Un paso en falso ha sido la decisión de retirarse de la sesión de la ONU.
El Salvador desde el cambio de gobierno en Brasil expresó su no reconocimiento al nuevo gobierno, Costa Rica no lo hizo. China y Rusia reconocen a Temer y lo recibieron en el G 20.
Costa Rica no presentó observaciones sobre el proceso de destitución de la señora Rousseff, aunque ahora las hace sobre hechos posteriores (entrevista al presidente Solís en CNN).
Estas manifestaciones rozan fuertemente con el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados y es evidente que la inestabilidad política brasileña no configura violaciones de derechos humanos que permitan invocar el principio de protección y el derecho de injerencia.
Intervenir en los asuntos internos de otro estado legitima la potencial intromisión en nuestra vida interna y extiende esa lógica a la región multiplicando escenarios de tensión.
Planeada o no, la solidaridad con los países del ALBA no es buena compañía para nuestro país.
Nicaragua y Venezuela carecen de credenciales para acompañarnos en críticas sobre el carácter democrático de un régimen, como dice el dicho popular: “El diablo repartiendo escapularios”. No nos convienen estas juntas, Costa Rica no requiere de esos socios.
La repercusión interna de la decisión y las contradicciones intragubernamentales han provocado un revuelo doméstico que obstaculiza el avance de la reforma fiscal y del presupuesto.
El Gobierno se ha disparado en los pies.
¿Se pensó en esto cuando se incursionó sorpresivamente en el complejo marco de la política regional?
La decisión parece impulsiva y no vinculada a una lectura serena de la situación regional, revela ausencia de una definición estratégica de nuestra política exterior.
Nos hemos comprado un enemigo importante a cambio de la solidaridad de regímenes debilitados por su autoritarismo.
Nada de esto va con el interés de Costa Rica.