¿Cómo me afectará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que entrará en vigencia el próximo lunes 1° de julio? Palabras más, palabras menos, esta es, sin duda alguna, una de las preguntas más relevantes de la actualidad económica en nuestro país; una interrogante que inquieta y desvela a trabajadores, productores, generadores de servicios y consumidores, y a la que EF, fiel a los compromisos periodísticos que adquirió con sus audiencias en el editorial de su primera edición —13-19 de marzo de 1995— ha dado respuesta de manera sistemática y, en especial, por medio del proyecto editorial #MiCasoIVA.

Se trata de un esfuerzo innovador, didáctico y riguroso que suma ya más de treinta casos concretos tendientes a explicarle a nuestros lectores los impactos financieros que tendrá el IVA (Impuesto al Valor Agregado) en los bolsillos y presupuestos de contribuyentes de ambos sexos que participan en diversas actividades económicas.

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El Impuesto al Valor Agregado es un tributo en el que el último participante de la cadena de producción de bienes y servicios debe acreditar los impuestos que pagaron los intermediarios a lo largo de todo el proceso. Se trata de un sistema que permite revisar quiénes cumplieron con la cancelación de los tributos a lo largo de toda la cadena, lo que se conoce como trazabilidad.

#MiCasoIVA va más allá de los efectos económicos, pues también detalla los bienes y servicios que serán exonerados, especifica cuáles personas físicas y jurídicas deberán declarar el pago del tributo ante el Ministerio de Hacienda, con qué periodicidad tendrán que hacerlo, de cuáles deducciones y créditos fiscales podrán hacer uso, cómo operarán las retenciones del impuesto y las ventas a crédito, qué requisitos deben cumplir las facturas electrónicas, de qué manera habrá que proceder con los proveedores y más información vital para entender y acatar las nuevas reglas del juego.

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Así, por ejemplo, detallamos cómo deben prepararse y qué pueden esperar transportistas, inquilinos de condominios, profesores universitarios, arrendadores de casas de habitación, propietarias de salones de belleza, gerentes de exportadoras de software, instructores de gimnasios, dueños de locales que se alquilan a los minisuper, ginecólogos de clínicas privadas, usuarios de servicios de Internet, vendedores de seguros, propietarios de escuelas de música y empresas que brindan servicios de jardinería, vendedoras de productos por catálogo y arquitectos que brindan servicios profesionales.

Aporte constructivo

Hablamos de Jennifer, Édgar, Olga, Kenneth, Mayela, Max, Krysia, Carlos, Lorena, Hugo, Mariana, Ari, Kattia, José, Marilyn, María José, Tomás, Fabiola, Arnoldo, Adriana, Jorge, Luciana, Johnny, Rebeca y muchas personas más que de alguna u otra manera representan a la Costa Rica que ingresará a una nueva realidad tributaria cuando —dentro de muy pocos días— entre en vigencia la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, impulsada por la administración Alvarado Quesada y aprobada en segundo debate por la Asamblea Legislativa el pasado 3 de diciembre.

Como ya se ha explicado en las páginas de este periódico, la reforma fiscal actualizará el impuesto de ventas que rige desde 1982 (que será sustituido por el IVA), modernizará el de renta que data de 1988 y transformará el pago de incentivos a los empleados públicos que fueron creados en 1957 con la Ley de Salarios de la Administración Pública. Todo ello con el propósito de sanear, al menos en parte, el déficit en las finanzas públicas.

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¿Que se trata de una medida dolorosa sobre todo en tiempos de desaceleración económica? Por supuesto que sí, pero el costo de la inacción o la indolencia política —actitud que “distinguió” al ¿gobierno? de Luis Guillermo Solís Rivera— habría sido más alto e ingrato para los hogares y las empresas, pues un creciente y descontrolado déficit fiscal habría obligado a las autoridades de Hacienda a presionar las tasas de interés hacia el alza en su afán por obtener en el mercado local los recursos financieros que difícilmente habría encontrado en el mercado externo. No se necesita ser un gurú económico para pronosticar lo que habría sucedido en una sociedad altamente endeudada.

Llevar esa iniciativa a buen puerto sumió al país en una huelga del sector público que duró 89 días y afectó la prestación de diversos servicios públicos, entre ellos los de salud, y trastornó en especial la recta final del período lectivo del 2018. Asimismo, aquellos fueron días de una perturbadora incertidumbre jurídica que se superó cuando el texto del entonces proyecto de ley superó el tamiz de la constitucionalidad y se determinó que no contenía elementos que afectaran la independencia del Poder Judicial.

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No pretendemos, con este editorial, reabrir las cicatrices de ese turbulento pasado cercano. Tenemos que pasar la página y prepararnos para el nuevo escenario fiscal. Contribuir de manera constructiva en esta tarea es el objetivo de #MiCasoIVA, una idea de los periodistas Laura Ávila, María Luisa Madrigal y Manuel Avendaño, coordinada con acierto por la editora Eugenia Soto Morales. EF honra así el compromiso que asumió hace 24 años: ser una herramienta útil para la toma de decisiones.