Partidos se comprometen a apoyar y no obstaculizar 59 puntos de cara al 2021

Por: Daniel Salazar Murillo 27 junio
Al final de la firma de los 49 compromisos, los coordinadores entregaron una copia del documento al legislador Ottón Solís, que inspiró la creación de un acuerdo.
Al final de la firma de los 49 compromisos, los coordinadores entregaron una copia del documento al legislador Ottón Solís, que inspiró la creación de un acuerdo.

Los nueve partidos con representación en la Asamblea Legislativa firmaron este martes un documento con 59 acuerdos de cara al bicentenario de la independencia del país, en el 2021.

Los 59 acuerdos, vinculantes moralmente para los nueve partidos, proponen mejorar el desarrollo regional, modernizar la infraestructura y el transporte público, reformar el sistema educativo, reducir trámites, avanzar en la reforma fiscal, entre otros ejes temáticos.

La propuesta nace de un diálogo multipartidario desarrollado discretamente desde noviembre del 2016, tras una iniciativa del diputado oficialista Ottón Solís para conformar un Gobierno Nacional para el 2018. El diálogo contó con la participación de expertos académicos y sociales, y fue coordinado por Roberto Artavia (exrector del INCAE Business School) y Miguel Gutiérrez-Saxe (fundador y exdirector del Programa del Estado de la Nación).

El evento de este martes contó con la participación de los presidentes, secretarios y representantes de los nueve partidos políticos que hoy tienen diputados en la Asamblea Legislativa. Ellos se comprometieron a apoyar las 59 propuestas divulgadas y no obstaculizarlas, en caso de que tengan diferencias con ellas.

Entre ellas, figura el compromiso por habilitar presupuestos plurianuales en las municipalidades, habilitar mecanismos para mejorar la recaudación fiscal municipal, dotar a la Gran Área Metropolitana de un tren eléctrico que conecte Cartago, San José, Heredia y Alajuela, o apoyar la sectorización de rutas de autobuses y de terminales multimodales.

También pretende que los empleados públicos y privados que sean padres de familia cuenten con cuatro horas laborales por mes para sesiones de capacitazión en crianza y educación, eliminar la inmunidad de los Supremos Poderes, sacar la figura del refrendo de la Contraloría General de la República, ordenar al Ministerio de Hacienda para que evalúe anualmente las exoneraciones, entre otras.

El documento no contempla un eje específico en materia de derechos humanos o ambiente, aunque los coordinadores aseguran que se trata de ejes trasversales en la propuesta. Tampoco integra propuestas concretas con respecto a pensiones de lujo.

Aquí un resumen de EF sobre las 59 propuestas presentadas este martes.

Desarrollo Regional

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Los objetivos de este tema pretenden impactar especialmente a la zona noroeste (La Cruz, Upala, Guatuso), el caribe central y sur (Siquirres, Matina, Limón y Talamanca), el Pacífico Central (Garabito, Parrita y Quepos) y el Pacífico Sur (Osa, Golfito y Corredores).

1. Cerrar brechas de infraestructura social, logística y de conectividad en las regiones seleccionadas.

2. Crear un mecanismo para mejorar la coordinación interinstitucional de estas regiones. Los programas del MEIC, COMEX, MAG, INA, INDER y el Sistema de Banca para el Desarrollo deben dar prioridad a estas zonas.

3. Desplegar los programas de redistribución (Avancemos, Red de Cuido) prioritariamente a los pobres y excluidos de esas zonas.

4. Que los proyectos y programas especialmente en infraestructura y salud tengan un énfasis territorial o regional y no municipal o cantonal.

Fortalecimiento del régimen municipal

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5. Integrar el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) con el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

6. Habilitar los presupuestos plurianuales en las municipalidades.

7. Generar un sistema de cooperación interinstitucional que permita establecer un sistema de transferencias municipales, flexibilizar las alianzas público-privadas desde las municipalidades.

8. Priorizar que los planes reguladores y municipales tengan una lógica regional, en lugar de municipal.

9. Asignar a las municipalidades competencias para mejorar la recaudación fiscal municipal. Entre ellas, facilitar que los gobiernos locales puedan corroborar que los valores de los contribuyentes sean reales, la facultad para hacer fiscalizaciones en cada lugar.

10. Flexibilizar la legislación para que las municipalidades puedan brindar más servicios por medio de sitios web, o aplicaciones móviles.

Infraestructura y transporte público

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11. Dotar a la Gran Área Metropolitana de un tren eléctrico que conecte Cartago, San José, Heredia y Alajuela con viajes de aproximadamente 500 pasajeros que pasarían con alta frecuencia.

12. Aprobar la sectorización de rutas de autobuses y desarrollar sistemas de buses con carriles exclusivos.

13. Desarrollar terminales multimodales que conecten diferentes medios de transporte.

14. Reformar el Conavi y el Consejo de Transporte Público mediante la eliminación de sus juntas directivas y la transformación de los entes en direcciones del MOPT.

15. Asegurar, como mínimo, dos carriles por sentido, espaldones, bahías de autobús, entre otras facilidades en las rutas como la Interamericana Norte y Sur, la ruta 27 (vía a Caldera) y la carretera a Limón (32).

16. Desarrollar Terminales Logísticas nacionales en Orotina, Muelle de San Carlos, Siquirres, Turrialba, Liberia, Limón, Puntarenas, San Isidro del General, Taras y El Coyol que permitan cambiar la carga que se transporta desde los puertos a vehículos de menor tamaño.

17. Promover la creación de polos de desarrollo regional mediante el estímulo de inversiones en infraestructura.

18. Realización formal de un estudio de pre-factibilidad para tener una conexión interoceánica de 300 kilómetros con dos líneas ferroviarias para trasladar la carga desde La Cruz hasta Puerto Limón.

Una Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) centenaria

19. Establecer nuevos Equipos Básicos de Atención Primaria en Salud (Ebais) y consolidar la red hospitalaria regional y periférica.

Reforma educativa integral

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20. Promover que la composición del Consejo Superior de Educación sea tal que le permita enfocarse en la visión y políticas educativas de largo plazo.

21. Unificar leyes y reglamentos que establezcan y determinan la composición del Consejo Superior de Educación y el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup).

22. Crear una política de contratación de docentes por idoneidad vinculante al 2021, desplegar un programa de actualización y recertificación para maestros y profesores.

23. Enfocar la sociedad costarricense en la educación ubícua (el que se produce en cualquier lugar y en cualquier momento) que permita atender a población que está fuera del sistema educativo.

24. Impulsar, a través del Consejo Superior de Educación y el MEP una educación innovadora, inclusiva y adaptable a los cambios del contexto.

25. Crear una política que promueva que los empleados públicos y privados que son padres de familia asistan cuatro horas laborales por mes a sesiones de capacitación en crianza y educación.

Empleo y cumplimiento de derechos laborales

26. Movilizar la producción nacional hacia una economía con mayor contenido de tecnología, conocimientos y mejor estructurada en términos de valor agregado nacional.

27. Crear un mecanismo interinstitucional que conozca la oferta de empleo y las necesidades de las organizaciones en cada región del país para intermediar, y cuando sea necesario, capacitar en programas del INA.

28. Ampliar la inversión en la red de cuido según las características de cada área de alta vulnerabilidad social.

29. Mejorar el acceso a recursos financieros a pequeños empresarios mediante Banca para el Desarrollo.

30. Instar al Banco Central para que tenga como objetivo la ocupación plena de la fuerza laboral del país, en lugar de verlo como una variable "de resultado" de la política monetaria.

31. Fortalecer la inspección laboral mediante controles cruzados entre la CCSS, el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Ministerio de Trabajo y las municipalidades.

Consejo Económico y Social de Costa Rica

32. Crear el Consejo Económico y Social, una instancia multilateral para discutir y generar recomendaciones a quienes hacen decisiones de política nacional.

Reforma al Régimen de Empleo Público

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33. Integrar en el Mideplan una unidad, paralela al Servicio Civil, encargada del ordenamiento del sistema del empleo público.

34. Crear un perfil de mérito e idoneidad del funcionario público que será implementado en algunas municipalidades en el 2018 y en el resto del sector público hacia el 2021.

35. Diseñar instrumentos para evaluar el comportamiento y desempeño de los funcionarios públicos en el 2018 y aplicarlos de forma generalizada hacia el 2021.

36. Arrancar planes para desacelerar la tasa de crecimiento del coeficiente de Gini en las remuneraciones del sector público (reducir la desigualdad salarial). Lograr equidad interna salarial en el empleo público entre cargos similares.

37. Establecimiento de un tope a las escalas superiores salariales y un salario único para miembros de Supremos Poderes, Viceministros, Directores, Presidencias Ejecutivas.

38. Buscar un sector público donde operen programas trasversales de formación y capacitación y con mecanismos específicos de reclutamiento y selección.

39. Mejorar la gestión de recursos humanos en el sector público, estableciendo índices de gestión en relaciones humanas y sociales, entre otros.

Simplificación de Trámites y Reforma Administrativa del Estado

40. Instar a ministerios a revisar la conveniencia de reorganizar sus órganos desconcentrados a órganos de desconcentración mínima o dependencias internas.

41. Eliminar la redundancia de instituciones, duplicación de funciones y simplificar la estructura del sector de asistencia social.

42. Eliminar la inmunidad de los miembros de los Supremos Poderes en el caso de los delitos tipificados en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.

43. Sacar la figura del refrendo de la Contraloría, pero ejercida por una instancia a lo interno de la Administración.

44. Reestructuración del Mideplan para que asuma la tarea del Presupuesto Nacional desde su programación, ejecución, registro y evaluación, para que el Ministerio de Hacienda solo quede encargado de la gestión financiera del presupuesto.

45. Incluir enmiendas al proceso de atención de denuncias, incorporar medidas de protección al denunciante y mejoras de acceso a información pública.

Reforma fiscal progresiva

46. Impulsar reformas para resolver el tema fiscal sobre temas de ingreso y gasto público, incluyendo aspectos de transparencia y rendición de cuentas.

47. Desacelerar el crecimiento del gasto corriente, a la vez que se protege la inversión pública y social, retornar a la senda de la sostenibilidad fiscal, entre otros elementos de una regla fiscal.

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48. Migrar a un presupuesto basado no en programas, sino en resultados.

49. Ordenar al Ministerio de Hacienda para que evalúe anualmente las exoneraciones y autorizarlo para que no otorgue las que determine que incumplenn con su objetivo.

50. Aprovechar la flexibilidad de las alianzas público-privadas para construir obra pública.

51. Mejorar las plataformas tecnológicas para simplificar los trámites en el Ministerio de Hacienda.

52. Evitar la aprobación de leyes y proyectos sin sustento presupuestario o fiscal.

Reglamento de la Asamblea Legislativa

53. Establecer un procedimiento de pérdida de credenciales de los diputados en caso de faltas al deber de probidad.

54. Agilizar el trámite de proyectos con veto o consulta facultativa.

55. Establecer una fecha límite de votación para el trámite de reelección de magistrados.

56. Incluir la votación de proyectos municipales en un lugar preferencial del orden del día una vez por mes, entre otras.

57. Establecer espacios adecuados para el debate político sobre temas de trascendencia nacional.

58. Garantizar que los informes de las comisiones investigadoras sean conocidos y votados por el Plenario.

59. Derogar leyes obsoletas, en desuso o con derogación tácita.

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