La banca costarricense sigue plagada de asimetrías regulatorias entre bancos estatales y privados, las cuales reducen su eficiencia y se traducen en tasas más altas para los usuarios.
El diagnóstico sale a flote en este momento, cuando el Gobierno anunció su intención de impulsar la venta del Banco de Costa Rica (BCR). Nivelar el suelo entre bancos públicos y privados, indicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en múltiples estudios al respecto, no solo propiciaría una reducción de las causas por las que el país ha tenido históricamente algunas de las tasas de interés más elevadas de la región; sino que además sería “una condición necesaria” para cualquier proceso de privatización de los actores estatales.
Ahora mismo, reconocen analistas de mercado, organismos regionales e internacionales la banca costarricense se divide en dos grupos muy distintos. Si bien todos deben cumplir con las regulaciones de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef); los bancos estatales están sujetos a mayores restricciones por formar parte del andamiaje público, pero también son los únicos que pueden acceder a colones de las instituciones públicas. Por otra parte, los bancos privados tienen mayor libertad de acción que los públicos, pero encuentran mayores dificultades para captar moneda local.
El resultado es la consolidación de dos grupos que deberían competir más libremente pero –en la práctica– más bien parecen repartirse algunas de las funciones del mercado, al menos en términos generales.
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Principales distorsiones
Bancos estatales y privados son dos tipos de actores que cuentan con ventajas en algunos sectores y desventajas en otros. No se trata de sectores que tengan todas las ventajas a su favor ni todas las desventajas en contra. Por ese motivo es que conviene analizarlas por aparte.
En el caso de las entidades estatales, ellas cuentan con la garantía del Estado para sus clientes, la cual implica que todas sus captaciones quedan respaldadas en caso de quiebra o de falta de liquidez: un incentivo para que los ahorrantes lleven allí su dinero. Si bien en el marco de la adhesión del país a la OCDE se aprobó un seguro de depósitos por hasta ¢6 millones por persona con el afán de nivelar la cancha, las condiciones siguen algo desequilibradas y no todas las personas conocen todavía sobre esa reforma.
Los bancos estatales, además, son los únicos que pueden absorber los depósitos de instituciones públicas del país, lo cual les facilita su acceso a ‘colones baratos’. En otras palabras, los bancos estatales reciben depósitos de manera más sencilla, sin la necesidad de atraerlos precisamente con promesas como mayores tasas de interés.
Sin embargo, también tienen distorsiones en su contra. Por ejemplo, soportan cargas parafiscales que no pagan los bancos privados. Deben girar un 15% de sus ganancias al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (CCSS) administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); hasta un 10% al sector cooperativo a través del Instituto de Fomento (Infocoop); un 5% al Fondo Financiamiento para el Desarrollo (Fofide); y un 3% a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Estas salidas de recursos merman la rentabilidad de los bancos que, por ende, se ven más dispuestos a trasladar más costos a los usuarios.
La situación es más o menos inversa en el caso de la banca privada, la cual no tiene a su disposición los ‘colones baratos’ del Estado’; pero tampoco una garantía estatal que ofrecer a sus ahorrantes.
Los bancos privados no deben pagar tantas cargas parafiscales y eso debería derivarse en una operación menos costosa; sin embargo, deben reservarun 17% de sus captacionesa plazos de 30 días o menos, en moneda local y extranjera, para redirigirlo al Fondo de Crédito para el Desarrollo. Esta es una retención a la que se le conoce como el “peaje bancario” y los recursos de dicho fondo son administrados por entidades públicas.
“Todo esto segmenta el sistema financiero como en pedazos que no son iguales entre ellos”, describió José Luis Arce, director de la firma FCS Capital. “Hay una parte del sistema financiero que intermedia principalmente en colones y otro que lo hace principalmente en dólares, porque para la parte privada es más difícil moverse a captar y prestar en moneda local, tener acceso a ‘colones baratos’ y prestar en ‘colones baratos’. Esa es una de las principales barreras que tenemos en estos momentos, que deja mayoritariamente esas operaciones en colones en manos del sector público, con márgenes elevados y tasas activas altas”, puntualizó.
En consonancia con el criterio de OCDE, la gerente de Grupo de Puesto de Bolsa de Grupo Acobo, Adriana Rodríguez, considera que se debería entonces revivir el debate sobre las asimetrías antes de pensar en la eventual privatización de un banco público. No hacerlo, sería vender el banco del Estado a menor valor, en la medida en que perdería una base importante de sus ventajas actuales, muy relacionadas con su acceso favorable a fondeo “fácil” en colones.
“Si el banco estatal lo adquiere un ente privado perdería una parte importante de su fondeo, por ejemplo, por las inversiones y flujos financieros de entidades públicas. Si usted le dificulta el fondeo, su capacidad de intermediación estaría viéndose deteriorada (...) El manejo de los colones hace una diferencia muy grande, es parte de la esencia del BCR y hay que recordar que también está el peaje bancario, que le encarece las operaciones a la banca privada en Costa Rica; todo eso podría afectar la venta al mermar el margen de utilidad del BCR, al menos en el corto y mediano plazo, en el escenario base de cualquier eventual comprador. No arreglar las asimetrías sería reconocer el precio de mercado de las desventajas”, apuntó.
Otra diferencia importante entre bancos estatales y privados es que los primeros deben acatar las normas de administración pública. Esto se traslada incluso para el nombramiento o la remoción de funcionarios o para la venta de bienes dados en garantía, según explicó Fernando Naranjo, presidente de Cefsa y exgerente del Banco Nacional. Todo eso, indicó, deja una huella sobre la eficiencia de las entidades públicas que se traduce en peores condiciones de competitividad.
Mercado concentrado
El escenario descrito hace referencia a un mercado bancario concentrado y esto se acentúa aún más por las asimetrías regulatorias, no de parte de las autoridades financieras sino del Estado como un todo. En términos de la OCDE, dentro de su último informe de Estudios Económicos sobre el país, publicado en 2020, estas distorsiones ”obstruyen el funcionamiento tanto de los bancos públicos como de los privados” y “la eliminación gradual de estas asimetrías contribuiría a que las empresas y hogares costarricenses puedan acceder a más crédito y en mejores condiciones”.
Ese diagnóstico también lo han hecho, reiteradamente, entidades como la Academia de Centroamérica a través de diversos informes.
Según Naranjo, las cargas parafiscales concentradas en el sector estatal son una traba para el adecuado funcionamiento de los bancos públicos que, según ha dicho OCDE, tienen una alta influencia como líderes del mercado bancario.
“Hablamos de una carga que llega a cerca del 70% de las utilidades (contemplando la tasa de 30% de renta) y yo no conozco ningún país que grave a los bancos con una tasa impositiva como esta, ni creo que lo hagan con ninguna otra empresa. (...) para los bancos estatales es más costoso cumplir con el servicio al cliente porque a un banco privado lo pueden capitalizar sus socios y así tendrá más capacidad de dar crédito, pero un banco público solo puede obtener esos recursos con sus utilidades“, subrayó.
Y eso se conjuga con una banca privada a la que le cuesta acceder a la moneda local, añadió Arce, quien recordó que entonces ese sector debe acudir a otros mecanismos de fondeo más costosos.
“El problema de los bancos privados de no poder conseguir ‘colones baratos’ hace que presten poco en moneda local, aunque quisieran acceder a más colones para reducir su riesgo cambiario y dar más crédito personal, que genera un mayor margen de ganancia en comparación con el crédito empresarial”, explicó el economista. “Pero la gente queda atrapada en bancos públicos y terminan pagando las cargas parafiscales o la ineficiencia de estos, simplemente porque no se pueden mover (...) algunos bancos privados consiguen colones con el manejo de planillas o con títulos en el mercado de valores, pero el costo es más alto”.
Meses atrás, al cierre de la administración anterior, el Banco Central anunció que trabajaba en una iniciativa de reforma legal para nivelar el piso para los actores estatales y privados el sector bancario. Entre otras cuestiones, pretendía eliminar el peaje bancario al sector de la banca privada. Según decía el expresidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, los cambios en el sector bancario eran esenciales para “mejorar la competencia en el sistema financiero”. Sin embargo, el texto no ha sido presentado desde entonces al Congreso, ni al anterior ni al actual. Y la ineficiencia de las distorsiones se mantiene.