Se trata del expediente N° 22.354, Ley del impuesto especial sobre los premios de lotería y otros juegos de azar que venda, distribuya o comercialice la Junta de Protección Social (JPS); y el expediente N° 22.353 de la Ley de transparencia sobre la participación de los servidores públicos en países no cooperantes.

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El primer proyecto gravaría con 25% los premios que superen medio salario base (¢225.000), de los juegos de azar de la JPS, entidad que tendrá a cargo la retención del tributo.

El término “salario base” utilizado en el proyecto corresponde al contenido en el artículo 2 de la Ley N° 7337; es decir, equivalente al salario base mensual del Oficinista 1 del Poder Judicial, que actualmente corresponde a ¢450.200.

EF consultó hace unos días a la JPS su posición respecto a la intención del Gobierno de gravar los premios de la lotería y la institución señaló que la motivación para adquirir los productos se verá afectada si se aplica algún tipo de impuesto.

“Se esperaría que muchos prefieran no jugar los productos de la JPS. Imponer impuestos a los premios de las loterías de la JPS automáticamente otorga una ventaja competitiva a los juegos de azar legales”, señaló la JPS. La institución agregó que podrían verse afectados diversos programas sociales y que la Gerencia General ordenó un estudio de impacto.

El segundo proyecto, según el Ejecutivo, busca evitar que las personas que ocupan altos cargos en la función pública tengan cuentas en países no cooperantes (paraísos fiscales). En la lista de países no cooperantes se encuentran Bosnia y Herzegovina, Corea del Norte, Cuba, Irak, Islas Norkfolk, Kirguistán, North Macedonia, Maldivas, Montenegro, Omán, Palestina, Timor-Leste, Uzbekistán y Wallis y Futuna.

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Más iniciativas

Otro de los proyectos convocados es el expediente N° 21.546 de la Ley general de contratación pública, que reformaría de manera integral la ley vigente con miras a transparentar y dar eficiencia a los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios del Estado. Junto a los tres proyectos anteriores se convocaron cinco iniciativas más:

1. Ley de acciones afirmativas a favor de las personas afrodescendientes (21.499).

2. Ley de creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital (21.180).

3. Modificación a los artículos N°2, incisos 26 y 27, el artículo y el artículo N°43 en los puntos a), b) y c) de la ley N° 8.436, Ley de Pesca y Acuicultura del 1 de marzo del 2005 (22.092).

4. Autorización al Estado para que segregue y done un terreno de su propiedad a la Universidad de Costa Rica, para la construcción y ampliación de la sede regional de Golfito (21.411).

5. Autorización a la Municipalidad de Cañas para que done un terreno de su propiedad al Ministerio de Educación Pública y cambie la naturaleza del bien inmueble (21.371).

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Según informó Casa Pesidencial, en el caso de los proyectos resultado del Diálogo Multisectorial, el pasado domingo 6 de diciembre se envió para conocimiento de los representantes de los sectores el texto de las dos iniciativas. Por esto, de haber observaciones, serán valoradas por el Ministerio de la Presidencia para sumarlas al proceso legislativo.