La ampliación de la oferta de servicios inalámbricos, como 4G LTE, tomará más tiempo de lo planeado.
La administración Chinchilla no abrirá el proceso para lanzar una licitación del espectro radioeléctrico, que permitiría a una cuarta compañía telefónica ingresar al mercado nacional.
El nuevo concurso también representaba una oportunidad para Claro y Movistar de contar con carriles más amplios en la carretera donde transitan las llamadas de voz, los mensajes de texto (SMS) y el contenido.
La razón: un informe técnico de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) “poco concluyente”, con datos estadísticos confidenciales (no visibles) y con casi un año de retraso.
Este es el argumento del Poder Ejecutivo para frenar el proceso de la segunda licitación de espectro radioeléctrico que se realizaría en Costa Rica, la cual estaba programada para el segundo semestre del año.
Y ahora dependerá de la importancia que tome el tema en la agenda del gobierno de Luis Guillermo Solís.
“(El informe) era poco concluyente. No era lo suficientemente sólido para que el Poder Ejecutivo consolidara, con robustez y solidez técnica, una decisión de cuál sería la forma de proceder”, explicó Rowland Espinoza, viceministro de Telecomunicaciones.
El estudio fue solicitado por el ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Alejandro Cruz, en mayo del 2013.
El objetivo era actualizar la viabilidad en el mercado del “combo” de frecuencias que no se colocó en la primera licitación de espectro que se realizó en 2011. Esa subasta rompió el monopolio de la telefonía móvil, con el ingreso de Claro y Movistar.
Las frecuencias no colocadas se tratan de 40 MHz de la banda de 1.800 MHz, y 30 MHz de las bandas de 1.900 MHz y 2.100 MHz.
El país posee 1.015 MHz asignados para el desarrollo de servicios para sistemas móviles (IMT). De ese total, un 74% (750 MHz) está habilitado para brindar este tipo de tecnologías, pero solo un 25% (125 MHz) de este segmento es usado hoy para operar redes de telecomunicaciones móviles.
Más claridad
El funcionario explicó que el documento del regulador no es claro sobre la conveniencia de la entrada de un cuarto operador con el nivel de desarrollo actual del mercado de telecomunicaciones.
Tampoco permite identificar si el mejor camino es repartir el “combo” de frecuencias que no se colocó en el 2011 entre las operadores actuales con un concurso.
“Más bien nos despertó algunas dudas (el documento), por lo cual hicimos a la Sutel varias consultas adicionales. Es una cosa que nos hubiera gustado dejar lista, pero queda pendiente”, dijo Espinoza.
Por su parte, Maryleana Méndez, presidenta del Consejo de la Sutel, comentó que no han recibido aún la petición del Micitt para aclarar el informe. “Estamos en la mayor disposición de apoyar al Micitt en lo que necesite”, dijo Méndez, quien agregó que esperan la instrucción del Ejecutivo.
La Sutel es el encargado de realizar los informes técnicos que sustentan la decisión del Poder Ejecutivo sobre el tema de telecomunicaciones. En este caso, el espectro radioeléctrico es un recurso natural propiedad del Estado.
Precisamente, uno de estos informes técnicos del ente regulador recomendaba, a inicios del 2013, liberar 640 MHz de espectro radioeléctrico mediante nueve concursos entre el 2014 y el 2019.
El objetivo: estimular el desarrollo de servicios para sistemas móviles como redes 4G LTE.
Espinoza comentó que otro factor que limitó tomar una decisión es que la Sutel declaró confidencial partes importantes del informe técnico. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo no tiene acceso a los datos estadísticos que sustentan el documento.
Méndez justificó la medida de confidencialidad porque se trataba de información relacionada con el precio base del espectro radioeléctrico. “Es sensible para el mercado”, dijo.
El tiempo fue el tercer limitante para el Poder Ejecutivo. El ministro de Ciencia y Tecnología, Alejandro Cruz, solicitó el estudio a la Sutel en mayo del 2013, pero fue entregado en abril.
Méndez alega que se trató de un proceso que tomó ocho meses y cuatro fases, que incluyeron modificaciones presupuestarias y una contratación administrativa de una licitación abreviada internacional.
El informe que la Sutel entregó al Viceministerio de Telecomunicaciones se basa en una consultoría realizada por Telecomunication Management Group TMG por $146.000.
Temas por afinar
Allan Ruiz, director del espectro del Viceministerio del Telecomunicaciones, dijo que el documento también recomienda ampliar la cantidad de espectro que se sacaría a concurso. Lo anterior para hacer más atractiva la oferta a los participantes del concurso.
Se trata de 40 MHz de la banda de 900 MHz. Hoy día, 139 empresas de radio usan este espacio para sus radioenlaces; es decir, la comunicación que se establece desde los estudios de grabación hasta el volcán Irazú.
Y es que la liberación de la banda de 900 MHz depende de una reforma parcial al Plan Nacional de Frecuencias (PNAF). La consulta pública de esta modificación cerró el miércoles 23 de abril.
“Estamos de acuerdo, pero no podemos sacar una licitación (en 900 MHz) porque ni siquiera el PNAF está listo para hacerlo”, manifestó Ruiz.
Este paso también requerirá de una revisión de la ley y la identificación del mejor modelo para limpiar esta banda y evitar la judicialización de los procesos por parte de las empresas de radio.
Por ejemplo, Colombia estableció obligaciones a los ganadores de los concursos de la banda de 900 MHz como compras de equipos para facilitar la migración de las compañías a otros segmentos del espectro.
Elías Soley, vocero de la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (Amcham), considera que la Sutel y el Micitt tienen la obligación de fortalecer la competencia del mercado de telecomunicaciones por ley.
Para Soley, el Estado está en deuda con los operadores (Claro y Movistar) porque hay espectro disponible y no se han generado las condiciones para distribuirlo.
“Esto afecta al usuario porque la tecnología de punta de la industria demanda mucho mayor ancho de banda. Así debe ver el Estado el tema. Atrasar (el acceso a espectro) podría provocar un escenario de negligencia”, concluyó el abogado, cuyo bufete representa a Claro.
