Corte Suprema de Estados Unidos debate sobre discriminación positiva en universidades

El alto tribunal, dominado por los conservadores, examinará durante dos horas los procedimientos de admisión a las universidades de Harvard y Carolina del Norte (UNC), las instituciones privada y pública de educación superior más antiguas del país.

Harvard y la UNC, al igual que otros centros de estudios superiores, consideran a la raza o el origen étnico para tratar de garantizar la representación de las minorías en el alumnado.

El objetivo es corregir las desigualdades surgidas en el pasado segregacionista de Estados Unidos y aumentar la proporción de estudiantes afrodescendientes, hispanos o de pueblos indígenas, que siguen estando subrepresentados en la educación superior.

Esta política, conocida como discriminación positiva o de "acción afirmativa", ha sido cuestionada principalmente por la derecha.

Nueve estados prohibieron la acción afirmativa en universidades públicas, incluido California, y a lo largo de las décadas varios estudiantes blancos han presentado reclamos legales alegando "racismo al revés".

Tomando el tema en varias ocasiones desde 1978, la Corte Suprema prohibió las cuotas pero autorizó a las universidades a tener en cuenta, entre otras cosas, criterios raciales, juzgando que la búsqueda de una mayor diversidad era un "interés legítimo".

En 2014, el activista neoconservador Edward Blum, quien inició varios recursos legales contra los programas de discriminación positiva, le dio un nuevo ángulo al ataque. Al frente de una asociación llamada Students for Fair Admission (Estudiantes por una admisión justa), presentó una denuncia contra Harvard y la UNC acusándolas de discriminar a los estudiantes de origen asiático.

Estos últimos, que tienen resultados académicos significativamente por encima del promedio, serían más numerosos en el campus si su desempeño fuera el único criterio de selección, argumentó.

Después de haber sufrido varias derrotas en los tribunales, recurrió a la Corte Suprema para pedirle, de manera más amplia, que declarara que la Constitución prohíbe toda discriminación, incluida la discriminación positiva.

El templo de la ley podría haberse negado, como lo hace en la mayoría de los casos que se le presentan. Al aceptar el recurso, dejó entrever que estaba listo para dar otro giro histórico, como lo hizo en junio al anular el fallo "Roe v. Wade" de 1973 que garantizaba el derecho al aborto.

"Este Tribunal me asusta", dijo el lunes Natasha Smith, una afroestadounidense de 44 años de Carolina del Norte mientras manifestaba frente a la Corte para defender los programas de discriminación positiva con la esperanza de que su hijo de 13 años pueda beneficiarse de ellos.

"Estoy nerviosa", reflexionó Rachel Woods, una mujer negra de 32 años. "Nunca habíamos tenido una Corte tan diversa y, sin embargo, tenemos que luchar por cosas que dábamos por sentadas..."

Varios actores del mundo político, académico y económico intervinieron para defender el statu quo.

En un alegato enviado a la Corte, el gobierno del presidente demócrata, Joe Biden, insistió en la necesidad de formar “líderes con perfiles variados listos para liderar una sociedad cada vez más diversa”.

Las grandes empresas, incluidas Google y General Motors, han señalado que una "fuerza laboral diversa mejora su desempeño" y que recorren los campus universitarios en su búsqueda.

Pero la Corte, que fue reformada radicalmente por Donald Trump y tiene una mayoría conservadora (seis de nueve jueces), "tiende a considerar que el registro racial, incluso por razones loables, viola la Constitución", recordó Steven Schwinn, profesor de derecho en la Universidad de Illinois, Chicago.

"Si queremos poner fin a la discriminación racial, debemos dejar de discriminar por motivos raciales", escribió en 2007 el presidente de la Corte Suprema, John Roberts. Incluso el afroestadounidense Clarence Thomas, quien se benefició de estos programas para ingresar a la prestigiosa Universidad de Yale, los denigró públicamente.

El campo progresista, en clara minoría, está debilitado: la magistrada Ketanji Brown Jackson, la primera mujer negra que integra el alto tribunal, recusó el expediente de Harvard porque anteriormente integró la Junta de Supervisores de esa universidad.

La Corte Suprema tendrá que rendir su decisión antes del 30 de junio.

“Tendrá un impacto más allá de la educación superior”, predijo Schwinn. Podría, según él, prohibir al gobierno utilizar criterios raciales en otros ámbitos, como la adjudicación de contratos públicos, práctica autorizada hoy.