España pone fin a sus “visas doradas” para frenar la especulación inmobiliaria

El gobierno va a "eliminar la concesión de la llamada 'Golden visa' que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de medio millón de euros en bienes inmuebles", dijo el líder socialista en un desplazamiento cerca de Sevilla, en el sur.

Esta supresión, que será aprobada el martes en la reunión semanal del Gobierno, permitirá luchar contra “la inversión especulativa en vivienda” que perjudica a “muchos jóvenes y familias” que quieren acceder a una vivienda, prosiguió.

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Las visas de oro permiten a los ciudadanos no europeos obtener un permiso de residencia y trabajo de tres años, siempre que inviertan al menos 500.000 euros ($540.000 dólares) en una empresa o propiedad española.

Fueron introducidas en 2013 por el gobierno conservador de Mariano Rajoy, que quería impulsar la inversión en el país en medio del bache económico provocado por la crisis financiera e inmobiliaria.

“Hoy, 94 de cada cien visados de este tipo están vinculados a la inversión inmobiliaria y se concentran lógicamente en ciudades tan importantes como Barcelona, como Madrid, como Málaga, como Alicante, las Islas Baleares y también la ciudad de Valencia”, argumentó Sánchez.

"Es decir", continuó, las ciudades que afrontan "un mercado de la vivienda altamente tensionado y donde es casi imposible encontrar una vivienda digna para quienes ya viven y trabajan en ellos y pagan sus impuestos".

Varios países del sur de Europa, que utilizaron regímenes similares para atraer inversiones durante la crisis financiera, decidieron en los últimos meses endurecer o eliminar este régimen excepcional tan cuestionado.

A principios de 2023, Portugal dejó de expedirlas, en un contexto de subida vertiginosa de los precios de las viviendas. A finales de marzo, Grecia endureció las normas que rigen la concesión de estos permisos de residencia excepcionales.

Estos visados “son una vergüenza europea. No puede ser que a alguien, por el hecho de ser multimillonario, se le otorgue un permiso de residencia”, afirmó este lunes Ernest Urtasun, portavoz del partido de extrema izquierda Sumar, socios de los socialistas en el gobierno, y ministro de Cultura.

En 2019, Bruselas expresó su preocupación por estas prácticas, que benefician sobre todo a chinos y rusos adinerados, afirmando que presentaban riesgos para la UE, “en particular en materia de seguridad, blanqueo de capitales y fraude fiscal”.