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Contraloría ordena al MEP asumir Red del Bicentenario y a Fundación Omar Dengo suspender acciones en el proyecto

La Contraloría ordenó que el Ministerio asuma los deberes y las responsabilidades dado lo improcedente de entregar esa función a dedo a un tercero

La Contraloría General de la República ordenó al Ministerio de Educación Pública (MEP) asumir directamente la Red Educativa del Bicentenario y que la Fundación Omar Dengo (FOD) suspenda cualquier actuación relacionada con este proyecto.

“Se advierte que, independientemente de las acciones que se ejecuten, el MEP deberá garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones de acuerdo con las opciones que actualmente utiliza el MEP, las cuales, según lo indicado por la Administración, permiten la conexión de 4.821 centros educativos”, indica la resolución DFOE-CAP-ORD-00001-2021 con fecha del 11 de octubre y elaborado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría.

La Contraloría respondió también el 12 de octubre una denuncia ciudadana que cuestionaba las relaciones entre el MEP y la FOD en la que se indica que “producto de las revisiones y análisis ejecutados, se detectaron incumplimientos legales y técnicos relacionados con el traslado de competencias esenciales del MEP para el desarrollo de la citada Red a la FOD”.

Con el proyecto de la Red del Bicentenario se conectan a 2.375 centros educativos a través del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) y otras 2.139 por medio del Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie) del MEP, cuya ejecución está a cargo de la FOD y para lo cual se estableció un anexo 2 al Convenio Marco de Cooperación entre el MEP y la FOD.

La Contraloría aclaró que la orden no se refiere a las actuaciones de Fonatel, a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), ya que su participación fue oficializada y formalizada en una meta dispuesta en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT). El PNDT es establecido por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y por su medio se indican los proyectos de Sutel y Fonatel en brecha digital.

El pasado 6 de octubre la Contraloría anuló la adjudicación que realizó la FOD a favor de Ufinet para este proyecto. Adicionalmente la Contraloría ha advertido que varios proyectos de alfabetización de ley que se han planteado en la Asamblea Legislativa para desviar recursos de Fonatel hacia Pronie, cuya ejecución estaría a cargo de la FOD, son innecesarios.

Sutel, por su parte, comunicó el pasado 8 de octubre que a través de Fonatel ya se han conectado 41 escuelas y colegios públicos con enlaces de hasta 500 Mbps, como parte de lo que le corresponde de la Red Educativa del Bicentenario. De esos centros educativos, 18 habrían sido recibidas a satisfacción por el MEP y las restantes están en proceso de revisión.

Tres mandatos

La Contraloría ordenó al MEP “adoptar, a la brevedad posible, las medidas necesarias a efecto de retomar y asumir directamente las competencias esenciales y los deberes públicos vinculados a la Red Educativa del Bicentenario”. Asimismo, que en un plazo de 24 horas a la Fundación Omar Dengo suspenda cualquier actuación relacionada con el proyecto y otorga cinco días hábiles para entregar una certificación en la que haga constar las acciones adoptadas en cumplimiento de lo ordenado.

En la orden la Contraloría recordó las responsabilidades del MEP en el área educativa y en la contratación de los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información requeridos, para lo cual cuenta con un órgano técnico responsable, la Dirección de Informática de Gestión, que a su vez tiene una unidad (el Departamento de Adquisición Tecnológica) encargado de la actualización de equipos y comunicaciones. Además, recordó que la misma Dirección de Asuntos Jurídicos del MEP señaló en 2019 que en las adquisiciones se deben seguir las normas de contratación administrativa.

Pese a eso la Contraloría acusa una nula participación del Ministerio en la planificación, dirección, control, coordinación, establecimiento de condiciones, indicadores de desempeño y demás aspectos de definición, conducción y ejecución del proyecto de la Red del Bicentenario. “Estas actividades y responsabilidades se transfieren a la Fundación como si fuere el propio MEP”, indica la Contraloría.

El documento indica que cuando el MEP identificó la necesidad de mejorar la conectividad de los centros educativos se suscribió una carta de entendimiento con la FOD y que la FOD participa en el Consejo Asesor y el Comité Técnico del proyecto, obviando que la misma Procuraduría General de la República ha sostenido que las fundaciones son personas jurídicas privadas.

Se agrega que la FOD contrató una empresa para obtener el diseño de la Red, adoptado por el Consejo Técnico y fue designada por el MEP para el desarrollo del proyecto en diciembre de 2019. Eso quedó oficializado en el anexo 2 añadido al convenio del MEP y la FOD y en las 19 funciones ahí incluidas, que van desde la planificación hasta la confección de los carteles de licitación, pago a proveedores, supervisión de obras y servicios, y el establecimiento de planes de mejora.

La Contraloría insistió que las responsabilidades asignadas a la FOD corresponden a diferentes instancias del MEP. “El MEP, al haber asignado a la FOD responsabilidades que corresponden a sus unidades institucionales, genera un vaciamiento de las competencias dadas por el legislador e incluso el constituyente a dicho Ministerio”, dice la Contraloría.

“Si bien es el MEP quien aporta los recursos públicos para el desarrollo del proyecto, no ha sido el actor que definió los elementos básicos de la conceptualización y desarrollo de la Red”, reitera el documento. “El MEP ha transferido la función de determinar cómo satisfacer las necesidades educativas a su cargo, relacionadas con la incorporación de las tecnologías de información en un sujeto de Derecho privado”.

Más allá de lo establecido

La Contraloría también indicó que la Ley Declaración de Utilidad Pública del Programa de Informática Educativa (N° 8207) del 3 de enero de 2002 facultó al MEP a trasladar fondos a la FOD para el Pronie, pero no establece la transferencia de las competencias y deberes del MEP “dado que el ejercicio de las competencias de la Administración Pública constituyen un deber público”. “Considerar otra cosa, resultaría una lectura contraria al ordenamiento jurídico”, recalcó la Contraloría.

El documento también indica que no se realizó un análisis que motive la decisión tomada por ese Ministerio, respecto a la inclusión de la Red del Bicentenario como parte del Pronie ni un análisis de factibilidad para tener la certeza sobre la idoneidad o capacidad técnica de la FOD para la ejecución del proyecto. “El MEP además de transferir indebidamente a un sujeto privado sus competencias, tampoco acreditó que este cuenta con la capacidad técnica para el desarrollo de las actividades encargadas”, recalcó la Contraloría.

El documento indica que para la ejecución de la Red del Bicentenario la FOD requirió la contratación de personal técnico para ocupar 13 plazas para la atención exclusiva del proyecto “con cargo a los recursos públicos transferidos por el MEP” y un proceso licitatorio para adjudicar a un operador la ejecución del proyecto. De hecho, la FOD eligió en un primer concurso al consorcio del ICE-Huawei y luego a Ufinet el contrato por 7,3 millones, ambas adjudicaciones anuladas por la Contraloría.

La Contraloría también cuestionó algunas cifras de costos. En primer lugar, que el MEP aprobó una propuesta de la FOD que incorpora gastos de administración del 8,26% del monto total “sin detallarse el desglose de este rubro o definirse parámetros para su ejecución”. En segundo lugar, gastos administrativos por $4,5 millones durante la ejecución del proyecto. En tercer lugar, que en los cinco años se requeriría casi $1,2 millones para pago de remuneraciones al personal técnico.

“Lo anterior evidencia que la transferencia indebida de las competencias del MEP a la Fundación representa costos que se estiman en un total aproximado de $5,683,058 por el plazo estimado del proyecto (5 años), el cual podría incrementar, dada la posibilidad de prórroga concebida en el artículo 15 del Anexo N° 2″, indica la Contraloría.

Otro cuestionamiento es que, aunque la instalación de las conexiones no realizó nunca, desde el 1° de enero de 2020 al 31 de agosto del 2021 el MEP habría transferido más de ¢12.512 millones a la FOD para pago de personal técnico, gastos operativos, costos de conectividad e implementación de la Red.

La Contraloría insistió: “Lo anterior se realiza aun cuando el MEP cuenta con la estructura organizacional que gestiona los servicios de conectividad, tecnología e internet para los centros educativos y sus dependencias administrativas en diversas zonas del país, actualmente contratados y en operación”.

Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos. Escribe para El Financiero y es autor del blog "La Ley de Murphy".