Por: .   2 septiembre, 2017
El informe Estado de la Educación publicado en agosto del 2017 incluyó estudios sobre el aprovechamiento del tiempo en clases.
El informe Estado de la Educación publicado en agosto del 2017 incluyó estudios sobre el aprovechamiento del tiempo en clases.

La deuda pública no es la principal causa del aumento de un 3,2% en el presupuesto nacional para el 2018. De hecho, casi dos sextos del aumento en el proyecto de gastos están explicados por compromisos constitucionales y obligaciones legales del Poder Ejecutivo.

Así se detalla en la Exposición de Motivos del Presupuesto del 2018, que explica cómo compromisos constitucionales como los que el Ejecutivo tiene hacia el Ministerio de Educación (MEP) o al Poder Judicial explican la mayor parte de los aumentos presupuestarios para el próximo año.

Una de las principales causas del aumento consiste en la asignación al MEP de ¢94.931 millones más, respecto al 2017, que permitirá a esta cartera cerrar el 2018 con una asignación del 7,4% del PIB (por constitución, debe contar con un 8%).

Por otro lado, la deuda pública apenas explica un quinto del aumento del presupuesto nacional para el próximo año, pues apenas creció un 1,8% frente a aumentos de dos dígitos en el 2015 (31,6%) o el 2017 (17%).

Este tipo de obligaciones constitucionales y legales presupuestarias son un elemento ampliamente discutido por Hacienda y organismos internacionales. Ambos suelen coincidir en que los objetivos de las destinos específicos pueden ser positivos y favorecer la transparencia del Gobierno, la confianza de los contribuyentes en él, incluso, incentivarles al cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero también pueden tener otros efectos negativos.

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un club de –mayoritariamente– países desarrollados al que Costa Rica busca integrarse, este tipo de gastos pueden tener efectos negativos.

Recientemente, en su Análisis de Políticas Fiscales para Costa Rica emitido en el 2017, la organización llamó la atención a Costa Rica sobre este punto.

"La excesiva destinación específica que se le ha dado a los ingresos fiscales, que limita de manera sustancial las decisiones gubernamentales sobre financiación pública, debería reformarse si se desea que a largo plazo, Costa Rica se ubique en el camino que lleva a la sostenibilidad fiscal", sugirieron.

Para los expertos de la entidad, este tipo de compromisos limitan la flexibilidad del Ejecutivo en la administración de los fondos públicos, además podrían ser origen de un financiamiento insuficiente para otros programas sociales que pueden ser urgentes en un país.

"Cualquier incremento de los ingresos fiscales se traduce en mayores transferencias a los programas preestablecidos, con independencia de que necesiten o no financiamiento adicional, y no existen procedimientos para que las entidades con exceso de presupuesto devuelvan el excedente al Gobierno Central" critican.

Diputados: "Hemos tenido la mala costumbre de aprobar leyes sin financiamiento"

Aunado a ello, los diputados suelen acostumbrar aprobar leyes sin financiamiento, que dificultan aún más el ejercicio presupuestario.

Para Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios que discute el presupuesto nacional y miembro del Partido Liberación Nacional, resaltó que existe una mala costumbre en la Asamblea de aprobar leyes sin financiamiento.

“Con falta de presupuesto se ha aprobado el 8% para educación, el porcentaje del PANI, se aprobó la reforma procesal laboral, la ley de bienestar animal. Dígame de donde van a sacar esa plata sino es con cargo al mismo presupuesto, no alcanza”, aseguró Ramírez.

No le falta razón. Según datos del Estado de la Nación (2016), en el período 2015-2016 de 32 nuevas leyes con mandato garantista, un 41% cayó en la categoría de promesa democrática sin sustento económico. Aunque el porcentaje es negativo, el Estado de la Nación lo celebró el año pasado, pues es significativamente menor al de otros períodos.

Para Ramírez, resulta complicado aprobar presupuestos obligatorios por ley en medio de un contexto en el que no es posible seguir haciendo ajustes.

“Este año no deberíamos incrementar los gastos, ni siquiera por mandato, por conciencia. No es porque no creamos en las necesidades que hay en los diferentes renglones del presupuesto, pero no está la plata. Se pudo haber previsto desde un principio, pero ahora estamos viendo las consecuencias de que se estén viendo perjudicados programas sensibles, precisamente por no haber resuelto y no haber llegado a acuerdos en el tema fiscal”, explicó Ramírez.

El oficialista Ottón Solís, aseguró que se están valorando gastos mucho más elevados que la inflación. Para él, esto resulta preocupante ante la situación que enfrenta el país con respecto al déficit fiscal.

“Los problemas van para arriba, en nueve años la deuda en relación con el PIB se ha duplicado y esa deuda no se va a cambiar mientras no tomemos decisiones por el lado del gasto y por el lado de los ingresos”, cerró Solís.