El Ministerio de Educación Pública (MEP) sostiene que el convenio establecido con la Fundación Omar Dengo (FOD), establecido en 1989 y renovado en 2017, es el marco para que esta entidad se hiciera cargo de una parte del proyecto de la Red Educativa del Bicentenario (REB).
La RED tiene como objetivo brindar conexiones banda ancha a cerca de 4.500 colegios y escuelas públicas en Costa Rica. La otra unidad ejecutora es la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), que debe brindar conectividad al 53% de los centros educativos.
La Contraloría General de la República ordenó a la FOD apartarse del proyecto debido a supuestos incumplimientos legales y técnicos. El Ministerio presentó un recurso el pasado 14 de octubre, para el cual el órgano contralor tiene un plazo máximo de resolución de 30 días hábiles.
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“Para que este país salga adelante se requieren alianzas público-privadas. En el marco de este proyecto y de su objetivo hay un convenio que encaja”, defendió Paula Villalta, viceministra de planificación institucional y coordinación regional del MEP.
El MEP empezó a ver la Red Educativa en el gobierno anterior con la Sutel, pero las conversaciones se detienen cuando Carlos Alvarado, como presidente electo, manifiesta su interés de que la FOD realice el proyecto. ¿Esa decisión es lo que determina la elección de la FOD?
A la Administración le corresponde realizar los estudios técnicos y legales para la REB, que es un proyecto muy amplio, va más allá, con diferentes plataformas y recursos. Es un proyecto muy importante en este momento por la necesidad de la digitalización.
La intervención de la Casa Presidencial es clara porque en la correspondencia, según consta en el expediente, se copia incluso a un asesor del Presidente.
Desde el inicio se hace un compendio de actores y con la FOD se tiene un convenio desde 1989 para la ejecución del Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie) y está la Declaración de Utilidad Pública del Programa de Informática Educativa (Nº 8207) de enero de 2002. Desde ese punto de vista, la FOD tiene larga data. Ha implementado computadoras y tiene relación con los educadores. No es ajeno que la FOD puede dar retroalimentación. Son expertos que brindan apoyo.
Pero el convenio es para el programa de educación informática, no para conectividad a centros educativos.
Es una interpretación. Tenemos diferentes proyectos y plataformas de aprendizaje y de capacitación. Hay una ley que le da sustento al Pronie que es transversal y donde la conectividad genera un salto cualitativo y cuantitativo. La REB rompe paradigmas. La conectividad no se puede ver igual que un servicio como la luz o el agua.
¿Por qué no realizó una licitación para elegir a la entidad que se hiciera cargo de la REB, siendo que la FOD es un ente privado?
Para que este país salga adelante se requieren alianzas público-privadas. En el marco de este proyecto y de su objetivo hay un convenio que encaja. Los proyectos a nivel nacional no lo puede hacer solo el MEP. Por eso son necesarias las alianzas público-privadas.
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La FOD tiene diferentes proyectos y ha venido implementándolos en los centros educativos. Es una entidad que tiene conocimiento. Es fundamental tener sujetos expertos. La FOD es un ente estratégico. El Pronie está en el marco de la ley, con el objetivo de la innovación y la adopción tecnológica. Es aprovechar al máximo.
La FOD, además, está regulada por la Contraloría, realiza licitaciones y aplica los principios y regulaciones de contratación administrativa. No es ajeno pensar que la ley y el convenio se puede aplicar para la REB, como eje transversal.
Vuelvo a insistir: ¿Por qué no se eligió mediante una licitación?
Hay un convenio y una ley y trabajamos con alianzas con la FOD. Por eso se hace un anexo.
Pero la misma FOD le indicó al MEP qué debía hacerse legalmente para que se hiciera cargo de la REB, pues ese marco no lo sustentaba.
Interviene Mario López, director jurídico del MEP — El convenio final con la FOD, con el que se trabaja, es el de 2017 que es un convenio marco en el cual se agregan proyectos. Es una gran sombrilla. El Anexo 2 viene a establecer y cubrir el proyecto de la REB que es uno de los proyectos del Pronie. La relación viene desde 1989 y en 2002 se aprueba la Ley que establece que es de interés público. El convenio fue renegociado y superado en 2017 para el Pronie y no se agota en lo establecido. El Anexo 2 tiene su razón de ser en los objetivos del proyecto de la REB.
¿La FOD es la entidad idónea para este proyecto? Ha realizado dos licitaciones infructuosas y debió empezar a instalar conexiones en marzo de 2021. ¿Por qué la licitación no la hace directamente el MEP?
Recordemos que la REB tiene dos unidades ejecutoras: la FOD y Sutel. La FOD no es operador ni contratista. Hace lo que se establece en el estudio técnico.
En la primera licitación, donde se adjudicó al consorcio ICE-Huawei, los errores vienen de los oferentes y se anula por completo. En la segunda se declaró sin lugar una de las apelaciones (la de Millicom) y la otra apelación se declaró parcialmente. Solo había que revisar la licitación y readjudicar. Eso le pasó a la Sutel también en la licitación de las computadoras.
Es un proceso normal de adjudicación y contratación. Son procesos de licitación apegados a los principios de contratación administrativa. En las ofertas se establecen requisitos y criterios de experiencia y conocimiento de infraestructura debido al tamaño de los proyectos.
En el expediente consta que la FOD le indicó al MEP qué había que hacer en lo legal para que se hiciera cargo de la REB, fue la que hizo la contratación de la empresa que realizó el diseño técnico de la REB y fue la que se lo entregó al MEP, y fue la entidad que realizó las licitaciones. Parece que la FOD le dice al MEP qué hacer. ¿El MEP cedió sus funciones a la FOD?
No. Hay un comité técnico del MEP que decide y que revisó lo que hizo la FOD. El MEP es un ente pensante y la FOD es el ejecutor. Se justifica cada una de las cosas y presentamos las evidencias de que el MEP no se desentendió y siempre estuvo a cargo. Respetamos el criterio de la Contraloría, pero no estamos de acuerdo con lo que se dice.
Si la Contraloría rechaza en 30 días hábiles el recurso del MEP: ¿qué va a ocurrir con los recursos que ya se entregaron a la FOD, que la Contraloría indica eran más de ¢12.512 millones? ¿Tendrá la FOD que devolverlos?
Ese monto no es todo de la REB. Cubren los diferentes programas del Pronie. De la REB son más de ¢6.000 millones.
¿Lo tendrán que devolver en el escenario de que se mantenga la orden de la Contraloría?
Es terrible ver lo que ocurre después de más de tres años de trabajo. La Contraloría ha estado en el proceso de contratación. El proyecto no es nuevo. Nos causa mucho pesar. Es un trabajo muy arduo. Es el trabajo de muchas instituciones.
Es un impacto muy grande. No vamos a dejar que el servicio no se dé. El proceso de adjudicación empezó en 2020, se adjudicó en diciembre de ese año y en marzo de 2021 se tuvo que reiniciar.
Son recursos públicos que tienen un fin y que solo están para eso. Estamos viendo la validación legal para ver cómo tienen que devolverlos.
