La Defensoría de los Habitantes comunicó este 30 de marzo que recurrió a la Sala Constitucional para ampliar el criterio del Tribunal sobre la política de uso justo, mediante la cual los operadores pueden restringir la velocidad de Internet móvil a los usuarios que consuman la cantidad de datos contratados, y que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) suspenda tal medida.
La Defensoría respaldó así tres recursos de amparo presentados por distintos ciudadanos ante la Sala IV argumentando contra la supuesta temporalidad de la política, ya que a tres años de la aplicación de la medida no hay información sobre los esfuerzos de los operadores para atender el congestionamiento de sus redes.
La política fue aprobada en el 2014 y empezó a ser aplicada por Claro y Movistar desde entonces; el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la empezó a implementar desde el 1° de marzo anterior.
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También se alegó ante la Sala IV que Internet es un derecho fundamental de los habitantes y que Internet móvil se ha convertido en el principal canal de acceso a la Web.
Basándose en el criterio de la Academia Nacional de Ciencias también se argumentó que a los usuarios se les aplica una reducción de velocidad igual aunque sus planes contratados incluyan diferentes cantidades de datos y que la velocidad restringida es "equivalente a la desconexión del usuario".
Asismismo, se señala que "los operadores no disponen de la capacidad suficiente en sus redes para brindar de forma efectiva la totalidad de las velocidades que ellos mismos ofrecen comercialmente" ni hay proyectos reales para mejorar la infraestructura.