Sutel verá solicitud de Defensoría, pero insiste en política de uso justo

Argumenta que la medida también se aplica en otros mercados; operadores sin adelantar criterio hasta el momento sobre la posición de la Defensora Monserrat Solano

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La Superintedencia de Telecomunicaciones (Sutel) analizará la solicitud de la Defensoría de los Habitantes sobre la política de uso justo, al tiempo que defiende esta "herramienta" y dice que se viene aplicando en otros mercados.

Este martes 28 de febrero se hizo público que la Defensora Monserrat Solano solicitó al regulador suspender la aplicación de esa medida, que permite a los operadores restringir la velocidad del servicio de Internet móvil después de consumido el límite de datos.

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"El Consejo de la Sutel revisará con la seriedad del caso el documento y las solicitudes de la señora Defensora de los Habitantes para darle una respuesta a sus dudas y facilitarle la documentación necesaria para que pueda comprender de la mejor manera este tema", respondió Eduardo Castellón, vocero de Sutel. "Cualquier decisión que tome la institución será cuidadosamente analizada y se comunicará de forma oportuna".

Castellón agregó que la política de uso justo es una herramienta utilizada por los operadores de telecomunicaciones en todo el mundo, cuando se utiliza el modelo de tarifa plana.

"No es una medida que solo se aplique en nuestro país y es parte de una serie de acciones, no podríamos decir que es la única, que debemos aplicar para mejorar la calidad de los servicios", recalcó el funcionario.

Explicó que la Sutel ha tomado como parámetro las mejores prácticas internacionales y trabaja en otras opciones para específicamente mejorar la calidad de los servicios.

Entre esas otras opciones se incluye la licitación de espectro y se trabaja en facilitar información a las municipalidades para agilizar los procesos de construcción de infraestructura.

Además, se ha intentado llevar a audiencia pública –en dos oportunidades– otro modelo de cobro (por descarga de datos) para ampliar las posibilidades de escoger de los usuarios y se solicito un plan de inversión detallado a los operadores, que tienen seis meses para presentarlo y 12 meses más para concretarlo.

Castellón indicó que la tendencia mundial no está dirigida a aplicar las tarifas planas en ningún servicio, pese a que en otros mercados hay operadores ofreciendo servicios de datos ilimitados.

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La Defensoría y especialistas legales, como Juan Manuel Campos, de Ciber Regulación, han advertido que la política de uso justo –que implicaría un cambio tarifario en la práctica– no fue aprobada con el debido proceso, ya que no medió ninguna audiencia pública previa.

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Consumidores opuestos

La asociación de Consumidores de Costa Rica se manifiestó absolutamente en contra de la aplicación de la política de “uso justo” en la telefonía celular para los abonados de Kölbi, Claro y Movistar.

La organización aseguró que desde 2014 advirtieron esta política contraviene los principios de acceso universal a las telecomunicaciones, violenta el derecho a la información, no se justifica en criterios técnicos adecuados, contraviene miles de contratos de telecomunicaciones que establecen en sus cláusulas “Internet ilimitado” y constituye una justificación política para que los operadores limiten el uso de la red a los consumidores.

"Consideramos que las políticas de uso justo deben venir acompañadas de criterios claros bajo los cuales los usuarios puedan denunciar a los operadores por la calidad de los servicios que reciben, así como una exigencia de inversión a los operadores que la Sutel se ha negado a realizar", recalcaron en el comunicado enviado a los medios de prensa.

Agregaron que no existen criterios claros para determinar el consumo de Internet de los usuarios o el procedimiento a seguir cuando existen diferencias de lectura en el consumo reportado por el operador y las mediciones de las app de cada teléfono.

"Nos encontramos haciendo una valoración de la información disponible sobre este tema, pues desde el 2014 nos hemos opuesto a su implementación. Dado que los operadores continúan con su intención y la Sutel pareciera avalarlo", señaló Gilberto Campos, vicepresidente de Consumidores de Costa Rica. "Nos encontramos analizando la vía constitucional para intentar detener este atropello a los usuarios".

Erick Ulate, presidente de la organización, afirmó que los operadores y la Sutel deberían preocuparse por campañas de educación e información para el consumidor, de manera que sean los propios usuarios los que estén en capacidad de determinar sus consumos de datos.

Aplicación

La aplicación de la política de uso justo fue aprobada en 2014 e implementada desde entonces para los servicios de postpago por Claro y Movistar.

José Pablo Rivera, gerente de regulación de Telefónica Costa Rica, respondió que en Movistar brindan "amplias opciones" para atender las distintas necesidades de los clientes y que se enfocan en mantener una relación de transparencia, brindando toda la información necesaria sobre la oferta y condiciones de servicio, "para que aprovechen al máximo los beneficios".

Agregó que tienen herramientas como la app Mi Movistar CA (disponible para Android y iOS) que le permite al usuario llevar el control de su consumo de datos en tiempo real.

"Nuestros usuarios valoran esa transparencia y por eso de manera sostenida somos la operadora cuyos clientes tienen los más altos índices de satisfacción y menos reclamos, según datos emitidos periódicamente por Sutel. Estamos comprometidos con hacer de este un país cada vez más conectado y nuestra apuesta tanto presente como futura va en esa dirección", dijo Rivera.

El ejecutivo no se refirió a la solicitud de la Defensoría.

Edgar del Valle, gerente legal de Claro Costa Rica, indicó que su compañía siempre actuará en total apego a la regulación nacional.

"La política de uso justo es un mecanismo regulatorio del que disponen los operadores para asegurar la calidad del servicio de la red a la gran masa de clientes postpago que usan adecuadamente los recursos de internet disponibles", explicó Del Valle.

Agregó que un bajo porcentaje de clientes en Claro utilizan de forma excesiva la red, aprovechándose del modelo de cobro por velocidad y descargas ilimitadas lo que provoca saturaciones en algunos momentos y lugares del servicio.

Así, la aplicación de la política de uso justo permite al operador restringir las velocidades de descarga de datos a ese pequeño porcentaje de clientes, con el fin de asegurar a los demás usuarios un servicio de calidad, indicó. En Costa Rica, el promedio es de 5 a 8 gigabytes.

Del Valle señaló que en Costa Rica lo que ofrece Claro en la actualidad son planes por velocidad y datos ilimitados con aplicación de política de uso justo en caso de que el consumo sobrepase los umbrales fijados para no afectar la red ni servicios de los demás usuarios.

"El usuario nunca se queda sin Internet, lo que sucede cuando llega a su cuota contratada, es que pasa a navegar a una velocidad promedio, pero siempre cuenta con el servicio, por eso se llama ilimitado", aseguró el ejecutivo. "Lamentablemente no existen en el mercado otras opciones para clientes postpago de alto consumo en las que se les permita realizar grandes descargas de datos, pagando por consumo o a granel, como existe para los clientes prepago".

Afirmó que Claro ha abogado por la convivencia de las ambas opciones, tanto los servicios de datos ilimitados por velocidad, como el cobro por descarga, de manera que sean los clientes los que decidan la opción que más se adapta a sus necesidades y en concordancia con lo que encontramos en la mayoría de los países.

Por su parte, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) había anunciado el pasado 27 de febrero que empezaría a implementar esta política a partir de este 1° de marzo en los planes de postpago, fusiön k, de datos, servicio de Internet móvil individual y "cualquier otro plan que cuente con Internet móvil postpago".

El ICE explicó, en ese momento, que a cada plan de Internet móvil postpago se le asignará una capacidad de transferencia (carga y descarga) de datos que podrá consumir según su velocidad contratada durante su periodo de facturación mensual.

"Los clientes kölbi postpago podrán navegar siempre por la red, y una vez superada esta capacidad, continuarán disfrutando del servicio de Internet con una velocidad de conexión de hasta 128 kilobits por segundo (kbps) sin costo adicional. La capacidad y velocidad originales se restablecerán al reiniciar el periodo de facturación según el plan contratado", había comunicado la institución.

Nota de redactor: Información actualizada con respuesta de Claro y de Consumidores de Costa Rica el 1° de marzo de 2017 a las 2:20 p.m.