Por: Carlos Cordero Pérez.   22 enero
Los principales proveedores de tecnología del Estado brindan equipos, sistemas y servicios diversos a las instituciones, de acuerdo con el Sistemas de Consula de Compras con Fondos Públicos de la Contraloria General de la República. (Foto Alejandro Gamboa / Archivo)

El 2020 fue un año para avances obligados en tecnologías de información y comunicación en el Estado, situación que algunas firmas aprovecharon como proveedoras.

Las entidades del área social y de lucha contra la pobreza y del sector salud encabezaron la adquisición de bienes y servicios en general, según el Sistema de Consulta de Compras (SIAC), de la Contraloría General de la República. Sin embargo, las entidades de todas las áreas intentaron cumplir en el campo tecnológico.

“Tuvieron que hacer un esfuerzo”, dijo Leonardo Solórzano, gerente de investigación y desarrollo de Control Electrónico S. A. (CESA). “El 2020 ha sido un año en donde las instituciones han acelerado los pasos a la digitalización”.

Las entidades debieron implementar el teletrabajo, superando resistencias al uso de las herramientas digitales. Sus retos se concentran, en un contexto de crisis fiscal, en el uso de tecnologías de punta (nube, inteligencia artificial, analítica y automatización), servicios en línea, firma digital, ciberseguridad, plan de cambio tecnológico, optimización de la infraestructura, accesibilidad, gobierno digital y banda ancha para hogares, empresas e instituciones.

“El 2020 vino a dar más conciencia de que se debe pasar rápidamente a la innovación tecnológica”, apuntó Jeannete Marín, directora comercial de El Orbe. “El país tiene la capacidad. Se requiere una planificación y una ejecución eficiente”.

Deberán colocarse a la altura de las circunstancias. La firma Red Hat reportó que la mayoría de empresas y entidades (65%) consultadas a nivel global aceleraron el cambio digital en el 2020 y sólo 5% estaban rezagadas.

Proveedores

La revisión del SIAC muestra que algunas firmas se mantienen entre los 10 principales proveedores y otras lograron importantes adjudicaciones.

1. Consorcio Gestión Tecnológica ITS

A este consorcio integrado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa), firma local Lanprosa y la holandesa Sensys Gatso se le adjudicó —a finales de marzo de 2020— la licitación del proyecto de “movilidad segura y eficiente” del Consejo de Seguridad Vial, por casi ¢31.712 millones.

Es un sistema de cámaras inteligentes que incrementa la vigilancia, el monitoreo y generaría datos en tiempo real del uso de vías, del carril exclusivo de autobuses, respeto a señales de tránsito, restricción vehicular y excesos de velocidad, además de tomar fotos para multas, entre otros.

Obtuvo más de ¢12.196 millones por contratos adjudicados en distintas entidades entre marzo y diciembre del año anterior.

El 85% del monto se debe a una contratación directa realizada en setiembre pasado por el ICE para licencias de software de Microsoft.

Dos subsidiarias del ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y Racsa, y la Municipalidad de Cartago también le compraron licencias de software de Microsoft.

Entre enero y diciembre de 2020 a Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica S. A. se le adjudicaron contratos de unas 15 entidades, por un total de ¢12.091 millones.

La principal contratación fue de la Fundación Omar Dengo (FOD), que se encarga del Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie) del Ministerio de Educación Pública, para entregar computadoras y “equipos conexos”, así como los servicios adicionales requeridos, a 470 centros educativos.

4. ICE

El Instituto sumó ¢10.599 millones como proveedor de una gran cantidad de entidades como su subsidiaria CNFL, las universidades Nacional y de Costa Rica, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el Hospital San Carlos y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.

El principal contrato le fue adjudicado a mediados de diciembre anterior por la FOD para el proyecto de la Red Educativa del Bicentenario del MEP, que daría banda ancha a centros educativos ubicados en diferentes zonas del país.

El segundo proyecto en importancia fue del Registro Nacional para el hospedaje del centro de procesamiento de datos.

5. Unisys

Unisys de Centroamérica LLC obtuvo ¢8.693 millones durante el 2020 en contratos del ICE y de los bancos Nacional (BN) y de Costa Rica (BCR).

El principal fue con el BN adjudicado para compra de capacidad de cómputo y servicios de actualización de sistemas ATM, mientras que el BCR la contrató para soporte y capacitación en una plataforma de servicios y el ICE para un servicio de almacenamiento y respaldo.

Los contratos adjudicados a esta firma sumaron ¢6.247 millones de una amplia diversidad de entidades públicas.

El Registro Nacional le adjudicó 11 contratos entre marzo y noviembre del 2020 (sumaron el 64% del monto total) para la implementación de un sistema de información geográfica del Instituto Geográfico Nacional, equipos, estaciones de medición y licencias de software.

El segundo proyecto en importancia fue del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (22%) en licencias para sistema de información geográfica, de posicionamiento global, equipos y construcción de base de datos del sistema geográfico de saneamiento.

El Orbe obtuvo contratos de una amplia diversidad de instituciones por ¢4.399 millones. El 23% de ese monto fue adjudicado por la FOD para equipos y servicios a centros educativos.

Le sigue en importancia una licitación adjudicada por la Refinadora Costarricense de Petróleo en junio de 2020 por servicios avanzados de soporte y resolución de problemas críticos para equipos de la marca HP.

También el Sistema Nacional de Áreas de Conservación le adjudicó cuatro contratos de compra y arrendamiento de computadoras y el Registro Nacional le otorgó cuatro compras de servidores y respaldos, así como impresoras y multifuncionales entre agosto y setiembre.

8. Sonda

Sonda Costa Rica - Chile obtuvo en agosto un contrato por ¢3.716 millones para la sustitución de la plataforma tecnológica de Acueductos y Alcantarillados.

Esta firma obtuvo tres contratos por ¢2.797 millones de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) a principios del 2020 para la continuidad del servicio de monitoreo de dispositivos electrónicos que se brinda al Ministerio de Justicia.

Nota del redactor: en esta publicación se consignó que la empresa Tecnologías Digitales sumó ¢2.258 millones por contratos adjudicados de instituciones públicas. El monto es erróneo, pues el sistema de información de la Contraloría General de la República indica que se le adjudicó un contrato por ¢1.856 millones del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez, cuando el monto correcto es ¢3.060.000 (incluyendo IVA) según la compañía.