Tras una larga sesión de Corte Plena que se prolongó por cinco horas, 11 de los 22 magistrados aprobaron este martes un informe emitido por la Dirección Jurídica del Poder Judicial que se señala que el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas afecta el funcionamiento y la independencia del tercer Poder de la República.
Los magistrados hicieron uso de la palabra para exponer sus diferentes posiciones sobre el tema y finalmente decidieron someter a votación cinco escenarios posibles.
Finalmente, 11 jueces magistrados apoyaron la propuesta de que la reforma fiscal aprobada en primer debate por los diputados el pasado 5 de octubre sí afecta el funcionamiento, organización e independencia del Poder Judicial y acordaron pedir al Congreso modificaciones al texto para evitar esa situación.
¿Ahora qué sigue?
La Corte Suprema de Justicia enviará una respuesta a la Asamblea Legislativa en la que manifestará su oposición a la reforma fiscal y pedirán cuatro grandes cambios al texto:
1- Que se elimine la rectoría de empleo público, que, según el texto, deberá ejercer el Ministerio de Planificación (Mideplan) sobre el Poder Judicial.
2- La obligatoriedad de lineamientos técnicos del Servicio Civil para el Poder Judicial.
3- Cambiar las disposiciones de la regla fiscal que afecten el presupuesto asignado cada año al Poder Judicial por medio de la Constitución Política o de acuerdo con leyes específicas.
4- Eliminar las restricciones establecidas en el proyecto de ley sobre salarios de los funcionarios del Poder Judicial y sus respectivos componentes.
Carolina Hidalgo, presidenta de la Asamblea Legislativa, aseguró la tarde de este martes que el trámite para votar la reforma fiscal en segundo debate continúa con miras a la próxima semana.
Hidalgo señaló que esperarán la respuesta formal del Poder Judicial y de las otras instituciones consultadas, para analizar los textos.
¿Qué pasó en la discusión?
Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que la reforma fiscal afecta el funcionamiento del Poder Judicial y que no sabe si el proyecto podrá resistir un recurso de amparo en caso de existan roces de constitucionalidad en el tema de los salarios.
El magistrado presidente anunció este martes que se inhibirá de conocer la reforma fiscal en caso de que llegue a la Sala Constitucional
“¿Por qué no aumentamos el impuesto a las personas jurídicas en un 3%?, nosotros clase media vamos a resolver la pobreza del país”, aseveró Cruz.
El magistrado señaló que hay urgencia en Costa Rica por aprobar la reforma fiscal, pero también la hay por garantizar la independencia del Poder Judicial.
"Nos preguntan a última hora, después de aprobado en primer debate, si la reforma está bien. Hay angustia, hay premura, claro que las hay, pero también hay angustia por preservar la independencia del Poder Judicial", señaló el Presidente de la Corte.
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Cruz agregó durante su participación en la sesión de Corte Plena de este martes que "llevamos años resolviendo al ritmo del miedo, al filo de la navaja. Nos dicen que si no firmamos perdemos el trabajo”.
Los 22 magistrados mostraron sus diferentes posiciones sobre la reforma con el conocimiento de la delicada situación de las finanzas públicas asfixiadas por un déficit fiscal que llegará al 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del año y un nivel de deuda que alcanzará el 53,5% en el presupuesto nacional del 2019.
¿Qué quieren cambiar los magistrados?
Las solicitudes para modificar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas están dirigidas a liberar a los funcionarios del Poder Judicial de las medidas de contención de gasto que el proyecto plantea.
Según la Corte, el proyecto de ley no debe limitar el crecimiento de las anualidades para los funcionarios judiciales. El texto aprobado por los diputados en primer debate impone que las anualidades crezcan por un monto fijo en lugar de un porcentaje del salario.
Los magistrados también se opusieron a la reducción de los porcentajes que se pagan en los pluses de dedicación exclusiva y prohibición del ejercicio liberal de la carrera. En ambos casos la medida se aplicaría para nuevos funcionarios del Poder Judicial tras la aprobación de la reforma.
Vea aquí la transmisión completa de la sesión de Corte Plena de este martes 16 de octubre.
Camino de consultas
El expediente 20.580 se aprobó en medio de un fuerte operativo en los alrededores de la Asamblea Legislativa debido a las protestas sociales contra esta política pública, movimiento que inició el pasado 10 de setiembre.
La reforma fiscal fue publicada en el diario oficial La Gaceta.
El pasado viernes 5 de octubre, los diputados aprobaron una moción para enviar el texto a consulta a un grupo de instituciones que se verían afectadas directamente con la implementación de la ley, se trata del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), los bancos del Estado y todas las municipalidades, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), las instituciones autónomas y las universidades estatales, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Estas instituciones tienen ocho días hábiles para responder la consulta que les envió la Asamblea Legislativa sobre la reforma fiscal, ese plazo vence este jueves 18 de octubre. El proceso de consultas suspende el trámite del proyecto en el Congreso.
Finalmente, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se podría encaminar a una consulta en la Sala Constitucional que se llevaría hasta 45 días.
La consulta ante los jueces constitucionales es un filtro que no lograron pasar reformas anteriores como la Ley de Pacto Fiscal y Reforma Fiscal Estructural (2006) y la Ley de Solidaridad Tributaria (2012).
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