La Contraloría General de la República “improbó” el proyecto de canon de regulación que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) pretendía cobrar en 2022 a los operadores de telefonía, Internet y otros servicios, pues a criterio del órgano contralo no se cumplía con los lineamientos que el mismo Consejo Directivo de Sutel definió en marzo anterior.
Sutel presentó el proyecto de canon de regulación, que debe ser aprobado por la Contraloría, por ¢8.863 millones. Sin embargo, el órgano contralor le indicó que “se superó el límite establecido” en ¢2.049 millones y no se encontraron las justificaciones que debía presentar.
“A criterio de la Contraloría General, la propuesta presentada por la Sutel no presenta sustento, en vista de que la proyección de costos que realiza ese órgano regulador no fundamenta razonablemente los montos requeridos para cubrir el servicio de regulación, de forma tal que permita garantizar de manera razonable su apego al principio de servicio al costo”, le indicó el pasado 30 de julio la Contraloría a Federico Chacón, presidente de Sutel.
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La Contraloría le indica, además, que “el límite máximo que por concepto de ingresos del canon de regulación puede incorporar la Sutel en el presupuesto institucional que debe presentar corresponde a la suma de ¢6.611 millones”.
Sutel presentó un recurso de revocatoria el pasado 5 de agosto, el cual está en curso. Según la Sutel, el proyecto de canon es el producto de múltiples sesiones de trabajo donde se valoró las estimaciones pertinentes a cada dependencia de la Superintendencia y el cumplimiento del plan operativo de regulación y espectro, así como fue aprobado por el consejo de la misma Sutel y la junta directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
El proyecto fue cuestionado por la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), el Instituto Costarricense de Electricidad y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
“La posición de Infocom es la misma que venimos sosteniendo durante los últimos años, es decir: el canon que solicita Sutel debe ser el necesario para el funcionamiento del ente regulador según el principio de servicio al costo. Por tanto, no deberían quedar recursos superavitarios al final de cada ejercicio”, respondió Mario Montero, presidente de Infocom.
El canon de regulación, según el artículo 62 de la Ley General de Telecomunicaciones (N° 8642), es el cargo pagan los operadores y genera los recursos para la regulación del sector. A Sutel le corresponde hacer el cálculo inicial del monto y la posterior distribución entre las empresas siguiendo criterios de proporcionalidad y equidad. La propuesta del monto global debe ser enviada por Sutel para que sea aprobado por la Contraloría, pero esta no es la primera vez que se rechaza.
Incumplimiento
La Contraloría señaló que en el proyecto de canon de regulación para el 2022 presentado es clara una disminución de menos del 1% en comparación con el monto del año 2021, pero se incumplieron los parámetros que el mismo Consejo Directivo de Sutel definió. “La Administración es consciente del no cumplimiento de los lineamientos”, recalca la Contraloría a Sutel.
El proyecto que presentó la Superintendencia debía aplicar al plan de gastos inicial de 2021 el porcentaje promedio de ejecución de los presupuestos del periodo 2016 a 2020 por partida presupuestaria y centro funcional.
En el proyecto presentado, sin embargo, cuatro de las cinco partidas presupuestarias superaron el límite establecido por el Consejo Directivo de Sutel y tampoco se encontró la debida justificación que se exigía para los “casos excepcionales”: cumplimiento de obligaciones contractuales, recomendaciones de órganos de fiscalización, iniciativas del Consejo o cumplimientos de obligaciones legales.
La Contraloría recalcó que, al excederse, se incumple el principio de servicio al costo y se establece un cobro que sobrepasa el nivel de ejecución presupuestaria. Reclama además que, cuando se le consultó, la respuesta de Sutel se centró en el proceso de diseño del plan de gastos y no en por qué las dependencias administrativas no se ajustaron a los límites presupuestarios, a la necesidad de alcanzar un mayor nivel de ejecución y al objetivo de generar superávit.
Los lineamientos fueron definidos por el Consejo Directivo de Sutel en la sesión 018-2021 del 12 de marzo anterior. Según el acta, la Dirección General de Operaciones presentó dos escenarios: uno basado en el promedio de ejecución presupuestaria de varios años anteriores, cuando la ejecución era más baja que en los últimos tres periodos, y el segundo basado en el porcentaje (85%) de ejecución presupuestaria del 2020.
El Consejo Directivo se inclinó por trabajar con el escenario “conservador”, el primero, utilizando el monto del presupuesto inicial del 2021 y el porcentaje promedio de ejecución 2016-2020.
Al mes siguiente, la misma Dirección de Operaciones presentó al Consejo Directivo el proyecto de presupuesto y canon de regulación para el 2022, pues el Micitt solicitó adelantar de junio a mayo pasados su presentación. Según la explicación dada a los directivos el plan consideraría el tipo de cambio (¢633 por dólar), la regla fiscal (0,66%) y no incluye incrementos salariales.
Ante los cuestionamientos de los directivos, que constan en el acta de la sesión, los funcionarios admitieron que la información sobre las justificaciones no fueron presentadas por las diferentes áreas. Los directivos insistieron en incluirlas y hasta se dejó constancia sobre la necesidad de mejoras en la planificación a cargo de la Dirección de Operaciones de Sutel.
Eficiencia
La Contraloría recordó a Sutel que “debe tener presente que el canon de regulación debe estar sustentado únicamente en los gastos que se requieren para ejercer la regulación conforme una administración eficiente”.
La industria también insiste en ese requerimiento. Infocom recalcó que al cierre del año 2020, Sutel reportó un superávit de ¢5.519 millones. De ellos, ¢3.314 millones provienen del canon de regulación. Esta cifra representaría un 46% del canon solicitado para 2022.
“En términos prácticos, Sutel tiene en reserva una suma equivalente a casi la mitad del canon del año siguiente”, argumentó Montero. “Esto significa una gran carga para los operadores, pues resta recursos necesarios para hacer inversiones en ampliación de redes y mejoramiento en cobertura y de servicios en general”.
Infocom indicó que, basándose en los mismos datos de Sutel, el año pasado las inversiones de las compañías se contrajeron 78%. La Cámara agregó que pretender un incremento en el canon de regulación para el 2022, con respecto al aplicado en 2021, no es consistente con la realidad económica del país ni con la del sector en particular, pues los ingresos totales del sector sufrieron una contracción del 4,2% debido a los efectos de la pandemia.
“En los últimos cinco años el superávit (de Sutel) se ha ubicado entre el 22% y el 27%. Por esta razón, afirmamos que hay un margen de mejora para que se revisen las partidas presupuestarias y evitar solicitar más recursos vía canon de regulación, que finalmente quedan sin aplicación al final de cada ejercicio”, insistió Montero.
Sutel recalcó que trabaja bajo el principio de servicio al costo, por lo que reducir el canon impactaría la ejecución de proyectos y su servicio. La entidad argumentó que si bien el país sufre las consecuencias de la pandemia, inlcuyendo la contractura económica en las telecomunicaciones, también el sector es el sostén de muchas actividades que demandan más tráfico.
“La labor del regulador se incrementó: Sutel creó e implementó el Índice de Respuesta al Incremento de Tráfico y generó 12 informes que lograron identificar la respuesta de las redes y permitió de forma eficiente mantener la continuidad del servicio”, respondió la entidad.
La Superintendencia argumentó que en el 2020 surgieron 10 nuevos operadores y aumentaron la cantidad de suscripciones a Internet fijo en 88.000 y los reclamos de los usuarios a los operadores en calidad de servicios (47% con respecto al 2019). De esa forma creció la demanda de los servicios de Sutel, por lo que recortar el canon afectaría su servicio a operadores y usuarios y los proyectos como el Sistema de Gestión de Terminales Móviles o “listas blancas”, para regular la cantidad de celulares robados o adulterados en el mercado.
Nota de redactor: información actualizada con respuesta de Sutel enviada el 12 de agosto.