su ritmo.
Los gastos no se aceleran por nuevas inversiones, sino que son empujados por el repunte de las transferencias al sector público y de las cargas sociales.
A esto se le suma el ya conocido lastre del pago de intereses de la deuda, que a junio le significó a Hacienda un pago de casi ¢600.000 millones.
Este monto equivale al faltante en el presupuesto del 2018 que salió a la luz el 31 de julio y generó una reacción por parte de la calificadora Moody’s pocos días después.
Este bache llegó como un legado del Gobierno anterior y fue producto de la colocación de títulos valores a corto plazo con vencimiento al 2018, que se ejecutó después de que formulara el presupuesto del año en curso.
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Esto puede impactar la credibilidad del país, al exaltar aún más cuáles son las principales debilidades de las finanzas públicas.
Al respecto, Moody’s afirmó que esta acción destaca la ausencia de una supervisión financiera adecuada en Costa Rica, y además, exalta la dependencia de la deuda de corto plazo que tiene el país.
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De los 15 países latinoamericanos que califica Moody’s, Costa Rica es el que cuenta con la mayor proporción de la deuda a corto plazo, respecto a la deuda total, seguida de Argentina.
Esta calificadora espera que esta dependencia por fondos de corto plazo se sostenga, lo que aumentaría el riesgo del refinanciamiento.
La administración actual también enfrenta otra amarga realidad.
El desempeño económico está lejos de ser el deseado, muchas actividades económicas se han desacelerado y esto impacta directamente la recaudación del Ministerio de Hacienda. Un claro ejemplo es la industria automotriz.
Después de la reforma, el país necesita meterse de lleno a reactivar su economía e inversión, para de forma consecutiva percibir una mayor recaudación de impuestos y abandonar la ralentización actual.
Luego de la modernización de los impuestos y con gastos ejecutados de forma más eficaz y controlada, en especial el gasto corriente, la tarea siguiente es dar un impulso a la inversión en infraestructura para mejorar la productividad, afirmó Barreix, del BID.
Por ahora, los pasos del Gobierno son más acechados que siempre y el oxígeno se acaba, y el futuro de las calificaciones o imagen país dependerá de la aprobación de la reforma y de qué austero sea el presupuesto 2019.