Costa Rica es uno de los países que cuenta con mayor acceso a Internet en América Latina, sin embargo la conectividad presenta desigualdades que impiden integrar a amplios sectores de la población al desarrollo humano.
Existen brechas en la velocidad y el tipo de conexión, además de zonas desconectadas debido a la baja calidad de la conexión, según advierte el último Informe Estado de la Nación (IEN), elaborado por el Programa Estado de la Nación (PEN).
El encargado principal de reducir estas brechas es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), pero sus esfuerzos son insuficientes, según el IEN. Mientras tanto, Sutel defiende que el uso de Internet ha tenido impacto positivo entre los más pobres y que existen otros proyectos en ejecución.
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La Costa Rica desconectada
A grandes rasgos, Costa Rica presenta un alto acceso a Internet. Con base en la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del 2020, el 85% de los hogares del país tiene acceso a la red, porcentaje que viene en crecimiento sostenido.
Sin embargo, la conectividad se da de forma desigual, pues mientras algunos sectores cuentan con fibra óptica, otros dependen de un dispositivo móvil.
Poco más de 142.000 viviendas se conectan a Internet a través de fibra óptica, una tecnología que está creciendo rápidamente en Costa Rica.
El PEN indica, con base en datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), que entre junio del 2019 y del 2020, el país pasó de 78.417 a 192.996 kilómetros de redes de fibra óptica, lo que se traduce en más ancho de banda para más conexiones y estabilidad, menos latencia y pérdida de conexión.
En el otro extremo, casi un tercio de los hogares accede a la red a través de dispositivos móviles.
La tenencia de celular ha sido una de las herramientas más importantes para combatir la brecha digital, pero no significa que la conexión sea de la mejor calidad.
“Aunque Costa Rica es un país conectado, lo es a diferentes velocidades, coberturas y dispositivos que generan brechas sociales que afectan con mayor intensidad algunas zonas del país”, manifestó Natalia Morales, investigadora del PEN.
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Estas diferencias en la conectividad se identifican como brechas tecnológicas que limitan su potencial transformador y la capacidad de incluir a ciertos sectores al desarrollo humano.
En el contexto actual, el acceso a Internet abre las puertas a la educación, a oportunidades de salud, entre otros servicios.
“La brecha tecnológica favorece y refuerza las desigualdades sociales. Las personas que utilizan la conexión por fibra óptica y la telefonía celular pospago pertenecen principalmente a los quintiles de hogares de mayor ingreso, mientras que los sistemas prepagos y sin dispositivos para la conectividad se ubican, sobre todo, en hogares de menor ingreso”, indica el estudio.
Entre menos ingresos percibe un hogar, menos conexión a Internet tiene. En el primer quintil, que representa al 20% más pobre, solo el 30% de los hogares cuenta con acceso a Internet.
Ese porcentaje crece progresivamente en los siguientes quintiles, conforme aumentan también los ingresos familiares. Para el tercer quintil, el acceso a Internet cubre al 54% de los hogares.
A Fonatel le corresponde atender a los tres primeros quintiles de la población, que representan al 60% con menores ingresos.
Territorios desconectados
El PEN llama la atención sobre una segunda brecha que lacera el acceso igualitario a Internet en Costa Rica.
Se trata de zonas del país a las que ni siquiera ha llegado la conectividad o que reciben mala calidad, lo que aumenta las desigualdades socioeconómicas y la exclusión social.
“Una segunda brecha, de carácter territorial, se expresa en los espacios geográficos del país donde la población, aun cuando posea los recursos económicos para comprar los dispositivos y pagar el servicio, carece de cableado o cobertura inalámbrica, lo que les imposibilita su conectividad”, apunta el informe.
Las comunidades indígenas son parte de esos territorios históricamente desconectados en muchos ámbitos.
El IEN acusa que el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2021 establecía que al 2018 la cobertura en territorios indígenas debía alcanzar el 100% de las zonas propuestas, pero para ese año no se había ejecutado ninguna actividad.
Así, en 2020 las comunidades de Quitirrisí, Maleku y Matambú contaron finalmente con conectividad, pero el país sigue en deuda con otras regiones como el Caribe.
Consultada por EF, Sutel comentó que actualmente hay dos proyectos en fase de ejecución para atender 14 territorios indígenas, seis de ellos en la región Huetar Caribe.
Esfuerzos
Para reducir la brecha digital, se creó el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), a través de la Ley General de Telecomunicaciones (8.642), cuyo objetivo es llevar telefonía e Internet a zonas y comunidades donde aún no hay servicio.
Para lograrlo, Fonatel ejecuta cinco programas: Comunidades Conectadas, Hogares Conectados, Centros Públicos Conectados, Espacios Públicos Conectados, y la Red Educativa del Bicentenario.
Esta última específicamente, espera brindar enlaces de Internet banda ancha a 4.514 escuelas y colegios; sin embargo, en el año del bicentenario el despliegue sigue sin avances significativos.
“El principal desafío del Fondo es la ejecución acelerada de los recursos que tiene disponibles”, señala el IEN.
A pesar del lento paso, hay avances. Uno de los últimos fue la adjudicación de compra de 86.812 equipos de cómputo, entre computadoras y tabletas, por un monto de $58,3 millones para estudiantes de escasos recursos de escuelas y colegios. Esta adquisición se realiza con recursos de Fonatel.
Sutel indicó que las afirmaciones del PEN se contraponen con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), pues el indicador “sin uso de Internet” ha tenido un “mayor aporte positivo” desde 2016, coincidiendo con el inicio de la ejecución del programa Hogares Conectados.
“No tener Internet posee una ocurrencia menor entre la población vulnerable y, por ende, es cada vez menos determinante de la pobreza existente”, aseguró Gilbert Camacho, presidente a.i del Consejo de Sutel.
Camacho consideró que el IEN 2021 enfoca la discusión en los resultados de dicho programa, “obviando los aportes del resto de los programas en ejecución”.
Según Sutel, Guanacaste y Puntarenas son las provincias con mayor penetración relativa de ese programa, con 17% y 16% de los hogares adscritos, respectivamente.