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La Caja Costarricense de Seguro Social en diciembre del año pasado aceptó oficialmente que, en un plazo relativamente corto, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) puede entrar en una situación riesgosa para el pago de las pensiones, si no se realiza una importante reforma. En los últimos 10 años diversos estudios habían señalado el problema, pero las autoridades políticas y técnicas de la CCSS se empeñaron en negar la existencia del problema, hasta que finalmente el año pasado aceptaron lo que dice el informe realizado por los actuarios de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica.
Los problemas del IVM se originan en dos elementos. En primer lugar, el sistema de reparto está diseñado para que los trabajadores financien el costo de las pensiones de los trabajadores retirados. En el pasado esto fue una tarea fácil, porque existía una amplia población joven para sostener a un pequeño grupo de pensionados. Esta realidad demográfica se ha revertido y lo hará con mayor fuerza en los próximos años.
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En segundo lugar, el IVM tiene un problema de gobernanza. El fenómeno demográfico señalado en el párrafo anterior no es atribuible a las decisiones de la CCSS. Sin embargo, hay errores atribuibles claramente a las autoridades políticas y técnicas de la CCSS, porque han tomado decisiones incorrectas o han fallado en reaccionar en forma eficaz y oportuna para mantener la sostenibilidad del IVM ante las modificaciones del entornó económico y demográfico del país.
Algunas decisiones de la CCSS han empeorado la salud financiera del IVM. Por ejemplo, en la edición de esta semana presentamos un reportaje de cómo en noviembre de 2006 la Junta Directiva de la CCSS tomó la decisión de permitir el retiro anticipado en ciertos segmentos, sin que esto redujera al monto de la pensión. No hay que ser experto o actuario para saber que tal decisión implicaría un incentivo para que los trabajadores de este grupo se retiraran a menores edades con el consecuente impacto financiero negativo en el IVM. Más de diez año tardó la CCSS para revertir esta decisión.
La CCSS no ha sido oportuna en reformar el IVM ante los cambios demográficos y económicos del país. Más bien, por más de 10 años la CCSS impugnó los estudios que diagnosticaron los problemas del IVM y retrasó su reforma, lo cual agravó el problema financiero del IVM.
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Quedan varias preguntas importantes por responder por parte de la CCSS: ¿Cuál es el origen de los problemas mencionados anteriormente? ¿Incapacidad técnica para realizar el diagnóstico? ¿Temor a enfrentar los costos políticos de las reformas? Estas preguntas no las planteamos por morbosidad, las hacemos para tener un correcto diagnóstico de la situación del IVM.
Ante este panorama es urgente iniciar un proceso de reforma del IVM. Esta reforma debería tener dos líneas. Primero, reformar la gobernanza del IVM para no repetir la historia de desaciertos de los últimos años. Se debe buscar un arreglo institucional para blindar el IVM de los políticos oportunistas y de la incapacidad de los técnicos.
Segundo, es necesario repensar el diseño del IVM con el propósito de mantenerlo como un esquema solidario y solvente financieramente en las próximas décadas. Será necesario cambiar los parámetros básicos del sistema en cuanto a nivel de contribuciones, edad de retiro y monto de las pensiones.
En conclusión, el país tiene por delante una tarea de preservar un esquema para proteger a nuestros actuales y futuros adultos mayores. No hacerlo tendrá consecuencias sobre varias generaciones. Cuanto más lenta sea la reforma, mayor costo tendrán que asumir las próximas generaciones.
