Por: María Esther Abissi.   11 febrero

Una de las principales tareas que le encomendaron los últimos tres gobiernos a la administración entrante y si se quiere, la más importante, es lograr reducir en al menos 3 puntos porcentuales el déficit fiscal, lograr niveles de deuda sostenibles y todo esto, sin dejar de pagar las obligaciones que tiene el gobierno para mantener la economía en pie.

Desde el 2012, el déficit ha crecido de manera sostenida y para el 2018, se proyecta que cierre en 7,10%; una alarmante cifra que no alcanzaba el país desde la crisis de 1980 y que tuvo que resolverse con un pronunciado recorte en el gasto y aumento de impuestos para meterle mano a la crisis.

Al cierre del 2017 los ingresos del Gobierno fueron menores a los gastos y con respecto al año anterior, los ingresos crecieron en menor medida, según cifras del Ministerio de Hacienda. Las entradas totales crecieron 3,8%, mientras que los gastos crecieron 9,1%.

Además, la deuda del Gobierno Central cerró el año con un crecimiento del 16,9%, lo que indica además que los niveles actuales de deuda alcanzan el 49,2% del PIB, según indicó el Banco Central en su programa macroeconómico, lo que se traduce en vulnerabilidad para la economía y mayor estrujamiento del crédito para el sector privado.

Menos gastos, ¿es suficiente?

Entonces, ¿cómo reducir el déficit fiscal de Costa Rica? ¿Es obligatoria la mezcla casi infalible de reducción de gastos y aumento de impuestos?

La respuesta parece ser sí, sobre todo por las estructuras de gasto que tiene el país y porque, ante la baja recaudación de impuestos que tenemos, no se puede optar por un camino o el otro, sino que es necesario combinarlos.

La mayoría de los gastos de Costa Rica corresponden a sueldos y salarios, al pago de intereses de deuda y transferencias al sector público.

Pese a esto, el aumento de los gastos también responde a otros factores que resultan obligatorios por ley y que no se pueden reducir cuando se trata de realizar el presupuesto nacional ni de controlar las transferencias al sector público.

Por ejemplo, en el presupuesto del 2018, la deuda pública no fue la principal causa del aumento de 3,2% en el presupuesto nacional.

El 41% de éste se da por compromisos constitucionales y obligaciones legales del Poder Ejecutivo, como la asignación de recursos al Ministerio de Educación Pública de ¢94.931 millones más que el año anterior.

La combinación de reducción de gastos e impuestos ha sido productiva en otros países de la región, que han logrado volver a tener sostenibilidad en el déficit

En Honduras, por ejemplo, realizaron una reforma fiscal en el 2014 para bajar el déficit de 7,9% y con ella, aumentaron los impuestos e implementaron un programa de ajuste significativo en el gasto. De esa forma, mejoraron 3% de la carga tributaria y lograron reducir el gasto entre 2,5% y 3%.

Para este año, Honduras tiene un déficit de 2,5% y 3%, que es considerado como sostenible.

Sin embargo, el panorama nacional es muy diferente.

Si evaluamos los posibles recortes en los gastos, las opciones son realmente pocas.

Un recorte en los gastos corrientes, que son los gastos de funcionamiento del Gobierno, afectaría los sueldos, los bienes y servicios, los pagos por intereses de deuda y las transferencias que se le hacen al sector público.

Por otro lado, si se decide recortar los gastos de capital, la inversión se vería afectada y se traduciría en menor crecimiento económico.

Ya en gastos de capital el Gobierno realizó recortes anteriormentes, especialmente en infraestructura, pero esto particularmente le resta potencia económica al país.

Según Abelardo Medina, economista investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), si se recorta el gasto de capital, estructuras como los puertos y aeropuertos tendrían problemas, algo que no es para nada recomendable.

Entonces, la alternativa en cuanto al gasto está en hacer recortes por medio de ajustes en los salarios y transferencias al sector público.

Aunque Medina percibe el recorte del gasto como una vía complicada, admite que existe una necesidad de acostumbrar a los entes públicos a que las asignaciones de dinero tienen que dar resultados y deben usarse de la manera más optima posible.

Otro de los problemas en cuanto al gasto es la forma en la que el Gobierno de Costa Rica se endeuda, con tasas altas para lograr mayor colocación de las emisiones en entes locales y algunos tenedores de deuda internacionales.

Si la colocación se lograra con tasas más bajas o se optara por esquemas de endeudamiento con organismos bilaterales, los gastos por intereses serían menores, ya que normalmente el financiamiento de deuda por estos medios cuenta con tasas mucho más bajas.

Sin embargo, para endeudarse con organismos bilaterales, el Gobierno tendría que negociar el financiamiento a cambio de resultados, en este caso, una reforma fiscal ya aprobada.

Para Francisco de Paula Gutierrez, expresidente del Banco Central y exministro de Hacienda, no se trata de quitar el gasto superfluo ni cobrar un poco más de impuestos, sino atacar el déficit con temas sustantivos y no solucionarlo con curitas.

Los que nadie quiere

Los impuestos son uno de los temas más discutidos y controversiales de las reformas fiscales, pero también, de los más necesarios.

Según los analistas, el país necesita una modificación al impuesto de ventas, la aplicación del IVA y mejoras en la recaudación.

Contrario a lo que se ha dicho, la optimización en la recaudación parece no ser una medida suficiente, ya que en economías como la de Costa Rica, no se tienen grandes fuentes de ingreso por empresas públicas, como en Panamá con el canal, por ejemplo.

Como no las hay, los ingresos son en su mayoría tributarios y es necesario que se aumente la base de impuestos recaudados y que se liberen las exenciones de algunos sectores.

Medina además explica que un cambio en las exenciones de las empresas que no pagan impuestos, como aquellas bajo el régimen de zonas francas aumentaría los niveles de recaudación, acompañado de una mejora en la administración tributaria.

Thelmo Vargas, exministro de Hacienda, asegura que la solución al déficit fiscal exige un planteamiento de alto contenido técnico, un balance de tipo social sobre la distribución del costo inicial (impuestos) y sobre todo, mucha voluntad política.

Las consecuencias

Que se aplique una reforma fiscal no quiere decir que directamente la economía comenzará a salir del túnel en el que ha entrado. Por el contrario, se espera que pase por un período de desaceleración, mientras comienza nuevamente a caminar con la nueva estructura de gasto y de ingresos.

Para Medina, el recorte en el gasto se traduce casi inmediatamente en una desaceleración de la actividad económica y también, en menor capacidad de compra para los costarricenses.

El aumento en los impuestos y la reducción en el gasto, especialmente de inversión y en transferencias o salarios reduciría el crecimiento en el corto plazo y paralizaría ligeramente las inversiones, principalmente porque al tener menores ingresos, se esperaría que el gasto de los hogares se reduzca y eso pese en la demanda interna.

Sin embargo, la desaceleración es un hecho que ya el país está viviendo.

La actividad económica mantuvo una desaceleración durante casi todo el 2017 y se detuvo en noviembre; creció menos que en el 2016.

Para este año se espera además un desestímulo en la inversión extranjera directa.

"En el caso de que lo hagamos (la reforma), vamos a tener un horizonte a largo plazo más claro, en el caso de que no lo hagamos, esto va a seguir hasta que desemboque en una crisis" - Francisco De Paula Gutiérrez