Estos eventos, aunado a la respuesta del Gobierno son la consecuencia esperada de un mal diseño regulatorio.
Es desafortunado ver a algunos de los taxistas costarricenses recurrir a la violencia en sus manifestaciones en contra de Uber.
Estos eventos, aunado a la respuesta del Gobierno son la consecuencia esperada de un mal diseño regulatorio.
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La reacción de algunos taxistas se debe a que el legislador en un principio creó la expectativa de que la regulación existente aplicaría para siempre.
Esta expectativa se refleja en los altos precios de las concesiones de taxis y en la gran cantidad de requisitos que se les solicita para poder proveer el servicio.
Los taxistas alegan que son víctimas de una competencia injusta en el marco de las regulaciones, puesto que es más costoso trabajar como taxista que trabajar para Uber.
La realidad es que trabajar como taxista bajo las condiciones actuales, es injusto independientemente de si existe Uber o no.
Regulación obsoleta
El problema es que la regulación en el sector del transporte público en Costa Rica, según fue originalmente concebida, simplemente ya no es justificable.
Aplicaciones como Uber abordan muy eficientemente los fallos de mercado a los cuales nos habíamos acostumbrado.
Comprendo que un Gobierno local o nacional tiene que ser muy valiente para cambiar dicho sistema regulatorio.
Es infinitamente más fácil prohibir un nuevo servicio –sin importar cuán bueno sea para el público en general– que confrontar la realidad de la evolución tecnológica.
Pero en lugar de buscar un mecanismo para prohibir la plataforma como tal, la discusión de fondo debería versar sobre las oportunidades que ofrece la tecnología digital y aprovechar este debate para hacerle frente a los problemas de logística de los reguladores, las condiciones adversas que tienen los taxistas y el mal servicio que sufren los usuarios.
Lecciones
Si hay una lección que debemos aprender del debate de Uber es que cuando se requiera de regulación para algún sector, esta debe de ser cuidadosamente ideada de manera que pueda adaptarse sin problemas y con eficacia a las necesidades de la realidad económica y tecnológica subyacente.
Los marcos regulatorios deben ser concebidos como una serie de principios generales que las autoridades costarricenses deben cumplir cuando están evaluando situaciones que requieran de intervención en mercados particulares, y no como una colección de normas que impongan requisitos taxativos y previamente definidos sobre los operadores.
Uber le está mostrando al mundo que existen soluciones tecnológicas, cuyas autorregulaciones pueden ser más efectivas que las leyes y reglamentos que el Gobierno puede imponer, tanto para el control y calidad del servicio, como también para la seguridad de los pasajeros y de los conductores.
Esta no debería ser una lucha de los taxistas en contra de Uber, debería ser una lucha de todos contra el estancamiento y la sobrerregulación inflexible que limita la competencia sana en el mercado, que atenta contra nosotros los consumidores y el sentido común.
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