En los últimos 20 años Costa Rica ha duplicado el monto anual exportado de bienes y cuadruplicado el de servicios. El total de exportaciones de bienes y servicios en el 2018 se acercará a los $20.000 millones. En bienes hemos pasado de exportaciones concentradas en unos cuantos productos, principalmente agrícolas, a más de 4.000 productos. Solo equipo de precisión y médico, que prácticamente no existía en el cuadro exportador costarricense en 1998, hoy en día representa alrededor de $3.000 millones al año.

El crecimiento y diversificación de las exportaciones han estado ligados al aumento de la inversión extranjera y a la apertura de mercados lograda gracias a la red de tratados comerciales firmados por el país. Las exportaciones se han convertido así en un motor fundamental del crecimiento económico y del empleo. Se estima que representan alrededor de un tercio del PIB y generan cerca de 700.000 empleos.

¿Hasta qué grado participan empresas de capital nacional en la actividad exportadora? Es un tema interesante, al que dedicamos una nota en esta edición y que nos lleva a plantear algunas reflexiones.

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Según datos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), a octubre del 2018 el 68% de las empresas que exportaban bienes desde Costa Rica eran de capital nacional (1.605 de un total de 2.371 empresas). En términos de valor exportado, el porcentaje que aportan las empresas de capital nacional se reduce a cerca de un 30% ($2.879 millones de un total de $9.506 millones). Mientras Costa Rica exporta en total a 153 países, las empresas de capital nacional llevan sus bienes a 70 destinos.

Si observamos la composición de esas exportaciones, un poco más del 50% de las empresas nacionales exportan productos agropecuarios y casi el 40% se concentran en piña y banano. Esto no es necesariamente negativo. Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto empresas de capital nacional podrían integrarse más a la exportación de bienes novedosos, no tradicionales, y qué factores podrían estarlo limitando.

Un elemento importante a tomar en cuenta es que no necesariamente las empresas de capital nacional, en especial pequeñas y medianas empresas (pymes), pueden o tienen que convertirse en exportadoras directas para percibir los beneficios de una mayor integración con el mercado global. Las multinacionales exportadoras, instaladas en su mayor parte en zonas francas, tienen acceso a tecnología y a redes de distribución y mercadeo que son difíciles de acceder para una pyme.

Acción decidida

Por eso es vital la figura de los encadenamientos productivos, es decir, empresas multinacionales exportadoras que adquieren sus insumos de empresas costarricenses. Se estima que casi un 40% de los insumos que compran las empresas de zona franca provienen de empresas locales.

Independientemente del capital nacional o extranjero de las empresas exportadoras, el Estado debe continuar promoviendo y facilitando las exportaciones, y en especial a las pymes con potencial exportador, a las cuales se les dificulta más lidiar con el exceso de trámites, las limitaciones en el acceso al crédito y otros problemas crónicos del país.

Entre las acciones que el Estado debería adoptar para fomentar las exportaciones y aumentar la participación de empresas nacionales, funcionarios consultados del sector comercio exterior mencionan temas ya conocidos: mejorar la infraestructura; mejora regulatoria; fomentar la innovación con el fortalecimiento de una agencia de innovación y adopción de estándares de la OCDE; cambios en la “cultura conservadora” de financiamiento; identificar actividades productivas nuevas en el sector agrícola; capacitaciones sobre mercados potenciales, productos innovadores y procesos.

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La reforma fiscal recién aprobada nos salvó de una crisis inminente, pero la situación fiscal seguirá siendo delicada, debido en gran parte a un Estado costoso e inoperante en muchos campos. El sector comercio exterior es uno de los pocos en que la institucionalidad funciona bien, pero la triada de Comex, Procomer y Cinde no puede resolver todos los problemas de competitividad del país.

Si se quiere aumentar la participación de empresas nacionales y lograr que las exportaciones e inversión nacional y extranjera crezcan, el Estado debe acometer seriamente y con urgencia los grandes problemas pendientes en infraestructura, educación, innovación, acceso al crédito, tramitomanía, competencia.

Se requiere una acción decidida del Ejecutivo, en coordinación con la Asamblea Legislativa, para aprobar reformas necesarias en esos temas. Algunas de esas reformas son requeridas para la adhesión a la OCDE. Otras, como las reformas a instituciones y programas redundantes o innecesarios y la apertura de monopolios que aún subsisten, no pueden seguirse postergando, aunque generen polémica.

En las principales fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa se aprecia disposición a entrarle a temas polémicos, pero se requiere liderazgo del Ejecutivo. El llamado a un diálogo social no debe significar un freno a reformas urgentes para la competitividad del país. Sería un grave error.