Por: Carlos Cordero.   16 agosto
El canon que pagan los operadores permite cubrir el presupuesto de la Sutel. (Foto archivo GN)
El canon que pagan los operadores permite cubrir el presupuesto de la Sutel. (Foto archivo GN)

La Contraloría General de la República rechazó la propuesta de canon de regulación que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) iba a cobrar a los operadores locales.

El órgano contralor, además, fijó en ¢5.246 millones el monto máximo que puede utilizar la Sutel para definir el presupuesto institucional del 2019, el cual debe someter nuevamente a consideración y aprobación de la misma Contraloría.

El canon de regulación se compone de los recursos aportados por los operadores de telefonía móvil, Internet, líneas dedicadas, telefonía fija e IP, y otros servicios para que la Superintendencia cubra sus gastos operativos (véase recuadro: ¿Qué es el canon?).

¿Qué es el canon?
Está en la Ley: La Ley General de Telecomunicaciones, aprobada en 2008, indica en el artículo 63 que los operadores y proveedores de servicios deben pagar un único cargo de regulación anual, que dota recursos para la administración.
Para el presupuesto: La Contraloría General de la República señala que la aprobación del canon de regulación es un paso previo para desarrollar la aprobación presupuestaria y permite a Sutel perfilar el monto máximo para su presupuesto. 
Fuente: Ley General de Telecomunicaciones y Contraloría General de la República

La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría notificó la “improbación del proyecto de canon” a la Sutel el 31 de agosto. La Superintendencia reaccionó de inmediato presentando un recurso de revocatoria y apelación en subsidio, aún en trámite.

“La Contraloría señaló cuestionamientos a un pequeño grupo de partidas operativas (alquiler y mantenimiento de edificio, servicios básicos, entre otros) que representan solo un 3,3% del canon de regulación del 2019”, respondió Gilbert Camacho, miembro del consejo de la Sutel.

Camacho agregó que mientras se analiza el recurso, la Sutel “por respeto al proceso, por el momento, no se referirá al fondo del tema”.

La oficina de prensa de la Contraloría, por su parte, confirmó que en este momento la gestión está en análisis para su resolución. Dependiendo del resultado de la revocatoria, pasaría ante el despacho para resolver la apelación.

El proyecto de canon para el 2019 de la Sutel fue cuestionado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Viceministerio de Telecomunicaciones, el rector del sector.

El Instituto criticó que la propuesta inicial, de canon presentada por la Sutel, incumple los principios presupuestarios de servicio al costo y no contempla la totalidad del superávit acumulado por el regulador.

El Viceministerio advirtió, a su vez, que el proyecto carece de un informe sobre ejecuciones presupuestarias y criticó la metodología de cálculo empleada por Sutel en algunas subpartidas.

La Rectoría también cuestionó el incremento en el factor de distribución asociado a la regulación y se refirió asimismo a los saldos del suparávit acumulado.

La Sutel recibe, tramita y resuelve las quejas de los usuarios por problemas de servicio con los operadores. Además, realiza evaluaciones de cobertura y calidad. (Foto archivo GN)
La Sutel recibe, tramita y resuelve las quejas de los usuarios por problemas de servicio con los operadores. Además, realiza evaluaciones de cobertura y calidad. (Foto archivo GN)
Servicio al costo

En su notificación, la Contraloría recuerda a la Sutel que el canon de regulación del sector de telecomunicaciones debe obedecer a la aplicación del principio de servicio al costo desde que se realiza el cálculo hasta la ejecución y la liquidación presupuestaria.

“Teniendo en cuenta dicho parámetro y a partir de la información suministrada por la Sutel no es posible corroborar que el método de estimación empleado por ese órgano regulador para la estimación del canon de regulación correspondiente al periodo 2019, sea consistente con la aplicación del referido principio de servicio al costo”, se indica en la notificación.

Según la Contraloría los cálculos de la Sutel no responden a los criterios de estimación que fueron definidos en el mismo proyecto de canon y hay inconsistencias en el método de valoración.

La debilidad señalada se debe a que inicialmente se estableció una forma de cálculo que implicaba un aumento del 4% del presupuesto ejecutado en el 2017.

Cuando se fue a verificar esa metodología se generaron diferencias, dice la Contraloría, que no fue posible explicar con la información proporcionada por Sutel.

“La propuesta presentada por la Sutel carece de elementos metodológicos y de estimación uniformes”, señala la Contraloría. “Además, la proyección de costos que realiza ese órgano regulador no fundamenta razonablemente los montos requeridos para cubrir el servicio de regulación”.

El monto límite que le estableció la Contraloría a Sutel se estimó tomando la liquidación del presupuesto del 2017, que fue de ¢5.044 millones, más la inflación estimada (4%).

La estimación se realiza de acuerdo como lo establece la ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, a la que está adscrita Sutel.

No es la primera vez que hay cuestionamientos al canon y al presupuesto de la Sutel.

En agosto del 2017 se había advertido que el cálculo presupuestario de la Superintendencia tenía problema, mientras que la ejecución era deficiente.

Ya en el 2016 la institución había ejecutado el 91% de su plan de remuneraciones y apenas el 62% del plan de gastos de sus servicios.

En el 2012 la ejecución había sido del 72% y el 50%, respectivamente.

A pesar los cuestionamientos del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Telecomunicaciones y de los operadores, la Contraloría le aprobó el canon por ¢6.940 millones para este 2018.

La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) cuestionó, hace un año también, que la Sutel usara $21,5 millones de su superávit para pagar una indemnización a la firma Credit Card Services Limitada (CCS).

CCS le ganó un fallo a la Sutel en Sala Primera, cuando se le exigía un contrato de interconexión con el ICE para que brindara sus servicios de telefonía IP y la firma sostenía que sólo se requería un contrato de acceso.