EscucharLa alerta está más presente que antes. Si Costa Rica sigue sin resolver el desgaste de sus finanzas públicas, las calificadoras de riesgo no titubearán para reducir la nota del país en el corto plazo.
En el pasado, el ausente ajuste fiscal y la creciente la deuda han sido suficientes razones para justificar movimientos en la calificación o perspectiva de riesgo.
Aunque Standard & Poor’s (S&P) anunció –el miércoles 21 de febrero– que mantendría la nota en BB- y la perspectiva del país en negativa, también destacó que esto podría cambiar en los siguientes 12 meses.
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Por su lado, la movida más reciente de Fitch Ratings llegó en enero, cuando mantuvo la calificación en BB, pero pasó la perspectiva de estable a negativa, lo que indica que la dirección de la nota puede variar a la baja en uno o dos años.
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Moody’s anunció un último cambio en la evaluación de Costa Rica en febrero de 2017, cuando la cambió de Ba1 a Ba2.
En enero de 2018, esta agencia indicó a EF que esperarían a que la nueva administración asuma el mando del país y así definir una nueva calificación, para conocer cuál será el rumbo que tomará el nuevo presidente.
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Más allá de las notas, las tres calificadoras coinciden en que el principal problema del país es el déficit fiscal, proyectado en 7,1% al término del año en curso por el Banco Central, así como y el peso que tiene la deuda pública.
La reducción de este permitiría que Hacienda deje de competir por recursos en el mercado local y beneficie las tasas de interés, el crédito es más dinámico y la economía, por ende evoluciona mejor.
Precisamente, el segundo factor que preocupa a las agencias es la producción y destacan la necesidad dar seguimiento al desempeño de la economía para que no se desacelere más de lo que lo hizo el año pasado.
El ambiente electoral no es un tema de preocupación, pero sí lo es cuánto tiempo tomará detener el deterioro en las cuentas fiscales, hecho que no ven tan cercano, al menos no de una forma integral.
Mensajes clave
Así el panorama, ¿cuál es la señal que debe enviar Costa Rica para que no le reduzcan la calificación? Una reforma fiscal pareciera ser el único camino, y el más esperado por S&P, Moody’s y Fitch.
Las promesas inconclusas de la Administración Solís Rivera dejaron un mal sabor de boca a las agencias, por la reforma fiscal que nunca llegó y es por esto que, desde su perspectiva, la solución fiscal es ya una urgencia.
La premura que resaltan estas entidades se explica por sí misma al ver las cifras de la creciente deuda, que alcanzaría el 53,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2018 según el Central, y el impacto que generó el déficit fiscal el año pasado, cuando la producción redujo su crecimiento y las tasas de interés subieron.
Si el país toma medidas para atender este debilitamiento de las finanzas, podría ver una perspectiva estable en el caso de S&P.
Por parte de Fitch, si el país quiere al menos mantener la calificación de BB con perspectiva negativa, uno de los disparadores será ver un esfuerzo de una reforma fiscal que estabilice la dinámica de la deuda en Costa Rica.
Las calificadoras descartan que el Congreso llegue a un acuerdo antes del cambio de Gobierno y se enfocan en seguir los pasos de quienes podrían asumir la administración del país en el periodo 2018-2022.
Por lo pronto, están a la espera de conocer cómo se conformará el equipo económico de ambos aspirantes a la presidencia, Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional (PRN).
Le siguen el rastro a ambas bancadas políticas para conocer cuáles alianzas o coalisiones forman para contar con mayor poder en la Asamblea Legislativa y por tanto, sumar posibilidades para aprobar una reforma fiscal.
De los 58 diputados, PRN tendría representación en 14 puestos y el PAC en 10.
Un reciente informe de investigación de Eurasia Group, consultora de riesgo político mundial, concluyó que Fabricio sería más capaz que su oponente de avanzar en la reforma fiscal debido a un ambiente más favorable para realizar coalisiones a lo interno del Congreso, así como por una posición ideológica más flexible.
El resultado de este estudio fue publicado por la agencia de noticia Bloomberg, que también dio a conocer que las propuestas de los candidatos no proporcionarían un ajuste que sobrepase el 1% o 2% del PIB.
A Fitch no le queda claro cómo será posible que mediante coalisiones el nuevo Gobierno sume fuerza, dada la composición del nuevo Congreso.
“La señal que estaríamos buscando sería un acercamiento entre el ejecutivo y el legislativo, que desde nuestro punto de vista, no había en este Gobierno. (...) Una cosa es prendarla y otra cosa es aprobarla”, afirmó Arend Kulenkampff, director Soberanos para América Latina de Fitch, al referirse a la eventual reforma.
Kulenkampff explicó que la calificadora esperaría del próximo Gobierno un esfuerzo para crear un paquete, que incluya un ajuste fiscal.
S&P es un tanto más optimista al respecto, al considerar que al pasar de nueve a siete fracciones en la Asamblea, se podría llegar a más acuerdos.
Aun así, la calificadora admite que no está a la espera de una reforma que incluya cada aspecto que necesita el país, sino que se irá avanzando poco a poco.
“Creo que hay una posibilidad relativamente mayor, ya sea por el lado del ingreso y gasto. A lo mejor no estamos esperando una reforma integral en el siguiente mes (del cambio de Gobierno) pero sí esperamos que haya paulatinamente avances en diversos temas”, explicó César Barceinas, director de Riesgo Soberano en S&P.
También, las agencias esperan que en las semanas que faltan para la segunda ronda electoral, ambos candidatos muestren cuáles son las líneas claras de acción que adoptarían para solucionar la falta de liquidez del Gobierno en caso de que asuman el mandato del país.
Entre tanto, el discurso que envíe el próximo presidente de Costa Rica será un factor determinante para las calificadoras, mientras esperan por una medida concreta aprobada por el poder legislativo.
