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Montevideo. Venezuela está a un paso de un default de su deuda externa estimada en $150.000 millones cuando con menguadas reservas y una pavorosa crisis económica debe afrontar millonarios vencimientos este fin de semana.
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A continuación, qué es y qué consecuencias tiene un default.
Un país es considerado en cesación de pagos o default cuando no cumple total o parcialmente con sus acreedores. Esos acreedores pueden ser locales como extranjeros e incluso organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el caso de Venezuela lo que está en juego son créditos de inversores privados.
Caracas debe pagar este viernes unos $81 millones de un bono de su petrolera estatal PDVSA. En lo que queda del año tiene otros vencimientos por un total de unos $1.470 millones. El año próximo deberá pagar unos $8.000 millones.
Actualmente las reservas de Venezuela son de $9.700 millones.
Los default no son inusuales: desde 1999, hubo 26 en todo el mundo según la calificadora S&P Global Ratings y algunos países enfrentaron esa situación más de una vez.
¿Cómo se declara un impago?
Hay diversas formas de declarar o constatar un default.
El gobierno puede anunciar que no honrará sus pagos y automáticamente incurre en cesación de pagos.
El default puede ser también declarado por una agencia calificadora, como Moody’s, Fitch o S&P, que comunica públicamente que el país concernido no pagó y, en consecuencia, lo considera en cesación de pagos.
Una tercera posibilidad es que un acreedor privado anuncie que Venezuela no le pagó.
Y otra opción es que lo anuncie un organismo como el ISDA, una entidad basada en Estados Unidos, que en los hechos es como un vigía de las deudas soberanas.
Para un país en default, la primera consecuencia es que se convierte en un paria de los mercados financieros internacionales. No consigue créditos y si lo logra es a tasas astronómicas.
En el caso de Caracas, Washington, además, ya prohibió en agosto transar nuevos bonos de deuda de Venezuela y de PDVSA.
Los acreedores, a su vez, pueden eventualmente embargar activos en el exterior. Para Venezuela, lo más importante es la compañía Citgo, basada en Estados Unidos, que refina y comercializa gasolina en ese país.
Entre los principales acreedores de Venezuela están China y Rusia pero también inversores, la mayoría de Estados Unidos, seducidos por los elevados rendimientos prometidos por Caracas dado lo mal considerada que está su deuda.
En el plano judicial, un país en default queda expuesto a eventuales represalias de países en los que residen los acreedores.
Además, el país en cuestión como etiquetado como “mal pagador” lo cual complica y encarece la obtención de fondos frescos.
El FMI podría eventualmente promover un rescate pero esa posibilidad no está siendo considerada por Caracas en el presente. Venezuela aún integra el FMI, pero cortó sus relaciones con el organismo hace 10 años.
Cuando un país cae en default puede refinanciar o reestructurar su deuda para modificar las condiciones del crédito que no puede afrontar.
Normalmente la refinanciación implica un acuerdo entre las partes para, entre otras cosas, modificar plazos, establecer períodos de gracia, etc. En una reestructuración, el deudor, en cambio, impone obligatoriamente las nuevas condiciones al acreedor.
Venezuela convocó para el lunes en Caracas a sus acreedores extranjeros para iniciar negociaciones. Las sanciones de Washington impiden a inversores estadounidenses participar en esa reunión.
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Caracas ya pactó un acuerdo con Rusia por $3.000 millones, pero eso es una pequeña parte del total de la deuda externa que se estima en más de $150.000 millones.
