En nuestro editorial anterior, titulado Un árbitro muy necesario, indicamos que la Corte Suprema de Justicia es un árbitro muy necesario en el proceso de aprobación de la reforma fiscal. Manifestamos, además, que la deslegitimación de este Poder de la República puede tener consecuencias funestas para la institucionalidad democrática del país. Sin embargo, en días recientes la Corte decidió abandonar su papel de árbitro institucional y descendió al terreno del juego de los grupos de presión que pretenden una tajada más o menos grande de la Hacienda Pública.
La reacción de la Corte ante el plan fiscal se puede sintetizar con pocas palabras: “No tengo objeciones, si no tocan mis salarios”. Egoísmo y miopía juntos. La Corte perdió su norte y en vez de velar por los intereses nacionales, decidió velar por sus intereses gremiales.
Cuando escuchábamos el debate de los magistrados nos hacíamos la pregunta: ¿Estamos escuchando a los más altos Jueces de la República o a los miembros de un sindicato? Es normal que un gremio defienda sus intereses, pero resulta repudiable el uso de la investidura de un poder de la República para entrar en la rebatiña como uno de los tantos grupos de presión de Costa Rica.
En la actitud de los magistrados hay una fuerte dosis de miopía. La mayoría de ellos se detuvo a examinar los límites establecidos por la reforma fiscal a los privilegios de su sistema salarial; pero no hicieron el análisis de cuáles son las consecuencias sobre el salario real de los funcionarios judiciales en caso de una crisis económica inducida por la ausencia de una reforma fiscal. Es decir, aún si los magistrados hubiesen partido de una visión de defensa de los privilegios de su gremio, un análisis menos corto de vista los habría llevado a una decisión más inteligente.
Lamentablemente, este Poder salió de este proceso con su credibilidad aún más erosionada, con lo cual le causó un daño irreparable a la institucionalidad del país. ¿Cómo depositar confianza en unos magistrados que velan por los intereses de su gremio, en vez de los del país? ¿Cuándo dictan sentencia ocurre lo mismo?
En particular, el señor Fernando Cruz, no ha estado a la altura de las circunstancias, porque en vez de actuar como el presidente del Poder Judicial, decidió actuar como el jefe del sindicato. El señor Cruz no ha logrado entender que si el Estado en su conjunto no es viable económicamente, tampoco lo será su feudo judicial.
Un panorama muy complicado
Las consecuencias de esta decisión de la Corte están apenas por verse. Dependerá del pronunciamiento de la Sala Constitucional y de la capacidad de la Asamblea Legislativa para salirse de este embrollo.
La consecuencia más inmediata de la decisión de la Corte serán las dificultades de la Tesorería Nacional para financiar el déficit para el resto del año. En el segundo semestre del 2018 las necesidades de financiamiento en el mercado interno son de ¢2 billones (dos millones de millones). El Gobierno deberá cancelar a finales de diciembre la suma de ¢498.000 millones de Letras del Tesoro al Banco Central. La decisión de la Corte dificulta, o si somos más optimistas, encarece los fondos que pretende obtener el Ministerio de Hacienda mediante los Contratos de Colocación.
La Corte pone cuesta arriba la aprobación de la reforma fiscal en un contexto económico local e internacional muy difícil. Nos preocupa el comportamiento del mercado cambiario. En las últimas semanas ha existido una tendencia alcista del tipo de cambio, a pesar de que el Banco Central ha vendido divisas para evitar una mayor devaluación. En este semestre las reservas monetarias internacionales se han reducido en casi $1.000 millones. Esta tendencia se ha acentuado en las últimas semanas como resultado del riesgo de la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El otro fenómeno preocupante es el contexto económico internacional. La FED ha continuado su proceso de aumento de las tasas de interés y de retiro de los estímulos monetarios. Esto hará que el financiamiento externo de Costa Rica sea menor y más caro. Pero, adicionalmente, la semana pasada el FMI publicó un informe con las perspectivas de la economía mundial, en el cual no hizo un pronóstico de recesión para el próximo año, pero procedió a recortar el pronóstico del crecimiento de la economía mundial y advirtió que los riesgos son a la baja.
Es difícil no estar pesimista cuando la institucionalidad del Poder Judicial resulta secuestrada por los intereses gremiales y cuando el contexto económico local e internacional son muy complejos.
Sin embargo, no queremos terminar este editorial con una nota pesimista. El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, ha reaccionado en forma correcta: con mesura, inteligencia y valentía para lograr el avance de la reforma fiscal. También hemos observado igual conducta en la mayoría de los legisladores.
Dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, actuando a la altura de las circunstancias. ¿Será mucho pedir que se les sume el tercero?