La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) remitió al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) un dictamen técnico que señala la improcedencia del pago de una eventual indemnización al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por la recuperación de las frecuencias necesarias para el desarrollo de la tecnología 5G en el país.
“Si un concesionario de espectro radioeléctrico no hace un uso o utiliza de manera ineficiente este recurso del Estado, lo que es contrario al ordenamiento, no puede generar un derecho de indemnización, pues se está en presencia de un posible incumplimiento a las obligaciones de la concesión como tal”, explicó Federico Chacón presidente del Consejo de Sutel.
La Superintendencia recordó que en 16 informes técnico-jurídicos, emitidos desde el año 2012, se documentan la sub-utilización y no uso del espectro asignado al Grupo ICE en las bandas de frecuencias de 1.400 MHz, 2.600 MHz, 3.500 MHz y 26 GHz, que hoy son indispensables para el desarrollo de la tecnología 5G.
“Al estar estas frecuencias sin uso o con un uso ineficiente no cabría una indemnización, según lo estable el artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones N°8642″, recalcó la Sutel.
La industria de tecnología señala que los atrasos en la disponibilidad de frecuencias afecta la generación de soluciones que hoy demandan empresas e industrias en diferentes mercados, así como impide el acceso a servicios móviles de banda ancha indispensables para las aplicaciones y servicios de Internet actuales, en Internet de las cosas o que se están impulsando para el futuro próximo.
A nivel internacional ya hay 172 redes de 5G y en América Latina existen 13 redes en 10 países, según 5G Americas, una organización que reúne a proveedores de tecnología y operadores de telecomunicaciones. La entidad indica que para el 2026 se alcanzarían 4.600 millones conexiones 5G a nivel global, de las cuales se espera que 512 millones provengan de América del Norte y 277 millones de América Latina y el Caribe.
Ya fue entregado
El dictamen técnico número 09509-SUTEL-DGC-2021 fue remitido a la señora Paola Vega Castillo, ministra del Micitt, en cumplimiento del rol como asesor técnico del Poder Ejecutivo con el propósito de disipar cualquier duda ante la utilización de la figura de rescate de las frecuencias por causas de interés público y una eventual indemnización. El Micitt no se ha pronunciado al respecto hasta este momento.
De acuerdo a la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT), que el Micitt puso en audiencia pública no vinculante la semana anterior, la meta incluida por la Administración Alvarado es que en el 2023 al menos tres operadores ofrezcan servicios en 5G.
Sutel advirtió que experiencia en estos procesos concursales para la asignación de frecuencias señala que se requieren aproximadamente 18 meses, desde que se instruye el inicio del proceso de concurso hasta su refrendo por parte de la Contraloría General de la República, por lo que urge que el Micitt disponga de las frecuencias e instruya el concurso para atraer inversión, ganar competitividad y potenciar el desarrollo económico y social del país.
La Superintendencia sostiene que en este 2021 el país ha dejado de percibir un total de $321 millones y, de no realizarse las acciones pertinentes, en el 2024 se estarían dejando de percibir $1.134 millones por no contar con esas frecuencias para el desarrollo de la tecnología 5G.
La inversión de empresas desarrolladoras de tecnología de información y comunicaciones necesita de este recurso para no perder competitividad y oportunidades de desarrollo en múltiples sectores.
Sutel advirtió que las autoridades del Micitt deben acatar el ordenamiento jurídico (principio de legalidad) y los múltiples dictámenes técnicos emitidos por Sutel desde el 2012 y no retardar más el avance tecnológico y económico que traería al país las tecnologías 5G, dado que la determinación de la eventual apertura de los procedimientos correspondientes no es una condición discrecional.
Impacto negativo
El dictamen, además, enumeró al Micitt las consecuencias negativas por la falta de acciones oportunas para la recuperación de las bandas de frecuencias en poder del Grupo ICE.
Según Sutel existiría un posible roce con los incisos a), b), c), e) y h) del artículo 11 del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias vigente, en cuanto al uso eficiente del espectro.
También existiría un posible roce con los objetivos plasmados en los artículos 2 y el 8 de la Ley General de Telecomunicaciones (N° 8642), que incluyen la protección de los derechos a los usuarios finales para que puedan acceder a más y mejores servicios de telecomunicaciones a un precio asequible.
Asimismo, se incumple con los artículos de esa ley que se refieren a la promoción de la competencia, la asignación y uso eficiente del recurso escaso, la inversión en el sector de las telecomunicaciones, obtener los máximos beneficios del progreso tecnológico, lograr índices de desarrollo de telecomunicaciones similares a los países desarrollados, entre otros.
Sutel insiste que la demora de uno a cuatro años en la disposición oportuna de estas frecuencias al mercado puede traducirse en pérdidas millonarias para la economía costarricense. Esta afectación también se produciría a nivel social, pues la tecnología 5G puede ofrecer beneficio social en 15 de las 17 áreas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.