Los propietarios de proyectos industriales y de bodegas son los que presentan mayor informalidad al construir.
Un total de 417 proyectos (30%) de 1.390 de la Gran Área Metropolitana (GAM) son edificios industriales y bodegas sin permisos de construcción, de acuerdo con un análisis realizado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) sobre construcción informal en el 2015.
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Esa realidad no está lejos de lo que ocurre en las zonas rurales. Los mismos sectores –incluida en tercer lugar la vivienda individual– son los que registran más informalidad.
En el área industrial, por tratarse de edificios muy visibles y con dimensiones de altura, no pareciera fácil la evasión de los permisos, aunque son los que más lo presentan, comentó Olman Vargas, director ejecutivo del CFIA.
Estas edificaciones informales tienen una característica: deben construirse velozmente.
“La razón es sencilla: de ser descubiertos a tiempo por alguna institución, la obra podría clausurarse. Es por este motivo que el sector industrial y vivienda ofrecen todavía las ‘mejores condiciones’ para la informalidad. Levantar una bodega o nave, casi sin importar su tamaño, puede hacerse de una forma muy rápida”, comentó Francisco Navarro, consultor de bienes raíces.
En eso coincide Francisco Avilés, gerente general de la desarrolladora Argo Estrategia. “Armar una bodega, donde la mayor parte de los elementos son prefabricados, facilita mucho realizar las obras en poco tiempo”, dijo.
No obstante, en su caso, en el segmento que trabaja (proyectos residenciales de clase media-alta y alta), la incidencia de la construcción informal no es tan alta.
“Lo que más nos afecta son las remodelaciones informales para transformar inmuebles viejos en nuevas residencias que no cumplen con la normativa”, expresó.
Ronald Thamez, gerente de Mercadeo Corporativo de Plycem, destacó que las empresas formales que invierten agresivamente en innovación, en investigación y desarrollo tienen desventaja ante la competencia desleal e informal en su campo.
“Si certificamos de forma voluntaria nuestros procesos y productos y, además le cumplimos al país con el pago impuestos, nos afecta claramente la construcción informal que usa productos que no cumplen con el mínimo establecido para asegurar el buen desempeño de las obras y no poner en riesgo la seguridad de las personas”, manifestó Thamez.
Construir sin permiso pone en peligro las seguridad de las personas que habitarán o trabajarán en las instalaciones, sobre todo en un país con un nivel sísmico elevado como Costa Rica.
Además, el incumplimiento de la normativa técnica y ambiental no favorece a largo plazo a las desarrolladoras o inversionistas, ni al orden de reglas como sociedad, añadió Vargas.
Lo que puede salir un poco más barato al momento de levantar un negocio, puede ser el doble o más caro a futuro.
Las malas estructuras pueden acabar con vidas, ser clausuradas, someterse a multas por parte de municipios de hasta un 50% del costo de los permisos y llegar a ser demolidas.
La demolición se puede presentar más rápidamente, por ejemplo, si las autoridades comprueban que existe incumplimiento de permisos en sitios protegidos.
Empero, la reputación entre los negocios también es muy importante. ¿Cuánto arriesgaría su firma el prestigio y la confianza ante el mercado inmobiliario y los cartera de clientes por participar en este tipo de actividad?
Para Navarro, desde la perspectiva empresarial, el mayor riesgo es la desconfianza. “En una balanza, la confianza siempre va a ser mejor retribuida que la audacia. Sacrificar el largo plazo por el corto plazo le ha salido muy caro a muchas empresas en la historia”, aseguró el experto.
En el estudio, el CFIA contabiliza 2.090 proyectos en construcción y usa como parámetro los permisos municipales para determinar si son formales o no.
De manera generalizada, la construcción informal presentó una disminución respecto de un estudio del tema realizado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en el 2009. Pasó de un 23% ese año a un 15% en el 2015.
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Empero, sigue siendo un reto. “La responsabilidad es de todos y comienza por las personas, los trabajadores y las empresas”, resaltó Mónica Castillo, vocera de la Cámara Costarricense de la Construcción.
El sector industrial presenta debilidades.
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