El diputado socialcristiano Pedro Muñoz presentó la solicitud, ante la Contraloría General de la República, para que se investigara la situación legal y técnica de la decisión para que la Fundación Omar Dengo (FOD) asumiera parte del proyecto de la Red Educativa del Bicentenario (REB). Sus cuestionamientos van más allá.
La iniciativa se propone brindar Internet banda ancha e instalar redes locales en casi 4.500 centros educativos de Costa Rica. A la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) le corresponde brindar la conectividad al 53% de las escuelas y colegios.
El 12 de octubre la Contraloría General de la República ordenó que la FOD se hiciera a un lado y su parte como unidad ejecutora fuera asumida por el MEP. El Ministerio presentó un recurso contra la orden dos días después, para cuya resolución la Contraloría tiene 30 días hábiles de plazo.
Desde hace más de un año, Múñoz ha solicitado información al MEP sobre los recursos transferidos a la FOD en los últimos años y los resultados alcanzados a través del Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie).
“Son más de $368 millones desde 1999”, sostuvo Muñoz en entrevista con EF.
¿La decisión del Presidente Carlos Alvarado de que la FOD se hiciera cargo de la REB fue óptima?
No fue una decisión óptima porque la FOD no ha rendido cuentas. Se le ha dado demasiado cuerda. Hay un informe de auditoría de la Contraloría de 2015 que señala deficiencias. (Es el informe DFOE-SOC-IF-15-2015 del 11 de noviembre de 2020 que establece situaciones a nivel de planificación, debilidades que afectan la eficacia del programa y falta de control oportuno por parte del MEP, entre otros.)
Es algo que se ha venido dando desde hace tiempo. La educación viene haciendo aguas desde hace tiempo. El MEP y también la FOD son responsables. No se ven mejoras.
¿El MEP debió realizar una licitación para elegir la unidad ejecutora en lugar de elegir directamente a la FOD?
Preocupa que el MEP no haya construido capacidades para asumir este tipo de proyectos. El tiempo perdido hasta los justos lo lloran. Se debe pedir cuentas al MEP. No he estudiado la parte de la Sutel, pero en el caso de la FOD se ve que el MEP no lo está manejando bien.
Preocupa la situación y las responsabilidades del Ministerio y del gobierno.
(El MEP respondió el 20 de julio de 2020 una consulta de Múñoz en 2020 donde indica que el Pronie tiene una cobertura de casi el 93% de la población estudiantil y 13 programas y proyectos que se implementan, pero no se detallan los resultados de los mismos.)
LEA MÁS: ¿Cuándo se enredó la Red del Bicentario para conectar con banda ancha a escuelas y colegios?
El MEP sostiene que la FOD es una entidad idónea para ejecutar el proyecto.
Lo veo como lo ve la Contraloría. Acudí a la Contraloría porque empecé a preguntar al MEP y el MEP se estaba yendo por la tangente. El problema es la falta de rendición de cuentas y cada día se le transfieren más recursos a la FOD.
(Según respuesta del MEP a Múñoz: de 2000 y 2010 el presupuesto asignado fue entre ¢1.023 millones y ¢3.043 millones; de 2010 a 2021 entre ¢10.759 millones y ¢19.512 millones.)
En el expediente consta que la FOD le indicó al MEP qué había que hacer en lo legal para que se hiciera cargo de la REB, fue la que hizo la contratación de la empresa que realizó el diseño técnico de la REB y fue la que se lo entregó al MEP, y fue la entidad que realizó las licitaciones. ¿El MEP cedió sus funciones a la FOD?
El MEP cedió toda la responsabilidad a la FOD. El problema es que el Ministerio es que el debe exigir qué hacer y pedir cuentas de los resultados. No hay responsabilidad estatal. Ni jerarquía. Ni liderazgo.
¿Cuál es su criterio sobre lo que debe ocurrir con el dinero transferido a la FOD para la REB, si la Contraloría rechaza el recurso del MEP?
Es un tema importante de responsabilidades legales y civiles. Es grave. Es mucha plata. Hay que ponernos en contexto: son ¢203.031 millones que se transfieren a la FOD desde 1999. Este año 2021 tenían un presupuesto asignado de ¢12.512 millones. La educación en el país hace aguas y no se tienen cuentas ni resultados claros de los recursos que se han dado a la FOD.