Finanzas

Emisión de deuda busca un atajo para llegar a inversionistas foráneos y aliviar problemas de Hacienda

Poder Ejecutivo pretende atraer a extranjeros para que compren bonos de deuda interna

Ante la complicada situación que aqueja a las finanzas públicas el Gobierno pretende revivir un plan para que inversionistas extranjeros compren bonos de deuda local. La iniciativa resurgió en la mesa de diálogo nacional y le permitiría al Poder Ejecutivo tener un atajo hacia recursos foráneos sin la aprobación del Congreso, pues estos no serían catalogados como deuda externa.

La propuesta no solo se deriva por la sed de recursos que tiene el país, sino porque la aprobación de los créditos con multilaterales o una emisión de bonos internacionales enfrenta un camino empinado en la Asamblea Legislativa.

El plan permitiría diversificar la base de inversionistas y quitaría presiones sobre el mercado interno. Sin embargo, su aplicación no será de la noche a la mañana y se pretende ajustar la legislación actual para brindar certeza jurídica a los actores extraterritoriales.

Esta iniciativa permitiría aportar un financiamiento equivalente al 2% del Producto Interno Bruto (PIB), según las proyecciones del Gobierno. El dato consta en una nota publicada en el diario La Nación el pasado 11 de noviembre que reportó sobre los resultados de la mesa de diálogo multisectorial.

Pese a las bondades que representa este tipo de colocación, Costa Rica estaría más expuesta al movimiento de capitales de llegar a concretarse la propuesta.

Grandes desafíos se asoman para las finanzas públicas durante el 2021, ya que durante ese año vencerá el 8,4% del total de la deuda, comentó Isaac Castro, viceministro de Egresos en entrevista con EF.

Plan de larga data para resolver mal crónico

Atraer inversionistas extranjeros para que adquieran bonos de deuda interna no es algo nuevo, pues organismos internacionales —como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI)— han realizado propuestas sobre cómo se debe gestionar la deuda pública y desarrollar el mercado, indicó Juan Carlos Pacheco, exviceministro de Hacienda y exdirector de Crédito Público.

En el pasado se puso en marcha el plan para intentar conseguir recursos para las maltrechas finanzas públicas, específicamente en la administración Chinchilla Miranda. “Esto se trató de hacer en el pasado con un banco internacional que comprara los bonos locales y emitiera títulos internacionales propios garantizados por los títulos de deuda interna”, afirmó Fernando Herrero, exministro de Hacienda.

En noviembre de 2017 el Ministerio de Hacienda intentó captar recursos mediante los denominados contratos de colocación, un instrumento que consiste en la venta en firme de bonos de deuda interna, con la intermediación de puestos de bolsa y bancos locales para compradores extranjeros.

La operación no era clasificada como deuda externa y le daba la posibilidad a la Tesorería Nacional para atraer inversionistas internacionales.

Durante el 2017 la medida fue infructuosa pero en noviembre de 2018 el Ministerio de Hacienda logró adjudicar $600 millones en contratos de colocación de deuda interna. En ese momento, esta era la vía más rápida para que el Gobierno pudiera atender sus obligaciones, según consta en una nota de EF.

Recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sugirió buscar inversionistas extranjeros que estén dispuestos a invertir en moneda local, según dio a conocer el Poder Ejecutivo durante la sétima sesión del diálogo multisectorial.

Cambios regulatorios y operativos

Tras la recomendación de la OCDE y debido a los desafíos que enfrenta el Ministerio de Hacienda para captar recursos, el Poder Ejecutivo aspira a modificar la legislación vigente para convocar inversionistas extraterritoriales.

Para lograrlo deberá hacer transformaciones a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (N° 8.131), la Ley Reguladora del Mercado de Valores (N° 7.201), así como sus reglamentos. Además se podría cambiar alguna otra legislación conexa, explicó el viceministro de Egresos.

La legislación tributaria también podría ser objeto de estudio; en cuanto al tratamiento de los inversionistas lo que se busca es homologarlo con el que tiene un titular residente en Costa Rica. Un fondo de pensión o una persona física pagarían un 15% de renta sobre los rendimientos brutos que perciba el título.

También podrían valorarse los acuerdos de doble imposición para evitar que los inversores paguen impuestos nuevamente, en caso de que se lleven los recursos de Costa Rica. En la actualidad Costa Rica solo cuenta con tres acuerdos para evitar la doble imposición y son con México, España y Alemania.

“El objetivo es sumar más intermediarios, porque en el momento en el que sumás más intermediarios podés acceder a las bases de clientes de esos intermediarios. Si ellos acceden a una subasta en un mecanismo competitivo de colocación, puede ser que en la subasta no tengamos 25 ofertas sino 100, 150 ofertas y se hace más competitivo”, agregó Castro.

De esta forma Costa Rica podría atraer a un banco de inversión, por citar un ejemplo.

Más allá de los cambios regulatorios también se deberán aplicar transformaciones operativas en el sistema para que los transfronterizos puedan operar. Para eso se deberá darles acceso a: los sistemas de anotación en cuenta, de compensación y liquidación de valores, y a los mecanismos de colocación.

En caso de que el Ejecutivo logre modificar las leyes los inversionistas tendrán que cumplir varios parámetros.

Primero cumplir la normativa de regulación financiera porque serían inversores en un mercado de jurisdicción nacional; no pueden ser actores anónimos; deben estar en línea con las normas de legitimación de capitales y lavado de dinero; y estar a tono con la regulación de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) sobre regulación de información, entre otros aspectos.

La aspiración es que los inversionistas puedan adquirir títulos de propiedad (TP) en colones y dólares, los bonos cero cupón y los títulos ligados a la inflación, los cuales son conocidos como tudes. También podrían adquirir una variante de títulos pero eso está en valoración, según Castro.

Ahora bien, una de las dudas es qué pasa si hay un diferendo entre las partes. Para el viceministro de Hacienda como se trata de un título de deuda interna si hay una disputa, el conflicto se debe resolver en un juzgado nacional.

Ese precisamente es uno de los aspectos que podría encarecer este tiempo de emisiones, pues se debería de pagar un premio por medio de la tasa de interés a esos inversionistas por el riesgo de contingencias legales.

Para el gerente general de BN Valores, Melvin Garita, el proceso operativo para los inversionistas extranjeros hagan una operación local es relativamente sencillo. No obstante, el aspecto de de aplicar la legislación costarricense puiede representar un aspecto que “genera un ruido adicional” a quienes estén interesados.

Es precisamente ese factor el que hace que se deba ofrecer una prima de colocación mayor, agregó Garita.

Pros y contras

Dar un marco legal más amplio al mecanismo permite una serie de beneficios.

Uno de ellos es que vendría a solucionar el problema de estrujamiento (presión sobre las tasas de interés locales) que existe en el mercado doméstico y que se podría empeorar si no se toman acciones, dijo el exviceministro y exdirector de Crédito Público.

En Costa Rica ya existe un estrujamiento por la situación fiscal y por eso el Gobierno busca acudir al mercado internacional, según Pacheco. A octubre de este año el déficit primario y financiero era del 2,95% y del 7,17% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para finales del 2020 se proyecta un déficit del 9,2% ante la nueva proyección del Banco Central de Costa Rica (BCCR) de que la producción nacional se contraerá 4,5% y no 5%. Esto hizo disminuir el déficit en la tímida suma de 0,1 punto porcentual.

“Vendría a solucionar el estrujamiento del mercado porque tendríamos flujos de capitales internacionales que entrarían a nuestro mercado y permitirían una mejor forma de financiar al Gobierno porque tendría base de inversionistas más diversificados. Generaría un impulso al desarrollo del mercado doméstico”, agregó.

Lo recomendable sería que los inversionistas adquieran los títulos en colones y no en dólares, porque en la actualidad mucha deuda está en divisa extranjera y esto podría aumentar más si se aprueban los créditos multilaterales del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) o el préstamo por $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Uno de los riesgos que trae este tipo de inversión son los movimientos de capital, estos son naturales en los mercados internacionales. Las salidas, especialmente las abruptas, pueden impactar el tipo de cambio.

Esto sucedió en México durante la crisis sanitaria del nuevo coronavirus donde el peso mexicano se devaluó 10%, pues durante épocas de crisis los inversionistas retiran el dinero de los mercados emergentes para refugiarse en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, indicó Pacheco.

Ahora bien ¿será factible atraer inversionistas extranjeros? En este caso se deberían de otorgar facilidades para el ingreso y el retiro de los capitales, ya que de lo contrario sería complicado atraer inversionistas en la situación fiscal actual.

En momentos de tanta presión es necesario recordar el tercer cuatrimestre del 2018 que fue muy empinado para el Ministerio de Hacienda. Incluso se cuestionó si el Gobierno tenía dinero para pagar aguinaldos.

Ante las dificultades para colocar bonos destinados a financiar el gasto corriente, Hacienda vendió ¢498.000 millones (colones corrientes) en ‘letras del tesoro’ al Banco Central de Costa Rica (BCCR) para obtener recursos para el pago de salarios, pensiones, programas sociales y otros rubros del gasto corriente.

En ese momento, el entonces viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, indicaba que por el riesgo que percibían los inversionistas, estos se mostraban reacios a prestar dinero o cobraban tasas de interés muy altas. En ese entonces el jerarca afirmaba que, por ejemplo, estos podían cobrar tasas del 12% o 13%, cuando la inflación era del 2%, según consta en una nota del diario La Nación.

Laura Ávila

Es periodista de Economía y Política de El Financiero