El Poder Ejecutivo desistió del plan que pretendía la movilidad voluntaria de 7.000 burócratas como una medida temporal para reducir el gasto público. Casi tres meses después del anuncio, el Gobierno afirma que no es el momento adecuado y en su lugar apostará por los ahorros que generaría el proyecto Ley de Marco de Empleo Público (Expediente 21.336).

El país podría ver un ahorro aproximado del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer año de aplicación de la ley, según confirmó Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del equipo económico, durante entrevista con EF.

El 17 de setiembre el equipo económico anunció una lista de acciones con las que pretendía convencer al Fondo Monetario Internacional (FMI) de que el país tiene la capacidad para enfrentar los pagos del crédito de Servicio Ampliado por $1.750 millones.

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Una de ellas era la apuesta por movilidad laboral pero ya quedó atrás, la otra tardaría ocho meses en llegar a la corriente legislativa. Se trata de una iniciativa que pretende el cierre, transformación y fusión de órganos desconcentrados, la cual podría ingresar a la corriente legislativa en los albores del proyecto de presupuesto nacional para el ejercicio económico del 2022.

Este es un pendiente histórico pues lo que se pretende es reducir el inconmensurable aparato estatal costarricense.

Adiós a la movilidad voluntaria

“Por ahora no estaríamos avanzando con ello, eso requería según nuestros cálculos de un presupuesto cercano a los ¢225.000 millones para cubrir a 7.000 personas servidoras públicas y poderles compensar por los años que no estarían, según lo define la propia ley, y darles un incentivo por desvincularse del sector público. No obstante, hemos decidido que no es el momento para ello”, afirmó Garrido.

La movilidad está contemplada en el capítulo IV de la Ley de Equilibrio Financiero en el Sector Público (N° 6.955).

Si se daba luz verde a ese plan, el Gobierno iba a tener que endeudarse una vez más (con colocaciones en el mercado interno, por citar un ejemplo). A pesar de que podía dar un rendimiento del 0,38% del PIB, se descartó por el costo inicial y por eso el Poder Ejecutivo apuesta por el Proyecto Ley de Marco de Empleo Público (Expediente 21.336).

Este sería una transformación estructural y que permitiría aprovechar la coyuntura de transición demográfica de los funcionarios que están próximos a jubilarse. Sin embargo, se debe tener en cuenta que este proceso es voluntario y pese a que algunos funcionarios llegan a la edad de retiro, no se acogen a la pensión por deudas u otros temas personales.

El Gobierno pretende impulsar una moción de fondo vía artículo 137 que le permitirían obtener ahorros del 0,68% del PIB desde el primer año de aplicación y solo en el Gobierno Central hasta llegar a 0,9% en el quinto año.

La idea es hacer una transición de manera gradual de los salarios compuestos a los salarios globales, lo que a criterio de Garrido sería “muy favorable”.

La propuesta de la moción es permitir a los funcionarios que tengan el salario actual menor al salario global seguir devengando las anualidades (pero no lo que se cobra por costo de vida pues la regla fiscal congela ese pago mientras el peso de la deuda sea superior al 60% del PIB). Esto permitiría que los salarios compuestos (los actuales) y los globales puedan converger pero que la transición sea de manera paulatina.

Congelar las remuneraciones de los empleados públicos que tienen un salario compuesto superior al global y con la transición gradual es que se lograría el ahorro del 0,68% de ahorro en el primer año. Si se le suma el sector público no financiero el rendimiento para el primer año sería cerca de 1,5% del PIB, según la titular del Mideplan.

Ahora bien, aplicar el salario global también tendrá un costo para la administración. Según el texto dictaminado, pasar de un salario compuesto menor a uno global en su misma categoría tendría un costo para el Gobierno Central de ¢25.700 millones por año.

Mientras que para el sector público no financiero el costo sería de ¢32.000 millones anuales.

El proyecto Ley de Marco de Empleo Público (Expediente 21.336) ya superó la etapa de comisión y llegó al Plenario, pero aún no ha sido convocado por el Gobierno para el periodo de sesiones extraordinarias, según confirmó el 9 de diciembre el Departamento de Servicios Parlamentarios.

Por su parte el legislador congresista, Erwen Masís, manifestó que es importante avanzar con la iniciativa de ley, ya que tiene errores que se deben corregir; algunos de forma y otros de fondo.

Cierre y fusión de adscritas camina lento

El Gobierno concentra los esfuerzos en la aprobación de los empréstitos con multilaterales, llevar hasta la corriente legislativa los proyectos que fueron fruto del diálogo multisectorial y en una esperada segunda propuesta para acudir al FMI.

Por estas razones, la reorganización de órganos desconcentrados podría llegar a Cuesta de Moras a inicios del segundo semestre del 2021.

Cerrar, fusionar y transformar los órganos desconcentrados es un tema que Garrido ha abordado desde el inicio de la administración Alvarado Quesada.

“La expectativa nuestra es que pueda ser presentado antes de la formulación del segundo ejercicio presupuestario del 2022 para poder que sea más consistente y más sencillo, para la elaboración de dicho presupuesto y que ya las incorpore”.

El presupuesto nacional se presenta en setiembre en la Asamblea Legislativa y se comienza a formular en abril o mayo de cada año.

La aspiración del Ejecutivo es eliminar nueve órganos desconcentrados para trasladar las funciones a un ministerio, eliminar cinco órganos desconcentrados y sus funciones, trasladar cinco órganos desconcentrados hacia otro ministerio diferente, y eliminar las distorsiones legales de dos órganos desconcentrados.

Así consta en el documento “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia”, propuesta del consejo económico para negociar con el FMI.

Con estas reestructuraciones se eliminarían cerca de 200 plazas, lo que significa que como son funciones que se duplican dentro del sector público se estarían desvinculando a los funcionarios. Por lo que Garrido no descarta despidos en el futuro.

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No obstante, también se valora realizar traslados a otros sectores de la administración pública (en caso de que algunas instituciones requieran refuerzos). Esto se aplicaría siempre y cuando no haya detrimento de la política fiscal ni de los límites establecidos en el presupuesto que esté vigente.

EF solicitó la estimación de despidos que podrían darse dentro del sector público y Mideplan quedó de enviarlo, pero no se recibió ninguna documentación al cierre de esta edición.

Dos de las instituciones que sufrirían transformaciones son el Consejo de Transporte Público (CTP) y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), estas son entidades adscritas al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El cierre y la fusión de los órganos desconcentrados daría un rendimiento del 0,05% del PIB, según consta “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia”.