Por: Manuel Avendaño Arce.   19 febrero
Un grupo de estudiantes, empleados y los rectores de las universidades públicas protestaron frente al Congreso, este jueves 18 de febrero, contra la reforma al empleo público. Fotografía: Alonso Tenorio.
Un grupo de estudiantes, empleados y los rectores de las universidades públicas protestaron frente al Congreso, este jueves 18 de febrero, contra la reforma al empleo público. Fotografía: Alonso Tenorio.

Finalmente y luego de varias fricciones entre los diputados, la Ley Marco de Empleo Público (21.336) llegó a su última etapa antes de pasar al plenario legislativo para someterse a votación en primer debate.

Eso sí, todavía en la Comisión de Gobierno y Administración deberán discutirse las 476 mociones de fondo presentadas por los diputados en los dos días habilitados previamente por el artículo 137 del reglamento legislativo. Luego podrán reiterarse en el plenario.

Los últimos días en Cuesta de Moras fueron turbulentos en torno a este proyecto de ley que se convertiría en la reforma más importante del país para reducir el gasto público en el segundo disparador después de los intereses de la deuda: las remuneraciones y su intrincando y creciente sistema de pluses salariales.

Los tres temas más controvertidos en la discusión de este plan son:

1- Definir si el salario global se aplica a todos los empleados públicos, es decir, a los que laboran actualmente y a los que ingresen en el futuro; o se deja únicamente por los que se contraten después de la aprobación de la normativa.

2- Las regulaciones o prohibiciones que deberían aplicar los diputados a las convenciones colectivas negociadas entre instituciones estatales y sindicatos.

3- Si la rectoría del empleo público debe quedar en manos del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), como pretende el Gobierno y como fue aprobado por los mismos legisladores en la reforma fiscal del 2018; o si se traslada a la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), como acordaron en la Comisión los congresistas de Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), y los independientes Jonathan Prendas y Dragos Dolanescu.

Con este panorama claro, es momento de comprender qué ocurrió en el Congreso esta semana.

Lobby para salirse

Las universidades públicas y las municipalidades aumentaron sus baterías en Cuesta de Moras para hacer lobby con el fin de quedar fuera de la reforma al empleo público. Al mismo tiempo otras voces como la de Fernando Cruz, magistrado y presidente del Poder Judicial, cuestionaron que este proyecto ignora la independencia de esa institución.

Algunos diputados de la Comisión de Gobierno y Administración, donde se tramita la iniciativa de ley, decidieron sacar a las empresas públicas en competencia de la reforma al empleo público mediante la aprobación de una moción el pasado 26 de enero.

Atendiendo las posiciones de los lobbistas de la banca estatal y de otras entidades, los diputados que participan en este foro por parte del PLN, PUSC, Acción Ciudadana (PAC) y el bloque Nueva República, dieron su aval a la medida impulsada por el exministro de la presidencia y legislador, Víctor Morales Mora. El argumento es que algunas de estas instituciones ya tienen salario global.

Sobre este punto, la Contraloría General de la República (CGR) indicó que sacar a las empresas públicas de la reforma aumentará las desigualdades salariales a lo interno del Estado.

Ante un escenario de creciente presión por parte de las entidades estatales para que no se les incluya en el alcance del proyecto de ley, diputados de la fracción del Partido Restauración Nacional (PRN) presentaron mociones para que no se deje por fuera a más sectores o instituciones puntuales.

El 16 de febrero los congresistas de esta Comisión acordaron con Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico del Gobierno, no excluir a más sectores, por lo que las universidades públicas y las municipalidades estarían bajo las nuevas normas salariales que se definan en el expediente.

Alianzas inesperadas

Este jueves 18 de febrero los rectores de las universidades públicas marcharon hasta Cuesta de Moras en compañía de empleados y estudiantes, para oponerse a la reforma al empleo público y pedir que se les excluya.

A ellos se sumaron las voces de la Comisión Política del PAC y José María Villalta, diputado del Frente Amplio.

La cúpula política del PAC asegura que el proyecto de ley interviene “violentamente” en la autonomía de las universidades al querer regular las políticas salariales que debe ser definida por las mismas instituciones.

Esta situación pone al Gobierno y los diputados del PAC, quienes impulsan la reforma al empleo público, frente a frente con la Comisión Política del mismo partido oficialista en un año preelectoral.

Para Enrique Sánchez, jefe de fracción del PAC, no existe ninguna intención de la bancada por arriesgar la autonomía de las universidades públicas.

Fricciones y atrasos

Aunque desde el 16 de febrero se había acordado por parte de los legisladores que el segundo día para presentar mociones al proyecto sería el miércoles 17 de febrero, una serie de desacuerdos a lo interno de la bancada del PLN provocó que no ocurriera así.

Seis diputados liberacionistas empezaron a pedir más tiempo desde la semana anterior para presentar sus mociones, por lo que ese periodo se les concedió como una manera de “cortesía”. Así lo explicó Luis Fernando Chacón, jefe de la fracción del PLN, a La Nación.

Los congresistas que solicitaron un plazo mayor fueron Karine Niño, María José Corrales, Luis Antonio Aiza, Gustavo Viales, Daniel Ulate y Roberto Thompson, este último quien confirmó su interés por buscar la candidatura presidencial liberacionista para el 2022.

Aunque el segundo día de mociones por artículo 137 estaba pactado para el 17 de febrero, el atraso de los verdiblancos provocó que se diera hasta el jueves 18 de febrero.

Thompson aclaró en su cuenta de Twitter que nunca se suspendió el avance del proyecto de ley, lo que buscaban era “quemar” el segundo día de mociones el jueves de esta semana.

En total, los diputados presentaron 476 mociones que deberán ser discutidas y votadas, por lo que se requerirá un fuerte trabajo de negociación entre las fracciones con el fin de construir un texto que cuente con el respaldo legislativo necesario para convertirse en ley.

Este es uno de los proyectos clave en el acuerdo negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que generaría rendimientos de hasta 1,52% del Producto Interno Bruto (PIB) por año, una vez que se implemente al 100%.