Fue aprobada la ley que fortalece a las autoridades de competencia, una de las leyes necesarias para el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Entrará a regir con su publicación, salvo algunos aspectos regulados en disposiciones transitorias que tomarán más tiempo, como lo relativo a la reorganización de la Comisión para promover la Competencia (Coprocom), autoridad encargada del tema, y la designación de los funcionarios que la dirigirán.

La nueva ley introduce reformas importantes en un tema que, a pesar de estar regulado desde hace 25 años, no ha tenido el desarrollo que amerita.

Una de las reformas principales tiene que ver con aspectos institucionales. La Coprocom ha funcionado desde su creación como una junta directiva, que se reúne semanalmente para decidir sobre los casos sometidos a su conocimiento, y ha contado con personal de apoyo y presupuesto muy limitados, dependientes del ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic), un ministerio venido a menos en las últimas décadas.

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Esas condiciones le han restado capacidad para cumplir adecuadamente su cometido. La investigación de muchos casos se ha extendido por años y los tribunales han anulado varias sanciones que ha impuesto, por atrasos o errores de procedimiento. En otras tareas, como realizar estudios de mercado y pronunciarse sobre leyes y reglamentos que perjudican la libre competencia, la Coprocom se ha percibido ausente.

Al transformarse ahora en un tribunal administrativo a tiempo completo, al estilo del Tribunal Fiscal Administrativo adscrito al ministerio de Hacienda, y dotársele de mayor independencia y más recursos, se espera que la Coprocom funcione mucho mejor, libre de conflictos de interés o inhibiciones recurrentes como ocurría en el pasado, y que pueda investigar y resolver con más rapidez.

Algo determinante será el proceso de selección de los futuros comisionados, que deberá reglamentar y conducir el Poder Ejecutivo y que habrá de culminar con nombramientos sujetos a ratificación legislativa. La selección de personas idóneas será fundamental para lograr un verdadero cambio de paradigma, al igual que la dotación del presupuesto que prevé la ley.

Mayores potestades

Además de los cambios institucionales, la ley aprobada innova introduciendo procedimientos específicos para la revisión de concentraciones de empresas e investigación de prácticas monopolísticas, con plazos de resolución y mayores garantías para los sujetos participantes. Una de las innovaciones es la figura de la clemencia, muy utilizada internacionalmente para descubrir y sancionar acuerdos ilícitos entre competidores, que permite exonerar totalmente de multa al primer miembro de un cartel que se atreva a denunciar la práctica y reducir la sanción a otros participantes que se unan posteriormente al proceso. El tema se explica más en detalle en una nota que incluimos en esta edición.

Otro aspecto importante es el fortalecimiento de las potestades de la Coprocom; por ejemplo, para realizar estudios de mercado y para poder impugnar directamente ante los tribunales leyes y reglamentos contrarios a la libre competencia. Además, se aumentan las multas aplicables a concentraciones ilícitas y prácticas monopolísticas. En el futuro una empresa que incurra en una práctica monopolística podría recibir multas de hasta un 10% de su volumen anual de negocios, estándar similar al de la Unión Europea en la materia.

Varios de los cambios legales mencionados favorecerán también a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), que es la autoridad en temas de competencia del sector telecomunicaciones; aunque ese órgano, a diferencia de la Coprocom, ya cuenta con independencia y recursos propios desde su creación en el 2008.

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La nueva ley amplía el ámbito de acción de la Coprocom en cuando a conductas que se originen en el extranjero y concesionarios y ciertos entes públicos que antes estaban exentos, aunque no abre a la competencia monopolios públicos y mantiene excluidos actos expresamente autorizados por leyes especiales, lo que cubre a ciertas corporaciones agrícolas y colegios profesionales.

Si debiera irse más allá y darse a la autoridad de competencia el rango de institución autónoma. Si se justifica mantener una autoridad de competencia separada para telecomunicaciones. Si debiera someterse a todos los sectores a la normativa de competencia, eliminando la excepción de los actos regulados por leyes especiales. Esos temas han de quedar para discusión futura.

Los mayores poderes que se le otorgan a las autoridades de competencia llevan aparejada una gran responsabilidad, ya que sus resoluciones pueden tener graves consecuencias. Por eso debemos ser vigilantes del proceso de reglamentación de la ley e integración de las nuevas autoridades, que estará a cargo del Poder Ejecutivo. Si no se hace bien, empresas podrían llegar a verse afectadas injustamente o se podría privar a los consumidores de los beneficios de la nueva ley.