Por: María Fernanda Cisneros.   30 julio
Aun con una reforma fiscal aprobada, los réditos se verían hasta el próximo año. Fotos Melissa Fernández Silva
Aun con una reforma fiscal aprobada, los réditos se verían hasta el próximo año. Fotos Melissa Fernández Silva

La diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno Central representaría un déficit cercano al 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB), para el cierre del año, según estima el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La cifra es mucho más alta que la registrada en 2017, a pesar del anuncio de recorte de algunos egresos y debido principalmente a dos grandes problemas que se han hecho todavía más evidentes a lo largo del 2018.

Primero, la economía costarricense ha mostrado un menor crecimiento y esto le ha pasado una costosa factura a las finanzas públicas.

El consumo interno ha bajado el ritmo de crecimiento y afecta negativamente la recaudación de impuestos por parte del Gobierno.

Es así como el Ministerio de Hacienda enfrenta una desaceleración de los recursos que ingresan a sus arcas por motivo de tributos.

Los ingresos totales muestran un deficiente crecimiento del 1% e inclusive, el dinero que generan algunos impuestos es más bajo que el de hace un año.

La segunda razón para pensar en un déficit fiscal más alto, que el mencionado a inicio de año, va en línea con el gasto.

Es cierto que el Gobierno anunció y ejecuta una serie de medidas para recortar gastos, pero estas tienen un efecto marginal si se comparan con los egresos obligatorios.

Hacienda se enfrenta al ya conocido lastre de los intereses de la deuda, que crecen por encima del 20% y que además topan con la cruda alza de las tasas a nivel internacional.

El servicio de la deuda continúa como el gran disparador del gasto público.

Mientras la reforma fiscal se discute en un Congreso que no logra llegar a un consenso, los agentes económicos se llenan de incertidumbre y existen pocas razones para pensar que el gasto interno o la economía en general se reactivarán.

Así el panorama, es difícil no pensar en un déficit cada vez mayor.

EF consultó a entidades como Aldesa, Mercado de Valores, INS Valores y Cefsa. Estos grupos apuestan por un déficit que se ubicará entre 6,9% y 7,2% para el cierre del año, muy de cerca de lo que estima el Central.

Por ahora, la desaceleración económica es una realidad enmarcada e influenciada en buena medida por la incertidumbre en torno a los efectos de la falta de consenso en la Asamblea Legislativa para aprobar la reforma fiscal.

Asimismo, el debilitamiento de las finanzas del Gobierno Central continuó en el primer semestre del año (déficit acumulado equivalente a 2,8% del PIB, contra 2,5% a junio de 2017), lo que exacerba la trayectoria creciente de la razón de deuda a PIB, cuyo valor ya es cercano a su límite natural (50% del PIB), señala la revisión del Programa Macroeconómico del BCCR 2018-2019.

Por lo anterior, en lo que resta del año la economía podría mantener el mismo curso e inclusive Costa Rica podría acostumbrarse a un menor crecimiento económico y un déficit que no baja escalones de aquí al 2019.

Los ingresos caen y estrujan las finanzas públicas

Existe una estrecha relación entre el comportamiento de las finanzas públicas y el de la economía.

Un alto y creciente déficit fiscal llena de incertidumbre a la población. Por tanto, los consumidores deciden posponer sus decisiones de inversión y la demanda del crédito.

En la otra dirección, cuando el consumo interno se ralentiza, también baja el dinamismo de la recaudación de impuestos, principalmente de aquellos relacionados a las ventas y el consumo. Es así como el mismo mercado le pasa una factura más alta al Gobierno por contar con un abultado déficit fiscal.

La producción creció 3% en el primer trimestre del 2018, la cifra es menor al 3,9% registrado un año atrás, que a su vez está por debajo del dinamismo de ese mismo periodo en 2016.

En mayo el sector construcción mostró una recuperación pero no balancea la desaceleración de los servicios y el crédito que continúa con poco dinamismo, explicó Silvia Jiménez, jefe de análisis y estrategia de inversión de Mercado de Valores.

El gasto del consumo final de los hogares baja el ritmo de crecimiento, pero también lo hace el del Gobierno. A su vez, las exportaciones de servicios no crecen y las de bienes se desaceleran.

En este período las transacciones del país con el resto del mundo generaron un déficit de cuenta corriente equivalente a 1,4% del PIB (1,2% un año atrás). Esta brecha se atendió con flujos de ahorro externo, destinados al sector público y privado.

A todos estos rubros de la economía que caen o bajan el ritmo, es a los que Hacienda les dicta impuestos y si las entradas de dinero no se concretan, la presión al déficit primario aumenta.

Por ejemplo, los ingresos que genera el impuesto selectivo de consumo en aduanas decrecen 11,6%. La recaudación de impuestos sobre las remesas, los ingresos y utilidades de las empresas y así los combustibles, también muestran un menor dinamismo.

Este comportamiento obedece, entre otras razones, a una menor importación de vehículos, a un menor consumo de gasolina y a una disminución en las utilidades que registran algunos contribuyentes.

La baja recaudación de impuestos de algunos tributos se come a aquellos en los que el Gobierno sí ha aumentado la recaudación, como el tributo a los ingresos y utilidades de personas físicas, a la propiedad de las personas jurídicas y el impuesto solidario de vivienda.

Por el lado de los gastos, Hacienda parece haber enviado señales de contención de gasto que van en la línea correcta, pero su efecto positivo difícilmente se podrá ver en este año, afirmó Freddy Quesada, gerente de INS Valores.

La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, compareció en mayo ante los diputados en la Asamblea Legislativa, para explicar las medidas de contención y recorte del gasto público ante el creciente déficit fiscal que afecta las finanzas públicas del país. Fotos: Mayela López
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, compareció en mayo ante los diputados en la Asamblea Legislativa, para explicar las medidas de contención y recorte del gasto público ante el creciente déficit fiscal que afecta las finanzas públicas del país. Fotos: Mayela López

Hace dos meses, el Ministerio de Hacienda anunció una serie de políticas de control de gasto en salarios, presupuesto y rubros administrativos, bajo el mando de Rocío Aguilar, quien asumió la batuta de este órgano desde mayo.

Sin estos recortes, la estimación del déficit para el año en curso podría ser mucho más alta pero su aporte es marginal.

El recorte de gastos es insuficiente para que las arcas de Hacienda se doten de recursos y además, sus beneficios se materializarían principalmente a partir del 2019.

La rigidez del gasto impide destinar dinero al desarrollo del país, como la construcción de obra pública e inclusive el gasto de capital -que está destinado a la inversión- se ha reducido 14,3% en el último año.

La posibilidad de pensar en un déficit todavía más alto dependerá de que la economía se desacelere más de lo esperado -e impacte aún más los ingresos a la baja- y de si las tasas de interés sobre la deuda del Gobierno aumenten también más de lo estimado -lo que también subiría el servicio de la deuda-.

“La meta del Ministerio de Hacienda es disminuir el déficit del Gobierno Central. Las medidas para la contención del gasto y el combate a la evasión anunciadas y puestas en práctica van en esa dirección, por lo que se espera que el déficit sea menor a lo estimado”, afirmó Rodolfo Cubero, viceministro de egresos de Hacienda.

¿Qué pasa si se aprueba la reforma fiscal? Los efectos de la reforma en este 2018 serían prácticamente nulos, porque entrarían a regir seis meses después de que sea publicada la ley en el diario oficial La Gaceta.

Los consumidores y empresarios retomarían la senda del ahorro, de la inversión y de la demanda de crédito, pero estos resultados se verían en un mayor plazo.

Donde sí se vería una reacción en el corto plazo es en el mercado de valores.

La confianza y las expectativas dictarían un rumbo más promisorio y por tanto, ayudarían a la Tesorería Nacional a acudir con menores costos al mercado interno para financiarse, explicó Vidal Villalobos, asesor económico de Grupo Prival.