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La ejecución de obra pública, específicamente de infraestructura vial, recorre el camino más empedrado y cuesta arriba de los último años.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo se debaten entre cuáles soluciones son las más viables para ejecutar en el corto plazo y que reviertan una tendencia de caos. Pero ninguna se concreta.
El Banco Central proyecta en su Programa Macroeconómico 2016-2017 que la construcción de proyectos públicos caerá en un 9% el presente año. Será hasta el 2017 cuando logre una recuperación de no más del 6%.
El cierre del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y del Consejo Nacional de Concesiones son algunas de las ideas que se plantean hasta el cansancio.
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La más reciente: dotar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de la facultad legal para incursionar en la construcción, supervisión y desarrollo de obras de infraestructura pública ajenas a su competencia (telecomunicaciones y energía).
Sin embargo, la solución choca con fuertes detractores, quienes cuestionan especialmente el récord financiero de las obras que ha desarrollado el ICE.
Sin norte
La reciente renuncia del jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Carlos Segnini, evidencia el caos que vive el sistema.
La Contraloría General de la República evidenció la existencia de al menos $1.200 millones en créditos para infraestructura pública sin ejecutar.
Además, un informe semestral de seguimiento del avance de metas 2015, del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), señala que el MOPT registró en el primer semestre del año pasado la peor ejecución de metas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
El cumplimiento de programas y objetivos fue el peor de los últimos cuatro años, 60% con atraso crítico y 40% de avance promedio.
Para Segnini, las críticas se vuelven pequeñas si se logra entender que la clave de toda obra de infraestructura radica en las fases que no se ven, como el diseño, la licitación y los procesos administrativos.
“La obra pública no se construye de la noche a la mañana. Hemos demostrado la capacidad de este gobierno para tomar proyectos iniciados o arrancarlos y llevarlos a buen puerto”, justificó quien será jerarca hasta el 31 de enero.
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Proyecto en pañales
Entonces, ¿estaría en el ICE la solución?
El proyecto de ley 19.793 apela a la experiencia y la capacidad técnica del Instituto, “demostrada en la construcción de plantas de energía eléctrica” en el país.
Datos de la institución aseguran tener un currículum de 32 plantas de generación eléctrica, 230 kilómetros de carreteras y unos 112 kilómetros en túneles.
Convertir al ICE en un constructor de obra vial solo sería posible si la Asamblea Legislativa reforma la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (N.° 8.660) y el decreto de ley que dio origen al ICE, advirtió la Procuraduría General de la República.
“Si el MOPT tiene que hacer una carretera, el ICE se podría convertir en un oferente, siempre y cuando no se comprometan las finanzas de la entidad”, agregó Fabricio Alvarado, el legislador que impulsa el texto.
Alvarado cuenta con el apoyo del Gobierno.
El mandatario Luis Guillermo Solís ha manifestado la intención de tomar en cuenta a la institución para diversos proyectos.
“Valdría la pena valorar la posibilidad de una modificación legal para que quede absolutamente clara esa posibilidad”, sostuvo el mandatario en agosto.
El Instituto ha dejado entrever su interés de participar en al menos dos obras viales.
La primera de ellas se trata de la construcción de un túnel de unos 5 kilómetros entre la carretera Florencio del Castillo y la rotonda de las Garantías Sociales.
La institución justifica su interés por tratarse de un proyecto completamente viable e incluso comparable con la construcción de un segmento ejecutado en la plata hidroeléctrica Reventazón.
Además, tiene en la mira la supervisión de la nueva carretera a San Carlos.
“Esta asociación responde al carácter de Estado unitario establecido por la Constitución Política, que además señala el deber de satisfacer en forma eficiente y oportuna los requerimientos de obras y servicios públicos para los habitantes del país”, dijo Carlos Manuel Obregón, presidente del Instituto.
No rotundo
Fuera de lo legal, la incapacidad de la institución para apegarse a sus presupuestos y cumplir con los tiempos pactados atiza los ánimos opositores.
El sobregiro en el costo del proyecto hidroeléctrico Balsa Inferior es utilizado como ejemplo.
El legislador Otto Guevara recordó como el proyecto estaba inicialmente valorado en unos $126 millones. Al cierre de la obra la construcción de la planta ascendía a $334 millones.
A la fecha, el proyecto de ley apenas y se alista para ser asignado para su estudio en una comisión legislativa.
“Ese es el ICE constructor. Tendríamos carreteras infinitamente caras que deberán pagarse con más impuestos o con peajes”, afirmó Ronald Jiménez como miembro del colectivo Consenso.
Al mismo tiempo, el portillo de poder elegir al ICE por encima de cualquier ente privado, por tratarse de una alianza estratégica entre instituciones del Estado, enciende las alertas de la competencia.
De esta forma, los inciertos no dejan de pasar la factura en tiempos donde la competitividad marca el paso.
Autorización para el ICE - Proyecto 19.793
Qué se pretende: Habilitar al ICE para hacer obra pública mediante la modificación de varios artículos de la ley N° 8.660.
Justificación: Se aprovecharía la tecnología y logística de la institución. No así sus recursos. La parálisis en la construcción de infraestructura vial fue la principal motivación para presentar del proyecto.
Estatus: El proyecto fue de conocimiento público en diciembre del 2015 y está próximo a ser asignado a una comisión legislativa para su estudio.
Puntos cuestionados: El tiempo de construcción y futuros costos de la obra causan fricción. Así como el posible sesgo por el elegir al ICE ante cualquier otra firma privada.
Fuente Asamblea Legislativa
