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París, Francia. Según datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), el cambio climático podría costarle a América Latina entre el 1,5% y el 5% de su PIB anual.
Mientras en París se negocia todavía un acuerdo legalmente vinculante para mantener el aumento en la temperatura del planeta por debajo de los dos grados Celsius, un tema importante para la región es precisamente qué implica y con qué financiamiento cumplir con los planes de acción climática, también llamados contribuciones nacionales (INDC, por sus siglas en inglés), que se han presentado en París.
De acuerdo con Claudio Alatorre, especialista en Cambio Climático del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para cumplir con sus INDC, los países de la región deben hacer cambios en sectores y aquellos que deben transformar completamente son la forma de planificar y diseñar ciudades y generar energía.
Para Alatorre, si bien esto representa una inversión inicial mayor, se recupera con beneficios tales como eficiencia y calidad de vida, producto de una disminución de emisiones en sectores como transporte y energías renovables. Un ejemplo, según Alatorre, es el sistema de transporte público de París, cuyo diseño permite abarcar toda la ciudad de forma eficiente y coordinada.
Sin embargo, las INDC de América Latina no contienen información sobre el costo de implementación de lo que se propone hacer para atender el cambio climático y cuánto de eso podría ser cubierto por el país y cuánto por fondos externos, señala Sandra Guzmán, del Grupo de Financiamiento Climático para América Latina (GFLAC).
Este grupo representa a organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas que trabajan, entre otros, en la transparencia presupuestaria de los recursos nacionales destinados al manejo del cambio climático en la región.
De acuerdo con Guzmán, solo dos países de la región, Perú y Chile, hablan de estrategias de financiamiento climático en sus INDC y dos, Colombia y Perú, de sistemas de medición, verificación y reporte del financiamiento.
Haití, por su parte, es de los pocos que tiene claro cuánto le costaría el impacto del cambio climático, pese a que contar con ese tipo de cifras es vital para orientar el financiamiento climático en los países.
Según Guzmán, se esperaría que los países trabajen en esa hoja de ruta del 2016 al 2020, cuando entraría en vigor el nuevo acuerdo que se está negociando. De lo contrario, las INDC resultarían en documentos con poco valor de implementación.
En el caso de Costa Rica, según Edgar Gutiérrez, ministro de Ambiente y Energía, se está trabajando en la estimación del costo de implementar el Plan Nacional de Energía, sector que representa un elemento importante de la INDC que presentó el país. También se trabaja en un Registro Nacional de Emisiones, que estaría listo en el 2017, ya que se reconoce la necesidad de mejorar las estadísticas.
Sin rastro en los presupuestos
Más allá de estas cifras, están los presupuestos nacionales.
"Los países de la región necesitan aprender cómo preparar presupuestos públicos para hacerle frente al cambio climático", señala Guzmán, ya que son pocos los que han incorporado recursos en su presupuesto como cambio climático y ninguno cuenta con un sistema para registrar el financiamiento climático.
Pese a no ser prioritaria, la región también ha recibido financiamiento internacional para temas de cambio climático por el orden de los $2.500 millones desde el 2003, ocho veces más dinero para reducción de emisiones que para adaptación, y de cuya cifra, Brasil y México concentran el 60%, según un análisis de la Fundación Heinrich Böll.
Costa Rica representa el país número 10 en captación de recursos internacionales en la región.
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Sin embargo, depender de estos recursos no ayuda a la sostenibilidad a largo plazo, frente a lo cual se abre la opción también de inversión y financiamiento por parte del sector privado.
Alatorre opina que existen suficientes recursos privados en la región ( trillones de dólares) para apalancar fondos públicos escasos. Pero también se necesitan otras condiciones regulatorias y de mercado. Por ejemplo, para generadores privados de electricidad, se requieren contratos a largo plazo y precios fijos para estimular la inversión en energías renovables. No menos importante es eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y, más bien, colocar impuestos a este rubro, opina Alatorre.
Rachel Kyte, vicepresidenta y enviada especial para el Cambio Climático del Grupo Banco Mundial, señala por su parte que es crucial poner un impuesto al carbono y tomar en cuenta el cambio climático como un tema transversal en el desarrollo. Según ella, en América Latina también son necesarios "mejores gobiernos, menos corrupción y una dirección más definida hacia un crecimiento verde".
Costa Rica es un caso único en el que todo usuario de transporte privado paga un porcentaje del impuesto a los combustibles, el cual les reconoce el servicio ambiental de fijación y retención de carbono a propietarios de bosques en el marco del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA). Esto ha permitido, según datos del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), la canalización de $400 millones para estos fines.
La INDC de Costa Rica prevé, además, un abastecimiento del 100% de la electricidad con fuentes renovables para el 2030, mientras que el mayor esfuerzo lo debe realizar en el sector transporte, que es el mayor emisor de gases de efecto invernadero.
Para reducir emisiones en este sector, la INDC contempla un sistema integrado de transporte público y un proyecto de tren eléctrico interurbano.
