La jarana, tarde o temprano, sale a la cara. Desde el 2009 el Gobierno Central acumuló déficits de alta cuantía que se reflejaron en una creciente deuda. El Gobierno de Laura Chinchilla no pudo materializar sus esfuerzos de pasar una reforma fiscal; en tanto que el de Luis Guillermo Solís, en complicidad con Fallas, su ministro de Hacienda, evadió en forma irresponsable la tarea de corregir el rumbo deficitario de las finanzas públicas.

Estos desarreglos hicieron que en el segundo semestre de 2018 el país estuviera al borde del precipicio por el alto riesgo de no poder pagar el servicio de la deuda pública. Dos acciones nos salvaron: la pericia financiera de la Ministra Aguilar y la capacidad de las fracciones legislativas para llegar a acuerdos y aprobar en tiempo récord la ley de reforma fiscal.

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La corrección del rumbo de las finanzas públicas que se empezó a materializar en 2019, empieza a mostrar resultados y esperamos que en los años siguientes de frutos positivos más permanentes.

Sin embargo, el ajuste fiscal ha tenido un costo importante reflejado en la pérdida de crecimiento económico, estancamiento de los ingresos de los hogares y aumento del desempleo. Este costo ha venido de dos fuentes: primero, la situación riesgosa de las finanzas públicas de 2018 hizo que los empresarios y los hogares pospusieran sus decisiones de inversión y, segundo, la entrada en vigencia en 2019 de la reforma fiscal –aumento de tributos y contención del gasto— tuvo un efecto recesivo.

Adicionalmente, en 2019 tres factores contribuyeron a desacelerar la economía, especialmente en el primer semestre: el menor crecimiento de la economía mundial, las condiciones del clima que afectaron negativamente la producción agropecuaria y la crisis política en Nicaragua que redujo la exportación de bienes industriales.

Acción urgente

¿Qué esperamos del 2020?

En primer lugar, que continúe el proceso de consolidación de la estabilidad económica en general, y en particular, que las finanzas públicas tomen la ruta de reducir su déficit. Varios elementos nos hacen pensar así. El Presupuesto Nacional aprobado para ejecutarse en 2020 cumple con la regla fiscal.

La Sala Constitucional, la Contraloría y la Procuraduría han reforzado el cumplimiento de la disciplina fiscal de acuerdo con lo establecido en la reforma fiscal aprobada el año pasado. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos dos noticias importantes para llevar a las universidades a la senda de la disciplina fiscal. La Contraloría rechazó los presupuestos de las universidades públicas para 2020 por su rebeldía en el cumplimiento de la ley en materia fiscal. También la Sala Constitucional estableció que es posible la existencia de un tope al gasto corriente de las universidades.

En segundo lugar, esperamos que el proceso de reactivación del crecimiento de la economía observado a finales de este año se consolide en 2020. Pensamos que este proceso de recuperación estaría apuntalado por dos elementos. Un elemento externo de cierto repunte en el crecimiento de la economía mundial, tal como lo señaló el FMI en su reporte de octubre de este año y otro elemento interno, relacionado con menores riesgos de la situación fiscal y una cierta estabilidad o reducción en las tasas de interés.

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Estamos viendo que el proceso de reactivación de la economía en 2020 sería relativamente lento (crecimiento del PIB entre el 2 y el 3%), de tal forma que no tendría la tracción suficiente para hacer un cambio sustancial en las condiciones de empleo, ingreso y pobreza de los hogares.

Para lograr una reactivación que se sienta sustancialmente en los bolsillos de los hogares se necesitaría de políticas públicas comprometidas con el crecimiento económico. Hay dos áreas donde se requiere de acción urgente. Una, un programa de inversión pública que reactive la economía en el corto plazo y que contribuya en el largo plazo al bienestar de los ciudadanos y a la competitividad de las empresas.

La otra área necesaria para la reactivación es liberar a la inversión pública y privada de la tramitomanía improductiva. No se trata de eliminar la buena regulación que protege al ambiente y a la salud de las personas. Existen múltiples trámites que deben eliminarse o simplificarse porque impiden o atrasan la ejecución de proyectos públicos o privados sin contribuir al cuido del ambiente o de la salud de las personas. El Gobierno, en particular el Ministerio de Economía, está en deuda con el país en esta materia.

En conclusión, vemos que el vaso de la economía para 2020 estará medio lleno en función de las políticas macroeconómicas seguidas en 2018 y 2019, pero que podría estar sustancialmente lleno si se trabaja con mayor esfuerzo en promover la inversión pública y la inversión privada.