Vía Rápida, el talón de Aquiles de las reformas tributarias

Ya dos reformas han derrapado durante el trámite. Se trata del Proyecto Ley de Pacto Fiscal y Reforma Fiscal de la administración Pacheco de La Espriella y el Proyecto Ley de Solidaridad Tributaria que presentó el gobierno de Laura Chinchilla.

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La iniciativa que hoy se tramita en la Asamblea no solo deberá sortear las trampas del procedimiento. El Proyecto Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas enfrenta una férrea oposición de dos extremos ideológicos: el Partido Movimiento Libertario (ML) que presentaría hasta 3.000 mociones al proyecto y el Partido Frente Amplio que presentaría cambios sustantivos a la iniciativa.

¿Qué pasó?

En marzo del 2006, 13 diputados presentaron una consulta facultativa ante la Sala Constitucional alegando que durante la discusión del Proyecto Ley de Pacto Fiscal y Reforma Fiscal se habían incurrido en violaciones de procedimiento y en aspectos de forma.

Los legisladores hicieron diversos señalamientos. Uno de ellos estaba relacionado con una mala interpretación que se hizo del Reglamento Legislativo, que impidió la discusión y votación de 400 mociones.

Tras analizar la consulta, la Sala declaró inconstitucional el trámite 208 bis (vía rápida) alegando que algunos de los contenidos del plan fiscal requerían de aprobación con mayoría calificada.

Otro de los señalamientos que hizo el tribunal fue que las instituciones autónomas a las que se les otorgaban potestades de administración tributaria -y que debían modificar su régimen laboral, disciplinario y salarial- no habían sido consultadas.

Estos dos errores fueron suficientes para que la agenda fiscal que se presentó en el gobierno de Abel Pacheco no prosperara.

En el gobierno de Laura Chinchilla, la situación no fue muy diferente. En abril de 2012, 19 diputados enviaron a consulta el Proyecto Ley de Solidaridad Tributaria, que se había aprobado gracias al acuerdo entre la Presidenta de la República y Ottón Solís, líder del Partido Acción Ciudadana (PAC).

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Los legisladores señalaron vulnerabilidades y alegaron que el 208 bis restringía los derechos de los diputados para la presentación de mociones de revisión y orden.

Además denunciaron la actuación de Edgardo Araya, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente de la comisión, argumentando que había modificado el procedimiento para continuar con la votación de las mociones pendientes.

La Sala resolvió que para cambiar el 208 bis era necesario tener el consentimiento de los 57 diputados, es decir del Pleno. También señaló que durante el proceso se aprobaron un número considerable de mociones de fondo que cambiaban sustancialmente el proyecto, pero que no fueron debidamente publicadas. Una vez más, la reforma fiscal se estrelló.

Alex Sibaja, consultor en temas legislativos y exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó que un proyecto que se impulsa por la vía rápida no puede contener ninguna norma que requiera mayoría calificada, ya que eso es motivo suficiente para anular todo el proceso.

En el debate de si la vía rápida ayuda o entierra las reformas tributarias no hay consenso.

Para Luis Fishman, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y quien vio desvanecerse la propuesta de la administración Chinchilla Miranda, el 208 bis no es enemigo de este tipo de proyecto.

Sin embargo, para Sibaja el 208 bis no ha permitido aprobar reformas integrales. “Ha funcionado para otros proyectos, no es que no ha funcionado para proyectos complejos. Por ejemplo, por medio del 208 bis se tramitó la Ley General de Comunicaciones que en su momento tuvo polémica”, comentó.

De momento el Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas ya arrastra retrasos. Al cierre de esta edición aún no se había juramentado la comisión especial que tendrá a cargo la agenda fiscal durante tres semanas.

¿Qué garantiza que en esta ocasión el proyecto sí prospere? Mario Redondo de Alianza Demócrata Cristiana y uno de los legisladores que han encabezado las negociaciones para impulsar la propuesta, asegura que varios diputados y asesores revisaron paso a paso el proyecto, para cuidar cada uno de los aspectos.

“Está resguardado el principio democrático, el de publicidad, el derecho de enmienda, el tiempo razonable para que la Asamblea resuelva, que la oposición tenga espacio para hablar. Se están garantizando las condiciones para cumplir con el principio democrático y en ese sentido está blindado el proyecto”, agregó Redondo.

Ante la consulta de si existe alguna norma que requiera mayoría calificada, Redondo aseguró que no.

Miles de mociones a la vista

Una vez que se juramente a la comisión especial, los nueve diputados deberán analizar las mociones que presenten sus compañeros. Este es el trabajo que se realizará antes de llevar el proyecto a discusión al Plenario.

Ottón Solís, diputado oficialista, manifestó que solicitará diversos cambios -como elevar el Impuesto de Valor Agregado al 16%- con los que aspiraría a reducir el déficit en 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que se traduciría en unos ¢370.000 millones.

Pero estos no son los únicos cambios que podrían aparecer en el camino, ya que el libertario Otto Guevara presentará 3.000 mociones. Llevará 1.000 ante la comisión especial y 2.000 más ante el Plenario.

Esta fracción desea añadir un transitorio para que se congelen todas las anualidades del sector público durante los próximos cuatro años, para reducir los gastos. Además quieren un capítulo enfocado en la reactivación económica, donde proponen una jornada laboral de 12 horas cuatro días a la semana con tres días libres así como una reducción gradual en el impuesto de la renta para mipymes nuevas.

Otra de las mociones estará enfocada en excluir a ciertos oficios del pago del Impuesto de Valor Agregado (IVA), por ejemplo, servicios de peluquería, masajes y costurería. La bancada también propondrá la reducción de la tarifa del 13% a ciertos sectores que hacen preventas, como el turístico (por la venta de paquetes) o del sector de la construcción.

Con esta moción lo que pretenden es que a las empresas que hagan ventas con antelación, no se les aplique el IVA. Sobre este tema Guevara manifestó que para aplicarlo se debe definir un plazo.

El Frente Amplio, es otra de las fracciones que mostró una férrea oposición al trámite de vía rápida. EF consultó al diputado Gerardo Vargas sobre las mociones que podría presentar la fracción, pero solamente dijo que sí lo harán aunque no puede adelantar detalles.

Con este panorama es difícil que el Plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas sea aprobado en primer debate durante esta administración. De ser así, los próximos diputados tendrían la oportunidad de hacerle cambios al texto, porque de lo contrario, solamente tendrían que votar en segundo debate un proyecto que no discutieron.