El proyecto de conexiones de banda ancha para los centros educativos en Costa Rica venía desde la administración anterior, pero el actual gobierno quiso hacerlo suyo y lo rebautizó. Una sucesión de decisiones desde el inicio de la Administración Alvarado tendría la iniciativa prácticamente varada, bajo cuestionamiento político y de la Contraloría General de la República.
El 12 de octubre pasado la Contraloría ordenó a la Fundación Omar Dengo (FOD) hacerse a un lado del proyecto de la Red Educativa del Bicentenario (REB) y que su parte la asuma directamente el Ministerio de Educación Pública (MEP). El Ministerio presentó un recurso contra esa orden.
“Para que este país salga adelante se requieren alianzas público-privadas. En el marco de este proyecto y de su objetivo hay un convenio que encaja”, sostuvo Paula Villalta, viceministra de planificación institucional y coordinación regional del MEP.
La Contraloría tiene un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de su presentación, para resolver, tiempo en el cual la FOD no puede ejecutar ninguna acción.
El proyecto de la REB tiene como meta brindar enlaces de banda ancha a casi 4.500 escuelas y colegios, así como instalar una red local en los centros educativos que permita aprovechar velocidades que alcanzarían hasta 500 Mbps.
Para el proyecto hay dos unidades ejecutoras: la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) que debe brindar conectividad a 2.375 centros educativos (53% del total), y la FOD, a cargo de 2.139 escuelas y colegios con un total de 700.000 estudiantes.
La Sutel indicó a principios de octubre que ya tenía 41 centros educativos conectados y trabaja en otros 228. Estas instalaciones se realizan con recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).
La meta aquí es conectar, a través de operadores con los que se amplió contratos, 516 escuelas y colegios para el final del presente año. La Sutel inició su participación hasta que el Micitt realizó en febrero de 2021 la modificación del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT), un requerimiento legal para permitirlo.
Con la FOD la intención del gobierno era que desde marzo del 2021 se iniciaran las instalaciones. La Fundación impulsó sin éxito una licitación para contratar un operador —que realizará las instalaciones en 150 días a un ritmo de 300 centros educativos por mes— en dos ocasiones, la segunda anulada parcialmente pocos días antes que la Contraloría emitiera su orden de apartarse.
Más allá de las inconsistencias halladas en este proyecto, el diputado Pedro Múñoz considera que se debe pedir cuentas sobre los resultados de los proyectos y los recursos transferidos a la FOD desde hace varias décadas, financiados mediante el Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie) del MEP.
La Administración Alvarado también apoya un proyecto de ley de alfabetización digital que trasladaría recursos de Fonatel al Pronie y de esa forma la FOD se haría cargo del mismo. La industria de telecomunicaciones y la Contraloría cuestionan esta iniciativa gubernamental como innecesaria debido a que ya existen programas, recursos y entidades que pueden cumplir ese mismo fin.
Cuello de botella
Cuando las autoridades decidieron que los centros educativos debían tener Internet en 2004, se contrató el servicio al único operador existente en ese momento, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). A esta altura, ya el Pronie tenía casi 15 años de estar a cargo de la FOD gracias a un convenio firmado en 1989.
En 2013 el MEP y el ICE suscribieron una adenda para aumentar los anchos de banda en los centros educativos incluidos en el contrato original de una década atrás. Aún así, la velocidad de los enlaces seguía siendo un problema.
En 2017, por ejemplo, las velocidades de los enlaces era de 6 a 10 Mbps por centro educativo y solo tenían conexión 2.757 escuelas y colegios.
Para atender la situación, el MEP y Sutel elaboraron una propuesta técnica y un convenio a principios de 2018 con el propósito de desplegar una red educativa. Solo se requería que el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) diera la orden a Sutel, para utilizar recursos de Fonatel, con la modificación al PNDT.
En ese momento Carlos Alvarado, como presidente electo, manifestó su interés que el proyecto lo realizara la FOD y en mayo se establece un equipo de trabajo del MEP, FOD, “actores del sector privado” y el Micitt, sin incluir a Sutel.
El proyecto se anunció en agosto de 2018 como Red Educativa Nacional de Banca Ancha o del Bicentenario (REB). Seis meses después la FOD publicó un concurso para contratar una empresa que diseñara las redes de los centros educativos.
El diseño fue presentado por la FOD al MEP, al Micitt y a un asesor presidencial en julio de 2019. La FOD propuso, además, que la red se implementara con un modelo llave en mano mediante una compañía integradora.
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Al mes siguiente la dirección jurídica del mismo MEP advirtió que el convenio con la FOD solo tiene alcance para las propuestas pedagógicas, pese a que ese acuerdo se había actualizado en 2017.
A finales de ese mes de agosto de 2019, la FOD envía un borrador de convenio para poder ser unidad ejecutora de la REB y tres meses después insistió en que se requería un convenio sobre los niveles mínimos esperados, las responsabilidades “como se conversó en agosto” y el documento legal para las transferencias de recursos.
En noviembre el MEP invitó a la FOD a hacerse cargo de la gestión del proyecto. Además, se comunicó con la FOD pues debían ponerse de acuerdo sobre los mensajes clave para una reunión con el Presidente Alvarado, quien deseaba conocer los detalles del plan de trabajo. La participación de la FOD es un hecho, aunque el anexo 2 del convenio entre ambas entidades se firmó hasta principios de 2020.
A inicios del segundo semestre del 2020, la FOD inició la licitación de la REB. Adjudica, en primera instancia, al consorcio del ICE y el fabricante chino Huawei en diciembre. De inmediato Ufinet y Millicom, que también participaron en el concurso, apelaron. En marzo de 2021 la Contraloría anuló esta adjudicación.
La segunda adjudicación, a Ufinet, fue apelada por sus competidores.
Alertas
En todo el proceso varias situaciones llamaron la atención de la Contraloría. Por ejemplo, que la declaración de intenciones inicialmente firmada entre ambas entidades no daba sustento legal para trasladar la REB a la FOD y que, incluso después de la firma del anexo 2 del convenio MEP-FOD, tampoco se realizó un concurso público para su elección, pues la Contraloría sostiene que la Fundación es una entidad privada.
Fue llamativo también para la Contraloría que fuera la FOD la que indicara al MEP qué tipo de convenio se requería, el diseño de las redes en los centros educativos, y la definición y la adjudicación del cartel, cuando —para el órgano contralor— eso debería ser responsabilidad del MEP.
La contabilidad de los gastos incurridos hasta el momento es otra señal a la cual la Contraloría le puso atención.
En la orden emitida el 14 de octubre para que la FOD se apartara del proyecto, la Contraloría cuestionó que en la propuesta elaborada por la Fundación se incluyen costos por administración de la REB estimados en 8,26% del monto total, sin detallar su desglose. Eso sería $4,5 millones durante toda la ejecución del proyecto. También, que la FOD requeriría casi $1,2 millones para pago de remuneraciones de personal técnico.
En la orden de la Contraloría también se indica que, entre el 1.° de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2021, el MEP transfirió ¢12.512 millones a la FOD “para ese propósito”, que se compone de: ¢101,5 millones para pagos de salarios de 13 plazas contratadas por la Fundación, ¢4.404 millones para gastos y costos operativos, ¢591 millones para costos de conectividad y ¢7.414 millones para implementar la REB.
La Viceministra Villalta respondió a EF que podría tratarse en realidad de los ¢12.505 millones del presupuesto asignados en este 2021 a los programas del Pronie y que se transfieren a la FOD.
En 2020 también se habrían transferido ¢19.633 millones a la FOD. Villalta indicó que corresponden a recursos para los programas y las acciones que mantuvo la Fundación pese al cierre de centros educativos durante este año por la pandemia.
La funcionaria sostuvo que para la REB el anexo 2 y la Ley de Declaración de Utilidad Pública del Programa de Informática Educativa (Nº 8207), de enero de 2002 da suficiente sustento legal para elegir a la FOD.
La misma FOD emitió un comunicado en el que acusa a la Contraloría de “imprecisiones y omisiones importantes”, reitera que el convenio y la Ley Nº 8207 faculta su nombramiento como unidad ejecutora, que la REB forma parte del Pronie, que el MEP mantiene la supervisión y que la misma Contraloría mantiene los controles sobre los presupuestos de la FOD desde hace tres décadas.
“Consideramos que la Contraloría tiene poca claridad sobre la naturaleza de este proyecto”, acusa la FOB en el comunicado.