Las municipalidades arrastraron su superávit presupuestario durante todo el periodo luego de las elecciones del 2010 y hasta el 2015.
Un análisis de EF con base en datos de la Contraloría General de la República (CGR) muestra que en el promedio las municipalidades aumentó en un 46% la cantidad de dinero que está sin utilizar.
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Registrar un superávit no es necesariamente malo, pero que se mantenga durante el tiempo puede mostrar un problema estructural en su capacidad de ejecución.
Entre el 2014 y el 2015, la ejecución de ese superávit fue alta y el promedio de los cantones la redujo un 85% en comparación con el año anterior. Sin embargo, ese porcentaje no alcanzó para gastar el dinero sobrante en las arcas de estas municipalidades.
Por ejemplo, las municipalidades de San José y la de Alajuela son poseedoras del mayor superávit acumulado hasta el 2015, que en el primer caso asciende a los ¢15.636 millones y en el segundo a los ¢19.288 millones. Sin embargo, el cambio porcentual entre los dos extremos del periodo fue mínimo (es decir, no aumentó).
Entre los cantones centrales de las provincias se mantiene una tendencia semejante a la del promedio, con excepción del gobierno del cantón central de Limón, que dejó el número prácticamente en cero.
En el siguiente gráfico puede hacer comparaciones entre los cantones de su interés para conocer cómo creció o disminuyó el superávit.
Los cantones más desposeídos, como Turrubares, Dota, Los Chiles y León Cortés más bien mostraron una tendencia a reducir al máximo ese superávit durante los últimos cuatro años
¿Qué significa superávit?
Varias razones explican el superávit en las municipalidades. La menos positiva es que la falta de una claridad municipal para ejecutarlo convierte los ingresos en dinero ocioso.
Empero, esta no es el único origen del sobrante. La dependencia de los presupuestos municipales en transferencias del Gobierno Central, que llegan en fechas lejanas a las pactadas, atenta contra la ejecución oportuna de los presupuestos.
"Hay recursos por impuestos de salida, por ejemplo, que deben girarse a las municpalidades pero que llegan a fin de año y no ha sucedido. Entonces las municipalidades tendrán que volver a presupuestar ese recurso como superávit para poderlo ejecutar”, comentó Leonardo Campos, coordinador de incidencia política de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
En la misma línea, una mejora en los sistemas de recaudación de los tributos tiene un impacto. Campos recordó cómo desde el 2012 los gobiernos municipales tienen ingresos mayores tras la modificación de la Ley de patentes de licor. Lo que antes significaban ingresos por ¢300 por cada patente girada, hoy puede llegar al ¢1 millón, en algunos casos.
Poder estimar cuánto ingresará a las arcas municipales por ese concepto se vuelve en algunos casos un imposible.
“Cómo no terminar con un monto mayor del proyectado si en un tema como ese la municipalidad depende de cómo se comporte el mercado ese año. Eso hace que las municipalidades sean conservadoras en sus números también”, continuó el coordinador.
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Más factores
Desde las municipalidades, la sub ejecución de los presupuestos es vista desde otro ángulo.
Una respuesta emitida por la Municipalidad de Escazú a la Contraloría General de la República señala los largos procesos de contratación administrativa en detrimento de la administración de los recursos públicos.
Apelaciones, recursos de revocatoria, viabilidad ambiental, impiden a criterio de la institución ágiles procesos de adjudicación y ejecución de proyectos dentro de un mismo periodo fiscal. Así, aunque cuenten con el dinero y se planifique la ejecución de los mismos, interceden responsables fuera del control del municipio.
"...Les solicito facilitar procesos de contratación administrativa más ágiles que le faciliten a las Municipalidades ejecutar sus obras, servicios y proyectos en forma más expedita, ... que beneficie los habitantes de cada Cantón", señaló Narcisa Zamora, alcadesa de Escazú, en la carta mencionada.
El alcalde de Curridabat, Édgar Mora, apunta, que no todas las razones del superávit son negativas. "Por ejemplo, para un año vimos unos ¢400 millones de ahorro en salarios y en obra pública que ejecutamos a menor costo del previsto. También es notable que ¢388 millones no se ejecutaron por esperar indicaciones precisas (a veces anuencias) de parte de alguna institución del estado".
