Cerca del 10% de los potenciales clientes de Instacredit en Costa Rica ya no son sujetos de crédito debido a las regulaciones que entraron en vigor con la ley que restringe las tasas de usura en el país.
Esta empresa que inició operaciones en Costa Rica en el año 2000 y que no está bajo la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), cuenta actualmente con 171.000 clientes activos y una cartera de crédito de $260 millones.
La reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (7.472), mejor conocida como “Ley de Tasas de Usura”, entró en vigencia el 16 de junio del 2020 y puso límites a las tasas que pueden cobrar los intermediarios financieros por créditos y microcréditos en moneda nacional o extranjera.
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Las modificaciones obligaron a la banca a redefinir el perfil de los clientes que atienden desde entonces. Algunas entidades privadas anunciaron cierres de tarjetas de crédito, clausura de sucursales y despidos como parte de los ajustes que conlleva la implementación de las nuevas medidas.
Instacredit es una financiera que ofrece crédito a término, es decir, un modelo en el cual le prestan dinero a una persona o empresa y conforme el cliente avanza o completa sus pagos tiene la opción de obtener más recursos o, incluso, ampliar el monto de la operación.
La compañía de capital mexicano compite en el mismo segmento con otras entidades como Credix, Beto le Presta, Mulicréditos, Multimoney (antes Kuiki Credit) y Emma.
Luis Emilio Muñoz, director comercial de Instacredit, explicó que la mayor afectación recaerá en segmentos, que por su situación económica, se consideran de muy alto riesgo en el sistema financiero y que sólo podían acceder a recursos a través de entidades como casas de préstamos.
El ejecutivo aclaró que a diferencia de los bancos, que se vieron obligados a cerrar tarjetas de crédito, Instacredit no canceló préstamos a quienes ya los tienen, siempre y cuando mantengan un buen comportamiento de pago.
“Aunque las nuevas reglas de riesgo ya no le permitieran aplicar a un crédito, nosotros le seguimos manteniendo la renovación y los ajustes que tuvimos que hacer son con base hacia el futuro. Aquellos clientes que antes aplicaban un préstamo de los de más alto riesgo, tuvimos que dejarlos por fuera”, apuntó el vocero.
Esta firma de préstamos ofrece sus productos en el límite de las tasas de usura definidas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Quiere decir que todos los créditos en colones están ligados a un tipo de interés del 35,56% y los microcréditos (inferiores a ¢675.000) tienen una tasa del 50,22%.
Muñoz confirmó que los préstamos se manejan en el límite de las tasas reguladas por ley que son fijadas por el Central cada seis meses.
Ajustes ante la pandemia
Esta entidad tampoco escapa de los golpes generados por la pandemia en la economía costarricense y en el sistema financiero.
La compañía aplicó ajustes en pagos, plazos o tasas a 8.046 clientes en Costa Rica durante el 2020. Se trata de personas, pymes o empresas que por las medidas de cierres o restricciones para mitigar el contagio de la COVID-19 tuvieron una caída en sus ingresos regulares.
De acuerdo con Muñoz, el grupo tomó acciones para proteger sus indicadores, esto los llevó a reportar lo que califican como “una leve contracción” del 5% en su morosidad a diciembre del año pasado con respecto al periodo 2019.
La empresa que opera a en Centroamérica y México, puso en marcha desde enero del 2020 un proceso de reestructuración que implicó despidos en Costa Rica.
Según Muñoz entre enero y abril del año pasado se redujo la planilla local de 1.150 a 1.000 empleados, es decir, 150 salidas.
Los despidos, defiende el vocero, no se deben directamente al impacto de la crisis porque el plan de reajustes se elaboró y se puso en marcha desde antes, pero coincidió con el momento más crítico de cierres comerciales y de contracción económica en el país.
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La compañía de capital costarricense Instacredit fue comprada en 2016 por la mexicana Crédito Real, que adquirió el 70% del capital social en una operación superior a los $70 millones.
La empresa tiene 47 oficinas en Costa Rica y 1.000 empleados. Pretende relanzar en unas semanas su app para que los clientes puedan pagar los créditos, solicitar nuevos préstamos y utilizar un monedero electrónico para gestionar sus deudas y obligaciones.
Este grupo de entidades financieras y no financieras ofrece productos de crédito a segmentos de ingresos medios y bajos. Consultado por EF, sobre si evalúan la posibilidad de convertirse en un ente supervisado por Sugef, Muñoz aseguró que no es algo que contemplen en el futuro.
La Ley Orgánica del Banco Central (7.558) establece la obligatoriedad de acogerse a supervisión para bancos públicos y privados, empresas financieras no bancarias, mutuales, cooperativas y asociaciones solidaristas.
Sin embargo, cualquier persona física o jurídica que se dedica a prestar dinero con recursos propios −sin captar por medio de Certificados de Depósito a Plazo (CDP) y sin cuentas de ahorro− no desarrolla intermediación financiera, por lo que puede desempeñar la actividad sin inscribirse ante Sugef. Este es el caso de Instacredit.
El ejecutivo reconoce que el hecho de estar fuera del radar de la supervisión formal no los obliga a revelar sus resultados e indicadores, pero recuerda que están sujetos al cumplimiento de leyes como la de tasas de usura.
Pese a estar al margen de la supervisión, los clientes de Instacredit pueden acudir a la Defensoría del Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y las bases de datos de la cas de préstamos se encuentran registradas ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prohab), según constató este medio.