La emergencia nacional por la pandemia del COVID-19 continúa mostrando lo mejor de nuestro sistema público de salud, sobre todo si lo comparamos con la realidad que están viviendo otros países. Hemos visto a las autoridades de salud actuando de forma atinada y al Presidente y al Ministro del ramo liderando proactivamente los esfuerzos de miles de funcionarios por controlar la pandemia.
También hemos visto a muchas empresas privadas reaccionar solidariamente. Empresas cuya actividad más bien se ha intensificado con la emergencia han tomado medidas de apoyo y protección a los clientes, como varias cadenas de supermercados, y empresas en los sectores más afectados han buscado alternativas que da la legislación para evitar despidos masivos.
En la misma línea, debe destacarse el esfuerzo de los diputados, que han puesto a funcionar diversas mesas de negociación y acelerado trámites para aprobar leyes urgentes. Legislar en tiempos de crisis, eso sí, plantea dificultades y retos importantes que deben considerarse, para no caer en extremos que puedan generar más costos que beneficios una vez que pase la emergencia.
El pasado 20 de marzo se publicó la Ley de Alivio fiscal ante el COVID-19 (N° 9830), que establece una moratoria en el pago del impuesto al valor agregado (IVA), pagos parciales del impuesto sobre la renta, impuesto selectivo de consumo y aranceles de importación. Como lo expresamos en el editorial en nuestra edición anterior, nos preocupan las consecuencias de esa ley sobre el aumento del déficit del Gobierno central, que ya algunos analistas están proyectando podría ser de entre el 9% y el 10% del PIB al final del año. Ante este peligroso panorama, los diputados deberían ser muy cuidadosos y analizar el impacto fiscal de las medidas que aprueban.
Asimismo, el 23 de marzo se publicó la Ley Autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional (N° 9832). Esta autoriza la reducción temporal de las jornadas de trabajo en el sector privado, con el fin de preservar hasta donde sea posible el empleo de los trabajadores. Es una alternativa menos gravosa para los trabajadores que medidas más extremas como la suspensión o terminación de los contratos de trabajo. Lamentablemente la ley no incluyó la posibilidad de medidas similares en el sector público, en instituciones no relacionadas con la atención de la emergencia sanitaria, lo que habría permitido empezar a contener de alguna manera el gasto público en anticipación al deterioro fiscal que se avecina.
Por otra parte, para ayudar a trabajadores afectados con la pérdida de ingresos ocasionada por la pandemia, los diputados están considerando reformas a la Ley de Protección al Trabajador que podrían permitir el retiro de los recursos del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) e incluso del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP). Nos parece que este tema debe verse con mucho cuidado.
FCL y ROP
El FCL es un complemento de la cesantía y según la legislación vigente el trabajador puede retirarlo cuando termina una relación laboral o cada cinco años. Ya las operadoras de pensiones complementarias que administran los fondos tienen incorporados esos retiros en su planificación financiera y reservas de liquidez, conforme a normativa emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y la Superintendencia de Pensiones (Supen).
Gran parte de los fondos del FCL están invertidos en bonos del Gobierno. Si se permite a los trabajadores el retiro total e inmediato, las operadoras se verían obligadas a liquidar masivamente esos bonos, lo que se traería abajo su valor de mercado ocasionando pérdidas que terminarían afectando a los propios trabajadores.
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En tal sentido, la idea incorporada en uno de los textos que se han estado negociando, de permitir el retiro del FCL, además de los casos actualmente previstos, en casos en que el trabajador haya visto reducidos sus ingresos debido a una suspensión de su contrato de trabajo o reducción de su jornada laboral al amparo de la legislación recién aprobada, parece una alternativa razonable. De todas formas sería necesario prever un mecanismo apropiado para darle liquidez a las inversiones sin afectar la valoración del FCL.
La coyuntura actual ha revivido otro proyecto que había perdido fuerza, el de permitir el retiro anticipado de los fondos del ROP, que según la legislación actual están destinados a complementar la pensión del régimen básico de cada trabajador una vez que cumpla la edad y demás requisitos para el retiro.
Como lo hemos manifestado en otras oportunidades, esta propuesta alteraría completamente la finalidad legal del ROP y su naturaleza de fondo de pensión complementaria, dirigido a proteger a los trabajadores durante la vejez y prevenir que muchos caigan en situación de pobreza. El tema es particularmente preocupante en estos momentos en que, además de que la viabilidad financiera de los regímenes básicos de pensiones está en serio cuestionamiento, se prevé un deterioro en los ingresos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en el déficit del Gobierno, factores que podrían complicar aún más la sostenibilidad de dichos regímenes.
Comprendemos la buena intención de los diputados de auxiliar a trabajadores en la difícil coyuntura actual. Sin embargo, deberían ponderar muy bien si la situación amerita traerse abajo el segundo pilar del sistema de pensiones del país, con las graves consecuencias que esa decisión podría tener para muchos trabajadores en el futuro.