Cuando se habla del gasto público, especialmente en medio de la campaña electoral, mucho se dice sobre su crecimiento, la necesidad de recortarlo y los gastos considerados como "innecesarios" que han hecho los gobiernos en los últimos años.
Sin embargo, no necesariamente el gasto público es un enemigo de la estabilidad económica e incluso, por ley, algunos no se pueden recortar.
El gasto público es el total de gastos realizados por el Gobierno Central y se trata tanto de la adquisición de bienes y servicios para la sociedad como en otros subsidios, transferencias y pago de obligaciones del Poder Ejecutivo.
En Costa Rica, los gastos del Gobierno se dividen en dos grandes grupos.
Por un lado, están los gastos corrientes, que ocupan la mayor porción de los gastos del país.
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En los gastos corrientes están los sueldos y salarios, las cargas sociales,el pago de los intereses de la deuda y las transferencias al sector público, al sector privado y al sector externo.
A diciembre del 2017, los gastos totales eran ₡6,76 billones, según datos del Ministerio de hacienda, de los cuales el 90,3% eran gastos corrientes.
El resto corresponde a lo que se le conoce como gastos de capital, que son inversiones, otras trasferencias que ocupan menor proporción del gasto y la concesión de préstamos que corresponde al pago de títulos de crédito del Gobierno.
Aunque los gastos del Gobierno son necesarios, deben ser manejados de forma óptima y de su comportamiento depende, en buena medida, el desempeño del déficit fiscal.
Los recortes de estos gastos han generado polémica cuando se trae a discusión una posible reforma fiscal, pero no siempre los recortes son beneficiosos para la economía, especialmente cuando se hacen recortes en el gasto de capital.
Abelardo Medina, Economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explicó en una entrevista previa que cuando se recortan los gastos de capital, la inversión se ve afectada y lo anterior se traduce en menor crecimiento económico.
Empero, el problema principal de Costa Rica son los elevados gastos corrientes, para los cuales se tendrían que tocar salarios y otras remuneraciones que se ubican en transferencias al sector público, ya que el pago de la deuda no se puede reducir.
¿Qué gastos no se pueden recortar?
Según Medina, un recorte en los gastos corrientes, que son en sí los gastos de funcionamiento del gobierno, afectarían los sueldos, los pagos de pensiones y sobre todo los pagos de intereses de deuda.
Contrario a lo que se cree, a pesar de que los pagos de intereses de deuda ocupan el mayor rubro de gastos corrientes, no representan los mayores incrementos anuales dentro del presupuesto nacional que se revisa todos los años y que inciden directamente en la tendencia al alza que han mostrado los gastos corrientes en los últimos años.
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El gasto para el 2018, estipulado en el presupuesto nacional aumentó 3,2%, del cual, casi un tercio del aumento responde a compromisos constitucionales y obligaciones legales del Poder Ejecutivo.
Los compromisos constitucionales representaron el 41,6% de los gastos proyectados en el presupuesto para el 2018 y los gastos constitucionales, especialmente destinados al Ministerio de Educación Pública, representaron el 32,6%.
Los gastos no negociables dentro del presupuesto corresponden a aumentos del Ministerio de Educación Pública, que representan el 8% del PIB, por orden de la Sala Constitucional; las municipalidades, a las que se les debe otorgar ₡20.000 millones cada año hasta este 2018, según la Ley Especial de Transferencia de Competencias y el pago de deudas e intereses.
Estos fueron los compromisos a los cuales se les atribuyó el aumento en el presupuesto para el 2018.
El caso de las pensiones
El caso de las pensiones es uno de los puntos más controvertidos cuando se habla de gasto ya que las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional recargan directamente el gasto corriente.
Aunque el ahorro es pequeño, durante el 2016 se reformaron las pensiones con cargo al presupuesto, que, según el Ministerio de Hacienda, la corrección ahorraría cerca de ₡21.000 millones cada año, un ahorro del 0,7% del PIB, un monto pequeño, considerando el déficit fiscal de 7%.
La reforma no aplicó para pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, el Poder Judicial y el Magisterio Nacional, sino para otro tipo de regímenes, como el de diputados, el Incofer y las pensiones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que son pagadas por el Ministerio de Hacienda.
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También se realizaron anteriormente ajustes a las pensiones del Poder Judicial, que también salen del presupuesto y que eliminó las pensiones de lujo y crea un tope de ₡4 millones para las pensiones altas.
Por lo pronto, lo que queda por reducir del gasto es en otros rengloness que derivan en transferencias y en sueldos y salarios, que representan la porción mas grande del gasto, después del pago de los intereses de deuda.