Por: Laura Ávila, María Luisa Madrigal.   18 septiembre
El Ejecutivo pretende la aprobación del Proyecto Ley de Marco de Empleo Público (21.336), en mayo se le aplicó un texto sustitutivo con la esperanza de reanimar la iniciativa dentro de la corriente legislativa.
El Ejecutivo pretende la aprobación del Proyecto Ley de Marco de Empleo Público (21.336), en mayo se le aplicó un texto sustitutivo con la esperanza de reanimar la iniciativa dentro de la corriente legislativa.

Para poder acceder a un crédito de Servicio Ampliado por $1.750 millones el Gobierno debe convencer al Fondo Monetario Internacional de que implementará acciones que le permitirán tener capacidad de pago. Sin embargo, las propuestas forman parte de un conocido repertorio que el Gobierno ha mostrado en reiteradas ocasiones.

La regla fiscal se constituye como el mecanismo que le ayudará a contener el gasto, este instrumento de disciplina está contemplado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635).

“Por el lado del gasto la principal medida es la regla fiscal, porque lo contiene de manera severa. En el 2021 el gasto corriente podía crecer hasta 4,13% y crecemos solo en 0,77%. La misma regla nos lleva a esquemas de reducción del gasto muy importantes”, comentó Elián Villegas, ministro de Hacienda mientras daba a conocer la estrategia país que se negociará con el multilateral.

Sin embargo, los recortes al presupuesto en combinación con la regla fiscal brindarán un impacto menor al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) anual durante los cuatro años de aplicación de acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Hacienda.

Para el 2021 se estima un impacto del 0,76% como porción de la producción nacional; para el 2022 un 0,78% al 2022; 0,82% en el 2023 y 0,96% al 2024.

La otra apuesta es un viejo conocido que tendría un impacto nulo hasta que se convierta en ley, se trata de la reforma al empleo público. El Ejecutivo pretende la aprobación del Proyecto Ley de Marco de Empleo Público (21.336), en mayo se le aplicó un texto sustitutivo con la esperanza de reanimar la iniciativa dentro de la corriente legislativa.

El proyecto pretende introducir el salario global para los nuevos servidores públicos con el fin de eliminar las disparidades salariales de trabajadores que desempeñan las mismas funciones. También eliminaría los incentivos salariales.

En caso de que prospere esta iniciativa Hacienda proyecta un ahorro equivalente al 0,25% sobre la producción nacional para el 2023 y el 2024.

Otra de las propuestas es un pendiente histórico para el país y es la reducción del aparato estatal, que está conformado por 322 instituciones, de acuerdo a datos del sitio web del Ministerio de Planificación y Política Nacional (Mideplan).

El gobierno pretende el cierre, transformación y fusión de órganos desconcentrados. Esta medida tendría un impacto del 0,5% de la producción durante cada año de aplicación del 2021 al 2024.

El Ejecutivo pretende reestructurar los departamentos de servicios de apoyo a los 68 órganos desconcentrados. Sin embargo, aún falta un estudio para determinar cuáles pueden unificar funciones para que brinden servicios compartidos en áreas como: recursos humanos, proveedurías, financiero y otros.

También se pretende la eliminación de las nuevas anualidades por cuatro años. Este ahorro dejaría réditos menores al 1% del PIB durante sus cuatro años de aplicación, pues para el 2021 se estima un impacto del 0,06%, al año siguiente de 0,12%, en el 2023 sería del 0,18% y en el 2024 llegaría al 0,24%.

Si se suman todas las medidas de contención del gasto propuestas por el Gobierno estas tendrían un impacto del 0,87% como porción del PIB durante el año 2021. (Consultar tabla).

Medidas temporales

Como parte de las medidas temporales para reducir el gasto se contempla un proceso de movilidad voluntaria de cerca de 7.000 personas, esto basado en lo que estipulan los artículos comprendidos entre el 25 al 28 de la Ley de Equilibrio Financiero en el Sector Público (N°. 6.955).

También se plantea una reducción de la deuda política en 50% y la venta de activos del Estado, el cual tendría un potencial recaudatorio del 0,57% del PIB. Se venderían la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y terrenos del Estado.

“En el tema de reducción de gastos no se propone nada puntual, simplemente se mantiene algo que fue aprobado hace más de un año que es la regla fiscal, la cual no requería ningún anuncio nuevo, eso es lo único. (...) La propuesta más grande está desde el punto de vista de los ingresos, principalmente en impuestos directos y en las transacciones financieras, por lo tanto la reducción de gastos ni la reforma del Estado no son temas importante en esta propuesta al Fondo Monetario”, declaró German Morales, socio director de Grant Thornton.

Dentro de las medidas temporales también se contemplan acciones para generar ingresos.

Tal es el caso del impuesto extraordinario de la renta.

Ahí se contempla un impuesto extraordinario progresivo a las utilidades de personas físicas y jurídicas. La tarifa adicional va de 2.5% al 10% según la renta neta determinada

  • Para personas físicas con rentas netas menores a ¢3.732.000 se mantiene exentos, las superiores se incrementa progresivamente con un mínimo de 2,5% hasta un 10%.
  • Para personas jurídicas con rentas brutas superiores a ¢109.032.000 se incrementa un 6% esto tomando en cuenta que este impuesto se encontraría ajustado en el límite de lo utilizado a nivel internacional y para ingresos menores a ¢109.032.000, se incrementa progresivamente con un mínimo de 2,5% a un 10%.

También se establece un impuesto extraordinario progresivo, sobre los ingresos provenientes de trabajo personal dependiente y por concepto de jubilación o pensión, con una tarifa adicional que va de 2.5% a 10% adicional según el ingreso:

  • 2.5% adicional para ingresos mayores a ¢840.000
  • 5% adicional para ingresos mayores a ¢1.233.000 y ¢2.163.000
  • 10% adicional para ingresos mayores a ¢4.325.000

Otra de las acciones es que se establece un impuesto extraordinario de un 5% adicional en remesas al exterior, para todas las rentas de fuente costarricense por parte de personas físicas y jurídicas no domiciliadas en el país.