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Sin duda el vaivén del proyecto de ley de reforma al empleo público en la Asamblea Legislativa fue uno de los temas más importantes en la agenda mediática y la discusión política nacional de la última semana.
Los diputados defienden que no excluyeron a nadie de la normativa y tres cámaras empresariales piden no dejar por fuera a ninguna entidad estatal.
EF explica, en este espacio de #CrisisFiscalCR, las cuatro claves para comprender qué sucedió con la reforma al empleo público que se discute en el Congreso, uno de los proyectos más importantes en las pretensiones del Ejecutivo por implementar un plan de ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por cierto, el pasado lunes 1.° de marzo, el Directorio Ejecutivo del FMI avaló la propuesta del programa negociado con Costa Rica, ahora el documento será enviado al Ministerio de Hacienda que deberá presentarlo a la Asamblea Legislativa para que inicie su trámite con miras a aprobarse cuanto antes. El Gobierno espera que sea entre abril y mayo.
1- Universidades fuera
El pasado martes 2 de marzo, los legisladores que integran la Comisión de Gobierno y Administración, foro en el que se discute La Ley Marco de Empleo Público (21.336), aprobaron una moción que excluye a las universidades públicas de las nuevas regulaciones en material salarial.
Estas casas de enseñanza pagan salarios de hasta ¢9,9 millones mensuales. La moción avalada señala que: “El sistema de empleo público de las instituciones de educación superior universitaria estatal estará compuesto de los estatutos orgánicos y normativa complementaria aprobada por sus propios órganos de autogobierno de conformidad con los artículos 84, 85, y 87 de la Constitución Política”.
Según reportó La Nación, el texto incluido en el proyecto de ley fue propuesto y distribuido por las propias cúpulas universitarias como parte del lobby que realizaron con seis diputados de la comisión, quienes presentaron la misma propuesta, con la redacción idéntica, pero en diferentes mociones.
2- Molestias sectoriales
Tras el episodio del martes, tres cámaras empresariales fustigaron las decisión de los diputados de otorgar un trato diferenciado y preferencial a las cinco universidades públicas, en la que consideran como la principal reforma estructural del país en los últimos años para bajar el gasto público.
La Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham) pidió al Gobierno y a los diputados frenar las excepciones y eliminar los “privilegios odiosos” de los que han gozado algunos sectores en el Estado.
Para la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) la actuación de los diputados es “inmoral e improcedente” porque deja por fuera a las universidades de una reforma que busca ordenar los salarios y cerrar las brechas de desigualdad de ingresos en el sector público.
Mientras que la Cámara Nacional de Bananeros (Canaba) aseveró que es “ilógico” crear nuevas diferencias que perpetúan el problema en los salarios y pluses exorbitantes que ya se pagan en algunas instituciones.
3- Diferencia de criterios
Los diputados Luis Fernando Chacón, de Liberación Nacional (PLN) y Víctor Morales, de Acción Ciudadana (PAC), consideran que la moción aprobada no deja por fuera a las universidades, ya que sí deberán someterse al nuevo esquema salarial, a pesar de que, con la moción aprobada, se les permite regularse por sus propias normas internas.
Jorge Fonseca, del PLN, espera que sea la Sala Constitucional la que defina si la moción aprobada está bien o no, debido a que existe una amplia divergencia de criterios sobre el tema.
De acuerdo con José María Villalta, del Frente Amplio (FA), ahora es el turno de los rectores de cumplir con su palabra para crear una propuesta de un sistema salarial único que se aplicaría a estas entidades. Ese trabajo se haría en conjunto con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).
Los cuatro congresistas, quienes forman parte del grupo que aprobó la moción para favorecer a las universidades, brindaron posiciones encontradas en declaraciones a La Nación.
4- ¿Todos adentro?
En un intento por buscar un proyecto de ley viable políticamente y que preserve su espíritu de crear un único modelo de remuneraciones; los nueve diputados de la comisión aprobaron, este jueves 4 de marzo, una nueva moción que incluye a todas las instituciones públicas en en el proceso de definición del salario global que se fijaría con la nueva ley para cada puesto del Estado.
La medida aplicaría para el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), las universidades estatales, las municipalidades y las demás instituciones autónomas.
Quedan excluidas las empresas públicas en competencia, como, por ejemplo, el Instituto Nacional de Seguros (INS), y Bomberos de Costa Rica, estos dos segmentos sí estarán sujetos a regulaciones de las convenciones colectivas.
El grupo de entidades que participará en la fijación del salario global deberá trabajar en conjunto con Mideplan, la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) y la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda.
En caso de que las instituciones no se logren poner de acuerdo sobre el monto definido para una columna salarial específica, le corresponderá al Tribunal Contencioso Administrativo dirimir el conflicto.
La Comisión de Gobierno y Administración todavía debe concluir la discusión de mociones para que el proyecto de ley pase al plenario legislativo.
