El tiempo es el peor enemigo de Costa Rica. La situación financiera del país, que ya venía en franco deterioro, aceleró su paso hacia un punto de no retorno por el impacto de la crisis del coronavirus.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, lleva razón cuando advierte que el tiempo es limitado y se necesita avanzar con una propuesta que evite una crisis económica similar a la de los años 80.
¿Cuánto margen queda? Los créditos internacionales parecen haber resuelto las necesidades de recursos para el 2020; pero la situación para el próximo año se torna adversa, sobre todo si el país enfrentara una nueva rebaja en la calificación de deuda o si no lograra un acuerdo de rescate fiscal. El plazo para problemas más serios se vislumbra para el 2021.
La afirmación del mandatario, en la cadena nacional del domingo 4 de octubre donde anunció el retiro de la propuesta para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), es en cierta forma una suerte de sentencia. Un presagio de una carrera contrarreloj que libra el país.
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La caída en los ingresos tributarios, la inflexibilidad para recortar el gasto público, el crecimiento de la deuda gubernamental y los vencimientos para el cierre del 2020 muestran un panorama nada halagador para comprender la situación que se avecina.
El reloj de las finanzas
La economía nacional sufrirá una contracción del 5% en el 2020, mucho más profunda que la proyección del -3,6% estimada en abril por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). La apuesta para 2021 es una recuperación moderada del 2,3%, condicionada por el entorno y la incertidumbre de la pandemia.
La caída de la demanda interna para este año será del 3,4% con una leve recuperación del 1,9% en 2021.
La situación fiscal no es mucho más positiva, el déficit financiero (ingresos menos gastos más intereses) alcanzará el 9,3% del Producto Interno Bruto (PIB) y la deuda pública superará el 70,2% de la producción nacional a diciembre, ambos porcentajes considerados altos para la economía costarricense.
Las estimaciones del Ministerio de Hacienda muestran una caída en los ingresos totales con respecto al 2019, este rubro pasará de ¢5,36 billones el año pasado a ¢4,70 billones en 2020, mientras que para el 2021 se proyectan en ¢5,16 billones, todavía por debajo del nivel previo a la pandemia.
La contracción de ingresos se ve todavía más acentuada en los recursos que percibe el Gobierno por impuestos. La reducción será de ¢4,88 billones en 2019, a ¢4,34 billones, este año.
De la misma forma para 2021 tampoco se prevé un repunte significativo, pues se esperan ¢4,56 billones, la cifra continúa por debajo del monto antes del embate de la crisis.
Mientras que los gastos totales del Gobierno crecerán de ¢10,92 billones este año a ¢11,44 billones en 2021, una variación del 4,8%. Este rubro además representará el 31,9% del PIB.
El aumento en el gasto para el próximo año se explica por la mayor asignación de dinero, en términos absolutos, a los bonos del servicio de la deuda (22,1%), al Ministerio de Educación Pública (4,5%) y a los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto (1,9%).
El gasto corriente asciende a los ¢8,17 billones para 2021, la cifra disminuye 0,04% (¢3.019 millones) con respecto a este año. La partida de remuneraciones representa el 34,6% (¢2,82 billones) de este rubro, con un incremento del 3,8% (¢103.573 millones) en la comparación interanual.
La revisión del proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2021 permite comprender que para el próximo año se esperan ingresos por ¢5,16 billones y gastos por ¢11,44 billones, lo que deja una diferencia de ¢6,28 billones que se deberá financiar con deuda pública, sobre todo interna.
Esto plantea un déficit fiscal del 9,9% de la producción nacional para el cierre del próximo año con una relación deuda/PIB cercano al 80,5%.
Es decir, las necesidades de recursos para el 2021 más bien se incrementan, esto ocasiona que la presión por el endeudamiento se mantenga, independientemente de la fuente de la que provenga.
Necesidades y urgencias
Las necesidades de liquidez del Gobierno estaban muy recargadas en el segundo semestre del año, sobre todo por las amortizaciones de la deuda, esto debido a que durante la primera mitad del 2020 se hicieron captaciones importantes y muchas están por vencer entre noviembre y diciembre.
La deuda interna muestra un panorama de vencimientos de $243 millones en octubre, $513 millones en noviembre y $538 millones en diciembre. Esto representa $1.294 millones.
El economista Gerardo Corrales explica el complejo panorama del Gobierno presionado por los vencimientos y las amortizaciones.
Las necesidades de financiamiento del Gobierno para el 2020 se estimaron en 14,1% de la producción nacional, ese requerimiento bruto se reparte en 9,3% de déficit y 4,8% de vencimientos.
De acuerdo con Corrales, si se compara el déficit proyectado para final de año (9,3%) con el registrado a agosto por Hacienda (5,8%), todavía queda un faltante de 3,5% del PIB que se debe conseguir.
Mientras que en el caso de los vencimientos solo se ha amortizado 1,5% del PIB del 4,8% proyectado. Es decir, queda cerca de un 70% de vencimientos entre octubre y diciembre de este año, que representan un 3,3% de la producción.
“Eso nos daría una necesidad, después de agosto, de al menos 6,8% del PIB, y de eso, la mayoría provenía de préstamos externos por alrededor de $3.030 millones, de los cuales, solamente se han desembolsado el de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $500 millones y el de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por $380 millones; quiere decir que están pendientes de desembolso 3,3% del PIB, que serían $2.150 millones”, apuntó Corrales.
Costa Rica ya recibió los $504 millones del préstamo rápido con el FMI, aprobado por el Congreso el 27 de agosto, pero esos recursos todavía no se utilizan por parte de Hacienda.
“Con los recursos del crédito rápido, quiere decir que nos hacen falta $1.800 millones de deuda externa que están en fila en la Asamblea Legislativa, con un proceso de avance muy lento y supeditado a la discusión del plan con el FMI”, agregó.
Si la aprobación de estos empréstitos internacionales se atrasa, a la necesidad de emitir deuda interna por $1.800 millones en lo que resta del año, se suma también el requerimiento de financiar los $1.800 millones adicionales que deberían ingresar por créditos con multilaterales.
“Eso representa cerca de $3.600 millones a ser captados en lo que resta del año. Es mucho dinero para la capacidad de absorción del mercado interno”, concluyó el economista.
En la mira de las calificadoras
Los bloqueos en carreteras que afectan al sector productivo nacional, los mensajes de oposición de las fracciones en el Congreso y la decisión del Ejecutivo de frenar la propuesta para negociar con el FMI con el fin de reconstruirla basada en una concertación nacional; son señales y mensajes confusos para los inversionistas y los mercados internacionales.
La incertidumbre generó mensajes erróneos hacia los inversionistas quienes no comprendían bien si Costa Rica planeaba desistir de su rescate fiscal ante el FMI, o si buscaba oxígeno para rearmar la propuesta con base en un diálogo nacional. Eso se tradujo en una caída de 2,5% en el precio de los eurobonos nacionales el lunes 5 de octubre.
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Mientras todo esto sucede, las calificadoras de riesgo, como Moody’s, Fitch Raitings y Standard & Poor’s (S&P), observan de reojo el torbellino político y fiscal que envuelve a Costa Rica.
El país experimenta un deterioro de su calificación de riesgo desde enero del 2018. Por ejemplo, Moody’s otorgó el grado de inversión Baa3 el 9 de setiembre del 2009, pero la bajó a Ba1 el 26 de setiembre del 2014, lo que significa que en esa fecha se perdió dicho grado.
Las últimas revisiones de las calificadoras para Costa Rica se aplicaron a mediados del 2020, pero se espera que finales de año se haga una nueva evaluación. Estos organismos advirtieron en el pasado que las notas podrían mejorar si el Gobierno implementa ajustes estructurales que corrijan los riesgos de financiamiento y permitan reducir el déficit fiscal.
Un inesperado aumento en el déficit financiero del 2019 que alcanzó el 7% del PIB, la tardía y atropellada implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública (9.635) generaron una percepción de mayor riesgo para los inversionistas y aumentaron las tasas de interés con respecto a naciones con calificaciones similares o incluso menores.
La degradación de la nota del país es un factor que afecta el crecimiento en las necesidades de financiamiento del país atizadas por el impacto del coronavirus.
El economista Víctor Umaña asegura que al acuerdo de Servicio Ampliado con el FMI por $1.750 millones es una vía para acceder a recursos, pero sobre todo para poner en marcha reformas que permitan corregir problemas del pasado.
“Si no tomamos decisiones hoy, el mercado nos va a ajustar a la brava. Significa una devaluación acelerada del colón con respecto al dólar, eso haría nuestras importaciones más caras. Si el Gobierno no tiene fuentes de financiamiento alternativas tendría que subir mucho la tasa de interés y eso nos afectaría a todos. La combinación de ambas cosas generaría una inflación importante y tendríamos un caos con un impago que llevaría al Ejecutivo a despedir gente”, recordó Umaña.
El tiempo para Costa Rica se acorta por diversos factores, la brecha en ingresos y gastos crece, las posibilidades de encontrar dinero prestado en buenas condiciones cada vez son más complejas, las malas señales pueden incidir en una nueva caída en la calificación de riesgo.
El camino parece ser el FMI con la disyuntiva de tomar decisiones para recortar el gasto y cambiar el futuro de la deuda; o de aumentar ingresos con impuestos para prolongar lo inevitable si no se buscan reformas estructurales.
Los economistas consultados por EF consideran que la nueva propuesta debe tener un balance entre recortar el gasto y aumentar los ingresos, pero con el objetivo final de lograr cambios de largo plazo.