Gobierno quiere poner en venta al BCR, ¿quién podría comprarlo?

“Pronto presentaremos al Congreso un proyecto de ley en ese sentido (sobre la venta)”, afirmó al mandatario, durante el acto conmemorativo de los primeros 100 días de su administración.

La propuesta de vender el BCR no es nueva. Ha estado en el debate público por décadas. Incluso ya fue planteada formalmente a la Asamblea Legislativa, en 1997, por el gobierno del expresidente José María Figueres; quien propuso un plan de traspaso que luego fracasó en la corriente del Congreso.

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El BCR es el segundo banco de mayor peso en el país por su tamaño, se creó en 1877 bajo el nombre de ‘Banco de la Unión’ y es el más antiguo que se mantienen activo en el territorio costarricense. Cuenta con casi 4.000 empleados en toda Costa Rica y 128 oficinas, su cartera de crédito alcanza los ¢4,1 billones a junio de este año, y sus ganancias alcanzaron los ¢54.434 millones en 2021, descontando el pago de impuestos y otras participaciones (sin las cuales el balance habría sido de ¢104.947 millones).

La venta del BCR implicaría la mayor transacción de una empresa financiera que jamás se haya realizado en el país y, en ese contexto, surge una interrogante: ¿Quién podría comprar al gigante de 145 años?

Solo un actor muy grande

El escenario más probable en un eventual proceso de venta del BCR es que este fuera adquirido por algún grupo bancario internacional, que desee incursionar en Centroamérica o que ya esté presente en la región y desee expandirse. Así lo explicaron a EF los economistas Adriana Rodríguez y Gerardo Corrales, en entrevistas que se realizaron por separado.

Desde el punto de vista de Rodríguez, existen grupos latinoamericanos y norteamericanos muy grandes, y un ejemplo de ello es la presencia que ya tiene la banca colombiana en el área. Según la gerente de Grupo Acobo, en el mercado local costarricense “hay nombres con músculos interesantes”, pero “si uno juzga por las inversiones que han estado haciendo en los últimos tres años, no se ve un apetito de crecimiento” y eso plantea un escenario en el que lo más probable es la inversión extranjera.

El economista Corrales también afirmó considerar que una operación como la compra del BCR solo tendría mayor sentido para grandes cadenas bancarias. Mencionó ejemplos como los bancos españoles BBVA o Santander, que podrían verse tentados a poner un pie en la región; pero subrayó que una compra de este tipo dependería de la estrategia de expansión de cada entidad financiera y que Centroamérica es poco atractivo por su inestabilidad política.

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En ese sentido, también convendría observar qué actores ya dominan o tienen presencia en el mercado centroamericano.

Según un estudio con datos hasta diciembre de 2020, realizado por el Consejo Monetario del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), los bancos extrarregionales con presencia en la región son siete: Tres son de capital colombiano: BAC (Grupo Aval), Davivienda (Grupo Bolívar) y Bancolombia (Grupo Bancolombia); uno de capital canadiense: Scotiabank; uno de capital mexicano: Azteca; uno de capital estadounidense: Citibank; y otro de capital venezolano: Banesco.

Bancolombia, por ejemplo, no tiene presencia en Costa Rica a pesar de que controla al potente Banco Agrícola Comercial en El Salvador.

También existen importantes bancos de capital centroamericano. Algunos de los más importantes, según Gerardo Corrales, son el Industrial de Guatemala o el General de Panamá, que ya tiene operaciones en Costa Rica a pequeña escala.

“Las demás opciones (de compra) serían bancos chilenos, brasileños o los españoles”, afirmó el economista, que fue gerente general de BAC y vicepresidente ejecutivo de ese grupo financiero.

“Los fondos de inversión compran activos para dar un giro y luego vender el activo que compraron, y no veo interés para ellos en un grupo como el BCR para ellos”, puntualizó.

Maniobra compleja

La venta de un banco como el BCR, sin embargo, es una maniobra compleja desde el punto de vista político y financiero.

Solo en el plano financiero, el exgerente del Banco Nacional y exministro de Hacienda, Fernando Naranjo, consideró que el camino es largo extenso.

“Si se quiere vender un banco, hay que contratar una firma especializada para que estudie sus condiciones, su valor y explore eventuales compradores; y entiendo que eso no se ha hecho hasta el momento. No se trata solo de mandar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa”, afirmó Naranjo. “Este es un tema muy delicado para improvisar y bien pudiera que más bien nos llevemos un chasco de que simplemente no haya compradores para el Banco o que lo vendamos a un precio considerablemente más bajo del que se debería”.

Ese proceso podría tardar al menos un año, según los economistas consultados, y a él debe precederle la discusión política para la autorización legislativa. Ese es un trámite que –basados en experiencias previas– no sería un asunto menor.

El cierre de una institución autónoma, recordó Naranjo, es un proceso que requiere el voto favorable de al menos dos terceras partes de la Asamblea Legislativa; lo cual siempre implica condiciones de alto consenso en el ambiente político nacional. En el pasado, ese consenso no ha llegado.

Bajo las condiciones actuales del Congreso, la suma de 38 legisladores se conseguiría con el acuerdo pleno de las tres fracciones menos chicas de la Asamblea Legislativa, sin fisuras. En caso contrario, se requeriría del visto bueno de cuatro o más bancadas y hasta ahora solo las agrupaciones del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y del Partido Liberal Progresista (PLP) –que suman 16 legisladores en conjunto– se han manifestado con mayor anuencia.

Otros como el Frente Amplio (FA), en cambio, prometieron una férrea oposición; mientras que los tradicionales Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y el novel Nueva República reaccionaron con cautela, a la espera de la propuesta concreta.

Además, fuera del plano político, existe variedad de sectores interesados, algunos de ellos con fuerte capacidad de movilización.

La complejidad política es tal que la idea de vender al BCR y al BICSA se viene manejando, al menos, desde finales de los años noventa y no ha tenido éxito, tal como recordó Corrales; quien dice que “siempre hay intereses de sindicatos, de políticos y demás que impiden la venta, pues argumentan que se trata de ‘joyas de la abuela’”.

Las palabras de Corrales no son en vano. El líder sindical de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, ya calificaba como “ideas descabelladas” la propuesta de Chaves de vender el BCR desde el mismo día del anuncio y afirmó en declaraciones a Teletica, canal 7, que su agrupación planteará una “rotunda y contundente oposición”.

Algunos de los antecedentes más viejos relacionados con propuestas para vender el BCR y el BICSA se remontan al gobierno de José María Figueres Olsen. Esa administración llegó a plantear formalmente la venta del BCR, en 1997, y envió un proyecto de ley al Congreso en ese sentido. Sin embargo, todo aquel plan para disminuir deuda interna y capitalizar otros bancos quedó en nada, y la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa enterró el texto a finales de julio de 1999, ya en el cuatrienio siguiente. No hubo voluntad política.

El propio BCR trabajó luego en una propuesta propia para su venta, a inicios de siglo, pero dicho proyecto nunca se presentó por ese mismo motivo, según declaraciones de las autoridades bancarias que recogió una nota del periódico La Nación de julio de 2000. “Está claro. El Gobierno dijo que no está en la agenda. El PUSC dijo que eso trae mucha implicación política y el PLN dijo que ni siquiera quiere oírlo. Entonces, no hay nada que hacer”, declaró el entonces gerente de la entidad, Mario Barrenechea, quien falleció en noviembre de 2020.

Mercado concentrado y con distorsiones

El mercado bancario costarricense ha sido definido históricamente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como “concentrado” y con distorsiones regulatorias.

La OCDE señaló en 2018 que el principal problema de la banca del país era su “falta de competencia” y añadió que las diferencias regulatorias entre banca pública y privada no solo agravan esa situación, sino que su arreglo sería “una condición necesaria para una eventual privatización futura”.

“Sin embargo, no hay voluntad política para buscar la privatización y parece que existe un consenso social para mantener el status quo”, señalaba la entidad, en su informe de Estudios Económicos de entonces, cuyas anotaciones fueron remarcadas dos años después en la actualización más reciente del documento.

No resolver las diferencias regulatorias podría hacer que el BCR pierda valor en un proceso de venta, según Rodríguez. Si deja de ser estatal, dejaría también atrás algunas ventajas de mercado que ahora tiene y que facilitan su captación en el mercado.

Por ejemplo, hoy el BCR se beneficia de las normas que obligan a las empresas públicas a mantener sus cuentas en la banca del Estado y tampoco paga el ‘peaje bancario’: una carga del 17% que los bancos privados tienen que girar de los depósitos que captan para un fondo de crédito para el desarrollo que administran los bancos estatales.

“Todas estas regulaciones asimétricas fragmentan el mercado bancario costarricense, obstaculizan la eficiencia de los bancos públicos y privados, limitan la competencia y se traducen en uno de los márgenes de tasas de interés más altos de América Latina”, decía la OCDE al respecto.

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Para Adriana Rodríguez, hablar de la venta del BCR debería abrir la puerta para un debate más amplio sobre todas estas reformas que se volverían esenciales en ese contexto. Evitarlo no solo significaría desaprovechar la oportunidad, sino asumir un costo sobre el valor del Banco a la hora de traspasarlo.

“Son cuestiones que limitan la discrecionalidad administrativa en el modelo de negocios del banco”, apuntó.

Gerardo Corrales, sin embargo, considera que los bancos internacionales que llegan al país podrían encontrar ahorros en otras áreas. No es lo mismo para un banco local negociar las compras de bienes y servicios que necesita que para un gigante multinacional, recordó.

Rodríguez además señaló que, pese a todas las distorsiones, el país ofrece múltiples ventajas como “la estabilidad política, el marco jurídico, la ubicación, la amplia inversión extranjera, la dolarización a la que estamos acostumbrados con una economía dual”, entre otras.

La situación mundial, por otra parte, no le parece demasiado propicia para una operación de estas a Fernando Naranjo. Él aseguró que bancos internacionales no han mostrado mayor interés por aumentar su presencia en América Latina en los últimos años y que las previsiones de una economía mundial que se desacelera tampoco hablan de un mayor incentivo para incrementar el apetito. Eso, sin embargo, “solo podría confirmarlo o desmentirlo una firma especializada” y dichos estudios no se han hecho, dijo.

“La posibilidad de vender el BCR se viene hablando desde hace más de 25 años y lo mismo de BICSA, pero no se han encontrado el mecanismo, el momento oportuno, ni quién puede estar interesado (...) Otro factor es que crear un banco de cero es muy fácil en Costa Rica, aquí no hay muchos limitantes, y eso se debe tomar en cuenta”.

La incursión de nuevas firmas bancarias en Costa Rica ha sido poca en los últimos años y los cambios en ese sector han respondido a traspasos de operaciones menores a lo que supondría la venta del BCR. El banco estatal es grande para el país (el segundo con más activos), aunque en términos del mercado centroamericano apenas ofrece acceso a una población de cinco millones de los más de 40 millones de habitantes en el área.

Banco rentable

El BCR se muestra sólido y con ganancias hasta la fecha, a pesar de su prioridad estratégica estatal y de sus altas cargas impositivas. En 2021 contabilizó ganancias por ¢54.434 millones después de impuestos y participaciones, y de ¢104.947 millones sin ellas.

El Banco tiene sus operaciones financieras, pero también subsidiarias de pensiones y puesto de bolsa.

Dicha rentabilidad es, al mismo tiempo, uno de los argumentos a favor y en contra de su venta.

Por un lado, están quienes argumentan que se debe vender el activo porque precisamente puede generar atracción ahora que es rentable y otros, en cambio, que las rentas que genera actualmente cumplen una función social que el Estado tendría que defender.

“Las cargas parafiscales de los bancos estatales son el 35% de las utilidades del BCR y eso tiene como destinos el Fondo Nacional de Emergencias, el fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) y la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape). Si usted privatiza el Banco, desfinancia esas instituciones y habría que meterlo en el presupuesto, presumiblemente”, comentó Naranjo.

Entre tanto, el BCR llamó a la calma a sus clientes y a sus trabajadores. “Desde el BCR instamos a los actores respectivos a que realicen un análisis profundo sobre el alcance de la posible venta, así como de la afectación real que la medida tendría para el país”, redactó la entidad en un comunicado de prensa que se emitió este 17 de agosto: un día después del anuncio del presidente Chaves que tomó por sorpresa a todo el país, incluidas a las autoridades de la institución, según declaró el gerente general Douglas Soto.

“La posibilidad de vender el BCR se viene hablando desde hace más de 25 años y lo mismo de BICSA, pero no se han encontrado el mecanismo, el momento oportuno, ni quién puede estar interesado (...) Otro factor es que crear un banco de cero es muy fácil en Costa Rica, aquí no hay muchos limitantes, y eso se debe tomar en cuenta”.

—  Fernando Naranjo, economista y exgerente del BNCR