¿Cómo puede ocurrir que un día, el banco más grande de un país se percata de que le faltan más de ¢3.000 millones (unos $6,2 millones) en billetes que deberían estar en sus propias oficinas? A comienzos de octubre pasado, eso le pasó al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).
Funcionarios de la entidad detectaron un faltante de efectivo de ¢3.293,8 millones en el área de Administración de Numerario. Se trataba de una diferencia entre el registro contable y lo que uno de los custodios tenía bajo su cargo.
Tradicionalmente, áreas operativas como Administración de Numerario manejan las existencias de efectivo en bóvedas y cajeros automáticos, entre otros, y también coordinan el transporte de valores.
A continuación, El Financiero le resume lo que se sabe —hasta el momento— sobre este caso al que las autoridades denominaron “Gallo Tapado”. La información deriva de explicaciones de Carlo Díaz, fiscal general de la República, y Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). También se incluyen relatos de funcionarios del BN o comunicaciones oficiales que ha hecho la entidad.
¿Cómo se sustrajo el dinero?
Presuntamente, un tesorero de escala “baja” del Banco Nacional, de apellidos Olivas Valle, aprovechaba que solo había una cámara en una de las bóvedas donde se almacena el dinero, abría la puerta de una caja fuerte, pasaba parte del efectivo a un lugar donde la cámara tenía un punto ciego y lo embalaba en un sobre de manila.
Esto ocurría en el área de tesorería del Banco Nacional, en el edificio central de San José. Según comentó en una entrevista a Telenoticias el gerente del BN, Bernardo Alfaro, en esa zona hay tres bóvedas custodiadas por cámaras y guardias de seguridad. El problema es que a Olivas Valle no lo revisaban.
Según el relato de las autoridades, Olivas Valle cerraba la caja fuerte y lograba salir por los diferentes controles con el sobre de manila sin que el guarda de seguridad lo chequeara. Luego dejaba el sobre en un locker que estaba en las instalaciones del Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE) y cuando terminaba el día sacaba su mochila con el sobre.
De acuerdo con Jaime Murillo, gerente general a.i. del BN, al área de Administración de Numerario nadie puede entrar con nada que parezca una bolsa.
“Ni siquiera el bolso del almuerzo y así salen. Son sometidos a una revisión de un oficial de seguridad”, aseguró Murillo.
Gracias a las cámaras de seguridad del banco, las autoridades judiciales contabilizaron diez eventos en que se sustrajo dinero. Estas sustracciones captadas en cámara ocurrieron entre el 17 de agosto al 26 de setiembre. No hay material anterior porque las cámaras del BN únicamente almacenan información de los últimos 45 días.
Cuando vemos los videos pareciera que es una copia calcada de lo que sucede, nada más que en fechas diferentes. La misma metodología: agarra, saca el dinero de la caja, lo echa al sobre de manila, pasa por la seguridad externa, que no revisa tampoco. Eso puede entrar también dentro de una cotidianidad, porque a usted lo conocen y ya no tienen que estarlo revisando (...)
— Randall Zúñiga, director del OIJ
Miembros del OIJ y fiscales involucrados en las pesquisas identificaron situaciones sospechosas y a partir de esto —y mediante análisis de video— determinaron cómo se sustrajo parte de los ¢3.293,8 millones en efectivo.
“El banco debió haber revisado los videos, debió haber revisado los controles, debió haber revisado las verificaciones y no lo hizo. Por eso es que se llegó a esta suma exorbitante de dinero, por la falta de control y de supervisión del banco”, comentó el fiscal.
Otra de las implicaciones de importancia para el Banco Nacional es el papel de la auditoría interna y lo que sea equivalente a un comité de auditoría. Estos son organismos independientes que con la Junta Directiva debían revisar que los controles estuvieran vigentes y que se aplicaran. Incluso, estas verificaciones no tienen que depender de ninguna gerencia y pueden sustentarse en decisiones de directores.
Tanto en el plan de auditoría como el de control interno, que deben ser aprobados por la Junta Directiva, lo correcto es que exista una línea que hable de hacer al menos un arqueo físico anual a todas las bóvedas en el país y también arqueos muestrales para determinar si falta dinero o no, manifestaron al EF fuentes vinculadas con el sector financiero.
También, la auditoría debía revisar que no se estuviera presentando una familiaridad entre los funcionarios, es decir, que no existiera un exceso de confianza. Esto se puede resolver con rotación de personal cada cierto tiempo.
El director del OIJ agregó que cuando se determinó cómo se dio la materialización de la sustracción del dinero, lograron ubicar que, aparte del principal autor material, había otras personas a las que les correspondían controles, revisiones y supervisiones que “en los sistemas queda como que están realizadas, pero físicamente no se hicieron”.
Las autoridades trabajan para determinar si estas personas hicieron una omisión a su labor de control y fiscalización del dinero que ingresaba y salía del banco o si más bien forman parte de una posible estructura criminal.
El OIJ añadió que la última revisión que la Oficina de Control y Cumplimiento Normativo del Banco Nacional había hecho a esta tesorería fue en el año 2019, y no se hizo un arqueo físico sino una revisión de controles.
“No tenemos una fecha cierta del momento en que se pudo haber dado la situación (el robo completo)”, ha dicho el director del OIJ.
El rastro del dinero
La Fiscalía y el OIJ realizaron indagaciones que les permitieron seguir el rastro del dinero.
Por ejemplo, se registró una aparente compra de grandes cantidades de billetes de lotería con la cual se ganaron premios.
“Supuestamente con esas actividades se pretendía dar apariencia de lícito al dinero sustraído”, detallaron.
Según las autoridades judiciales, el tesorero de Procesamiento de Efectivo de apellidos Olivas Valle, principal sospechoso de extraer el dinero, compraba cantidades importantes de lotería. Por eso al caso se le bautizó “Gallo Tapado”.
“Iniciaba con ¢100.000 por día, después pasó a ¢1 millón, ¢2 millones, ¢3 millones, según la investigación. Buena parte del dinero se pudo haber ido en gastar este dinero en juegos de azar relacionados con la lotería: tiempos, chances, lotería nacional, tres monazos, etc.”, comentó Zúñiga, director del OIJ.
Por su parte, también se ha investigado incrementos patrimoniales de algunos de los imputados que no son congruentes con sus perfiles financieros.
El actuar del Banco Nacional
El martes 3 de octubre de 2023, la segunda línea de defensa (Control Interno del BN) detectó, como parte de las revisiones que realiza periódicamente a sus diferentes procesos, un aparente faltante de efectivo de ¢3.293,8 millones en un arqueo sorpresa realizado al área de Administración de Numerario.
Entre ese día y el 10 de octubre, la entidad bancaria suspendió cautelarmente a cinco funcionarios. Posteriormente, del 10 al 23 de octubre la institución estatal asegura que recabó pruebas y avanzó con el proceso de reconstrucción contable y las revisiones de la investigación interna.
Pese a que la detección del faltante de efectivo se dio desde el día 3 de ese mes, el Banco Nacional informó en un comunicado de prensa emitido hasta la noche del lunes 23 de octubre que había suspendido a los cinco funcionarios tras detectar “algunas inconsistencias” en el área de Administración de Numerario.
El martes 24 de octubre, la entidad realizó una conferencia de prensa en donde el gerente general a.i. del Banco Nacional reveló información más puntual sobre el faltante de dinero de la entidad y mencionó que se interpuso una denuncia penal en contra de los cinco funcionarios suspendidos, por los presuntos delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Se trata de dos supervisores, un técnico, un custodio y un contador.
El BN tardó 21 días en alertar a las autoridades de lo ocurrido. Tanto la Fiscalía como el OIJ han lamentado públicamente este retraso de las investigaciones profesionales.
El viernes 27 de octubre, el Banco Nacional amplió la denuncia contra el jefe del área de Administración de Numerario, quien se había acogido a su jubilación el pasado 4 de octubre. “Sobre esta persona no se aplicó ninguna suspensión porque ya no tiene relación laboral con la entidad”, informó el banco.
El lunes 30 de octubre, el BN suspendió de sus labores a otro encargado de custodia y su caso se notificó el martes 31 de octubre a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Respecto a este caso, el gerente general del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, solo se ha referido dos veces y por medio de videos divulgados por la Oficina de Prensa de la institución.
La primera ocasión fue la mañana del 27 de octubre. En ese video el gerente general del BN ofreció disculpas a los costarricenses por la situación que está atravesando la entidad.
“Son tiempos difíciles para todos los que trabajamos, creemos y confiamos en esta institución. Debo reconocer que me duele, me entristece y me indigna”, dijo.
Además, aseguró que el banco “no descansará hasta que la investigación llegue a las últimas consecuencias, hasta que aquellos que originaron esta inoportuna situación respondan por sus actos”.
La segunda vez fue la noche del pasado 8 de noviembre. En ese segundo video comentó, entre otras cosas, que el Banco Nacional ha colaborado desde el “primer momento” con las autoridades de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y con el OIJ.
Alfaro reiteró a todos los clientes del BN que pueden estar “completamente seguros” de que el dinero de sus cuentas e inversiones no se verá afectado, ni se impactará la calidad de los productos y servicios que se les ofrecen. También comentó que “bajo ninguna circunstancia” se verá comprometida la solvencia del banco.
De acuerdo con datos del balance de situación del Banco Nacional hasta el 30 de setiembre pasado, disponibles en el sitio web de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el faltante de efectivo representa un 0,04% tanto de los activos totales del BNCR como de los pasivos,un 0,07% de la cartera de crédito y un 17% de las utilidades.
El Financiero intentó conversar en entrevista con el gerente general del Banco Nacional, pero la Oficina de Prensa indicó que “en este momento el BN no está brindando entrevistas sobre estos temas debido a la investigación en curso”.
Denuncia llega 21 días después de la detección
La denuncia que interpuso el Banco Nacional llegó 21 días después de que detectó el faltante de dinero en efectivo.
El fiscal general lamentó en la conferencia de prensa del pasado 8 de noviembre que el Banco Nacional no denunciara oportunamente esta situación, pues “si las denuncias no se interponen de manera oportuna, entorpecen las investigaciones (...)”.
A criterio del gerente general del Banco Nacional, la investigación interna del BNCR que inició el pasado 3 de octubre ha permitido recabar pruebas necesarias como documentos, videos, reconstrucciones contables, “y otros insumos valiosos que ayudaron a las autoridades judiciales a contar con el nivel de detalle que ofrecieron en la conferencia de prensa”.
“Ha sido gracias al trabajo de investigación, primero interna y posteriormente en conjunto con los agentes judiciales, que se ha logrado avanzar en el caso. Por eso es importante aclarar que luego de haber valorado varias hipótesis sobre la diferencia contable y de reunir más evidencias, se decidió presentar la denuncia (el 24 de octubre pasado)”, agregó Alfaro en un video que difundió la Oficina de Prensa del BNCR la noche del pasado 8 de noviembre.
El OIJ y el Ministerio Público comunicaron que están investigando una supuesta orden por parte de la directora jurídica del Banco Nacional para que esta situación no se denunciara.
Las autoridades han tenido puertas abiertas, comunicación cercana y constante, y acceso diario a pruebas de nuestro banco. Nos alegra que todo este trabajo en conjunto con las autoridades judiciales esté rindiendo sus frutos y haya permitido avanzar en los nuevos hallazgos de la investigación.
— Bernardo Alfaro, gerente general del Banco Nacional de Costa Rica
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La investigación judicial
Horas antes de que el BNCR presentara dicha denuncia (el 24 de octubre de 2023), de acuerdo con el fiscal general, el OIJ y el Ministerio Público iniciaron de oficio una investigación al respecto, a raíz de información que se filtró en la prensa el lunes 23 de octubre sobre el faltante de dinero.
“El mismo banco interpone una denuncia, pero la denuncia no tiene ningún elemento de calidad. Es allí donde en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial iniciamos ese mismo día las entrevistas de las personas que nos podían aclarar qué había sucedido”, comentó Díaz.
El miércoles 25 de octubre de 2023, el OIJ y el Ministerio Público comenzaron las indagaciones propias en el mismo banco, y la mañana del miércoles 8 de noviembre realizaron 11 allanamientos en diferentes zonas del país y detuvieron a ocho personas (siete funcionarios del BNCR y un oficial de seguridad externa) que figuran como sospechosas de facilitar la sustracción de ¢3.293,8 millones en efectivo del Banco Nacional.
De acuerdo con el Ministerio Público, durante los operativos se decomisó prueba documental y dinero, evidencia que será seleccionada y contabilizada, a efectos de incorporar en el expediente donde se investigan delitos de peculado, asociación ilícita, incumplimiento de deberes, facilitación culposa de sustracciones y legitimación de capitales.
La directora jurídica del BNCR, de apellidos Herrera Cantillo, no fue detenida, pero sí se allanó la Dirección Jurídica de la entidad bancaria porque la denuncia no se interpuso a tiempo y se está verificando si hubo una contraorden de que no se pusiera la denuncia para este hecho.
La noche del pasado 8 de noviembre la Fiscalía Anticorrupción concluyó la toma de declaración indagatoria de las nueve personas imputadas (las ocho detenidas y una citada para esa diligencia).
Tras la valoración particular de cada persona, la Fiscalía determinó la necesidad de solicitar medidas cautelares contra siete de ellos. De esta manera, Bolaños Zúñiga (oficial de seguridad externa) y Herrera Cantillo continuarán apegados al proceso penal sin necesidad de cumplir medidas cautelares, “por tener —hasta este momento— menor participación en los hechos investigados”.
El Departamento de Prensa del Poder Judicial informó el pasado sábado 11 de noviembre que el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública dictó seis meses de prisión preventiva en contra del imputado Olivas Valle. En cuanto a los otros sospechosos que estuvieron en audiencia, se les impuso el impedimento de salida del país y se les prohibió influir en testigos.